RICARDO TORRES CASTRO,
La Universidad Centroamericana, más conocida como la UCA, ha sido víctima de la confiscación de sus bienes y fondos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La UCA fue fundada en 1960 por los Jesuitas, cuenta con más de 5.000 estudiantes y es un eje de conocimiento para América Latina. La medida totalitaria, aunque ha sido condenada por la comunidad internacional, siguió el curso bajo pretexto que el claustro universitario fue hospedero del terrorismo.
En días pasados, la Cancillería colombiana condenó con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión de la que hoy la sociedad Nicaragüense es víctima.
Y es que el régimen ha confiscado 27 universidades, generando un colapso social y una creciente deuda a los jóvenes en el país. El mundo universitario debería volcarse en apoyo a esta realidad que les trae a sus comunidades educativas zozobra y desaliento. ¿Cuántos de estos estudiantes podrían terminar sus programas académicos con la homologación de sus estudios y la garantía de finalizar gracias a la solidaridad del sector universitario latinoamericano?
Diría el profesor Salmi que las universidades son un reflejo de sus propias sociedades, en el caso de Nicaragua, el cierre de las universidades muestra cómo el gobierno atenta contra su propia sociedad, sometiéndola a la ignorancia, a la frustración, a la delincuencia.
El papel activo de la UCA en la denuncia a los graves atentados contra los derechos humanos la puso en la mira del gobierno. Además, al cerrarse la universidad, Nicaragua pierde su biblioteca más completa, su centro de estudios interculturales, el centro de historia nacional y otras instituciones que servían al país y sus ciudadanos.
Tristemente, no siempre se tiene claridad de lo que implica cerrar una universidad. Se limita el derecho a la educación, se agudiza el vacío de cobertura de los países latinoamericanos, se ensanchan los márgenes de equidad, se afecta a los jóvenes que allí están, a sus docentes y al personal administrativo; en fin, la economía de los países y su desarrollo.
En otros lugares del mundo se cierran universidades por asuntos económicos, por falta de estrategia e innovación o por la incapacidad de dar continuidad o, hay que decirlo, ausencia de liderazgo; administradas como cualquier tienda, con los egos de líderes narcisistas e incapaces. Sin embargo, aunque este no es el caso de Nicaragua, los efectos son los mismos; es igualmente triste cerrar una universidad, grande o pequeña.
La persecución a la Iglesia en Nicaragua, con lo que se suma ahora la persecución a las universidades, son motivos suficientes para que los organismos internacionales se pronuncien, intervengan desde el marco jurídico y protejan los derechos humanos de los nicaragüenses. Igualmente, con el mismo derecho ciudadano, se debe rodear a los jesuitas, víctimas directas y regentes de la UCA, quienes han caminado con su pueblo por la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.
Mucho debería ponernos a pensar el desastre que se está causando. Quizá esta sea la oportunidad para que en América Latina se valore más las instituciones de la Iglesia Católica que vienen supliendo al Estado en la protección de los derechos humanos, el cuidado de la niñez, la educación de sus jóvenes, el cuidado de sus ancianos. Tantas obras sociales, ancianatos, orfanatos, colegios, universidades, centros de salud, centros de apoyo a los vulnerables y desvalidos.
Esta es la oportunidad para valorar a los Jesuitas que a lo largo del continente han hecho un aporte significativo por el cuidado de los pueblos.
Finalmente, valorar las universidades que, en su conjunto desarrollan el conocimiento para que todos puedan tener mejores condiciones de vida y donde se pone en juego el desarrollo humano integral.
¡¡¡Viva la UCA!!!