El gobierno de Dina Boluarte, en Perú, está buscando la manera de abordar la ola de inseguridad y crímenes que azotan al país. Solamente entre enero y abril de este año, el sicariato representó el 53,63 % dentro del total de homicidios por armas de fuego y armas blancas, de acuerdo con cifras reveladas por el diario La República. En paralelo, el hurto agravado se posiciona como el delito más cometido.
Es un asunto que se le salió de las manos a la mandataria izquierdista y cuya administración ahora busca enfrentar la situación con el anunciado “plan Boluarte”, el cual toma como referencia la política de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la que ha doblegado a la delincuencia liderada por la Mara Salvatrucha.
Él mismo informó a inicios de este año que la nación centroamericana registraba para ese momento una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. “La más baja de toda América”. Con su polémica “megacárcel” para albergar criminales, el efecto Bukele parece repercutir en el resto de la región. Luego de anunciar el plan, el gobierno de Boluarte quiso desmarcarse de las ideas del mandatario salvadoreño, pero aún así, es inevitable que salten las comparaciones.
El efecto Bukele en Perú y Colombia
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, dijo días atrás que podrían tomar ciertas características del plan salvadoreño. “Es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad”, agregó. Posteriormente Otárola reculó y dijo que “no va a haber un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte” porque asegura que será mejor. La estrategia pasa por atender la prevención de delitos, luchar directamente contra el narcotráfico y fortalecer la infraestructura policial.
Entre estas idas y vueltas, lo que deja entrever el anuncio del gobierno peruano es que ante la inseguridad reinante y sus políticas poco eficientes, lo que hizo Bukele en El Salvador se convierte en referencia. Y esto se observa no solamente en Perú. Hay candidatos a las elecciones regionales y municipales del próximo 29 de octubre en Colombia que han decidido incluir en sus planes de gobiernos propuestas copiadas del modelo de seguridad de El Salvador. Entre estas se encuentra la promesa del candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, de construir una megacárcel tecnológica en la capital colombiana al estilo del centro penitenciario inaugurado el año pasado por Bukele. También el aspirante a la alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, tiene esta propuesta como bandera y además se hace llamar el Bukele colombiano.
Tal parece que ante el hartazgo por la criminalidad en la región, el efecto Bukele se convierte en ejemplo a pesar de que el mandatario salvadoreño ha dado muestras de autoritarismo al destituir a través de la Asamblea Legislativa controlada por su partido a los jueces de la Corte Suprema, ingresar con militares armados al Congreso para exigir la aprobación de presupuestos o buscar la reelección pese a que la Constitución lo prohíbe.
Ni la “paz total” de Petro, ni los “abrazos” de AMLO
Cuando en El Salvador ocurrió la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y del fiscal general de la Nación, Raúl Melara, organizaciones internacionales alertaron sobre la ruptura del Estado de derecho y concentración de poder. Respecto a su política de seguridad, hay registros sobre violaciones masivas del debido proceso, muerte de personas bajo custodia y hacinamiento en centros penitenciarios.
Esta faceta de Bukele parece quedar a un lado frente al fracaso de los modelos socialistas en América Latina en materia de seguridad. Y es que mientras en El Salvador hay una política firme de combate a la delincuencia, en Colombia se ha apostado por la “paz total”, el “perdón social” y el programa “pagar por no matar” con el que Gustavo Petro entrega un subsidio mensual a criminales. Adicionalmente, el mandatario colombiano pidió a las fuerzas de seguridad usar un “lenguaje de desescalamiento del conflicto” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como parte de un cese al fuego que ha sido violado en al menos seis oportunidades por la mencionada narcoguerrilla.
México no se queda atrás, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, promoviendo una política de seguridad basada en “abrazos, no balazos” y una pasividad tal que en febrero dejaba 83 asesinatos diarios. Fue un inicio de año más violento que en 2022, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De manera que pese a los validos cuestionamientos en materia de institucionalidad, no se puede negar que Nayib Bukele se ha convertido en referencia de seguridad en la región. Mas que hablar, el mandatario salvadoreño actúa, y deja que los resultados hablen por sí solos.