OMAR ESTACIO Z.,
En los cursos de Estado Mayor que se imparten en la Academia Militar de la fementida revolución antiimperialista de Venezuela, se incluye una asignatura específica para reprimir a los opositores que utilicen las herramientas de desobediencia pacífica que enseñó, hasta su muerte, el filósofo, profesor universitario y escritor Gene Sharp.
Este último, en sus libros “La política de la acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia”, detalla 198 mecanismos de acción no violenta, contra los gobiernos despóticos. A la aplicación de las técnicas de Sharp, se les atribuyen los derrocamientos de los genocidas Ferdinand Marcos, (Filipinas,1986) y Slobodan Milósevil (la ex Yugoslavia 2000); el colapso de los países de la Europa comunista del este (1989); los alzamientos en Túnez (2011) cuyo efecto dominó desencadenó la llamada “Primavera Árabe”. ¿Verdad? ¿Mito? ¿Exageraciones sobre la efectividad de las recetas de Sharp? Vergonzoso, en cualquier caso, que en lugar de formar a sus futuros generalotes para defender Venezuela de alguna intrusión extranjera, los deformen adiestrándolos en reprimir civiles desarmados. Guapos con los débiles, correlones y asustadizos en el lance hombre a hombre. Los violentos de la Fuerza Armada «Bolivariana» (¿?) les temen a los violentos como ellos. Eso ya lo sabíamos. Basta recordar el bochornoso episodio de la tarde del supuesto dron “magnicida” en pleno centro de Caracas. Además, y por si fuese poco, a los muy «Madrinos», los asustamos los no violentos, como queda demostrado en las presentes líneas.
La desobediencia pacífica, en realidad, es casi tan vieja como la civilización misma. Aristófanes, Platón, Ettiène de la Boétie, Henry David Thoreau, León Tolstoy, Martin Luther King, John Ruskin, Mahatma Gandhi y el ya referido, Sharp, han sido, a lo largo de la Historia, algunos de sus artífices.
Oigamos el emplazamiento pacifista, de celibato temporal, lanzado hace 2,500 a todas las esposas de los soldados, de los bandos antagónicos de la Gran Guerra del Peloponeso.
Expresaba Lisístrata, personaje central de la obra de teatro con ese mismo título, de la autoría del referido Aristófanes:
“Si permaneciéramos dentro de nuestras recámaras empolvadas
y con tuniquitas de Amorgos
desnudas y paseáramos muy provocativas, con el delta bien depilado
y los varones se empalmaran y rijosos desearan cubrirnos
y nosotras no aceptáramos, sino que nos abstuviéramos hasta que haya paz
las treguas se harían rápidamente, bien lo sé».
Mucho antes de esa butifarra normativa que lleva el remoquete de Constitución Bolivariana, el derecho a la rebelión ya lo establecía el artículo 250 de nuestra Constitución de 1961. Mal pueden calificarse, en consecuencia, de terroristas o vendepatrias quienes han acudido a la resistencia no violenta o han activado los mecanismos del Derecho Internacional para reinstalar en Venezuela, un gobierno legítimo, democrático, medianamente decente, aunque sea. En todo caso si es que vamos a hablar de vendepatrias, tendríamos que comenzar por el supuesto comandante “Eterno”, que pasará a la posteridad por el dudoso honor de haberse colocado en decúbito ventral ante los castrocubanos, para que cobijaran su desbocada ambición de perpetuarse en la Presidencia. En cuanto a su sucesor, cucuteño o nacido supuestamente en El Valle, Caracas -eso es lo de menos, porque no importa donde se nace, lo que importa es dónde el traidor traiciona- el solo bochorno de haberles entregado nuestro Arco Minero a los grupos irregulares del ELN, iraníes, chinos, turcos, rusos, del Hezbollah y cuanto bicho de uña procede del extranjero, basta y sobra para sus merecidos títulos de malinche, cipayo, esquirol o cualquier otro calificativo más grueso.
Los participaciones, pese a estar supuestamente inhabilitados, de tres importantes dirigentes de la disidencia venezolana, en las llamadas elecciones primarias fijadas para el 22 de octubre, son legítimas expresiones de resistencia no violenta contra la arbitrariedad. La jurisprudencia reiterada, del sistema interamericano de tutela de derechos humanos, décadas atrás, de manera diuturna, ha establecido que los únicos que pueden imponer inhabilitaciones políticas son los jueces en lo criminal, por sentencias definitivamente firmes, y eso, como pena accesoria de una condena por la comisión de uno o varios delitos muy graves. Quiere decir que las inhabilitaciones de tres precandidatos a la Presidencia, por supuestas infracciones de carácter administrativo por un organismo que tampoco es tribunal penal, como no lo es la Contraloría General de la República, son evidentemente arbitrarias. Solo que en la cleptocracia chavomadurista la única ley es que no hay ley.
Los mismos inhabilitados y los venezolanos, en general, tenemos no solo el derecho sino, por igual, la obligación de desobedecer y seguir desobedeciendo de manera pacífica dichas inhabilitaciones, caso omiso a los ataques de la satrapía por cumplir el deber ciudadano.