Fiel a sus principios socialistas y a la necesidad de expandir el papel del Estado en la sociedad para que sus ciudadanos dependan cada vez más del gobierno, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso un nuevo gasto público estimado en 371.000 millones de reales durante cuatro años (alrededor de 76.000 millones de dólares) para supuestamente financiar un programa de obras públicas.
Lula da Silva pretende destinar el dinero a sectores como energía, transporte, agua y alcantarillado, atención médica, educación y acceso a Internet, de acuerdo con información publicada por Financial Times. El proyecto se llama Programa de Aceleración del Crecimiento y se inspira en el paquete de estímulo masivo del presidente estadounidense Joe Biden “que promueve la energía renovable y la reindustrialización”.
Pero tal ahínco en aumentar el tamaño del Estado no genera más que preocupaciones. No solo porque un mayor gasto público termina siendo financiado por los ciudadanos, sino porque además eleva la corrupción. El caso venezolano bajo la dictadura chavista es el fiel reflejo de eso.
Desde que Lula asumió el poder dejó claro lo que haría. Su propuesta es crear nuevos ministerios, específicamente 14 adicionales a los que funcionaron bajo la administración del expresidente conservador Jair Bolsonaro, para llegar a la innecesaria suma de 37 carteras ministeriales.
Corrupción y otros fantasmas de Lula
El presidente socialista es fiel creyente de que ampliando el gasto público podrá eliminar la pobreza, lo cual es completamente errado. Los mercados se lo advirtieron antes de que la Cámara baja aprobara en mayo el proyecto de ley para sustituir el límite de gasto. Su gabinete aseguraba entonces que Lula lograría “un equilibrio entre el cumplimiento de las promesas de campaña y la gestión responsable de las cuentas públicas, comprometiéndose a lograr un presupuesto equilibrado en 2024”.
Esta vez, en lo referido al nuevo gasto público, Financial Times indica que si bien el plan incluye la participación de la empresa privada con 612.000 millones de reales (más de 122.000 millones de dólares), para liberar el financiamiento de los contribuyentes, “la administración de Brasilia primero debe aprobar el proyecto de ley que relaja un límite constitucional al crecimiento del gasto, así como una nueva ley de presupuesto”. La empresa Petrobras podría participar con 343.000 millones de reales (más de 68.000 millones de dólares).
Retrasos en obras, sobrecostos y corrupción son fantasmas que persiguen a Lula da Silva por escándalos de sus anteriores mandatos, sobre todo por las condenas que lo llevaron a la cárcel y fueron posteriormente anuladas por un tribunal federal. Se trató de la Operación Lava Jato, el mayor caso de corrupción en América Latina. Petrobras fue el epicentro de las imputaciones en su contra por corrupción y lavado de dinero tras haber recibido de esta empresa sobornos y beneficios.
Según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el nuevo gasto público “garantizará que Brasil tenga un nuevo ciclo de inversión en desarrollo con seguridad jurídica y con visión de futuro”. El tiempo mostrará las consecuencias.