Con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil se ha hecho borrón y cuenta nueva en cuanto al escándalo de corrupción de Odebrecht que lo llevó a prisión. Al menos para él. Pues hoy, “pagan todos menos Lula”, como se titula un reciente artículo publicado en El Debate. Su habilitación para ser candidato fue su salvoconducto y el retorno al palacio del Planalto su boleto a la impunidad por el mayor caso de corrupción en la historia de América Latina. Pero no conforme con haber sido anuladas sus condenas, un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) invalidó este miércoles todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht. Y no se trata de cualquier juez. Los intereses políticos son más que evidentes.
José Dias Toffoli tomó esta decisión en respuesta a un pedido realizado por la defensa del mandatario brasileño, quien en el pasado no solo era su compañero de partido sino además su jefe directo. Toffoli llegó a juez del STF tras ser nominado por Lula en 2009, durante su segundo mandato, pero para ese momento se desempeñaba como ministro-jefe de la Oficina Jurídica de la Unión, organismo equivalente a la Procuraduría, es decir, abogado del gobierno, que para ese entonces presidía Lula da Silva. Adicionalmente fue abogado del Partido de los Trabajadores (PT), organización política de Lula, y consultor jurídico de la Central Única de los Trabajadores (CUT).
Si bien Toffoli no se encontraba impedido legalmente para asumir hace 14 años el cargo de magistrado del STF, sí recaía sobre él la “sospecha” –instituto jurídico que se refiere a cuestiones subjetivas, e incluso de foro íntimo que puedan afectar la imparcialidad y rectitud del juzgador durante el análisis de algún caso– al ser elegido presidente del máximo tribunal en 2018, cuando se tratara de acciones que tuvieran relación con Lula y con el PT, sobre todo porque él ya abogó a favor de ambos años atrás.
Pruebas de Odebrecht contra Lula: ¿”Un error histórico”?
Hoy no se guardan las formas. En su decisión, Toffoli no solo calificó la prisión de Lula por el caso Odebrecht como “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”, sino que además agregó que “fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”.
Lula da Silva llegó a pasar 580 días en prisión, condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado por el máximo tribunal compuesto en su mayoría por magistrados designados por su partido, para ser exactos, un total de seis de once en total, más Alexandre de Moraes, nominado por Michel Temer, pero que se ha alineado con los jueces del ala izquierdista.
Las dos condenas contra Lula que sumaban un total de 17 años, 1 mes y 10 días de cárcel se habían basado en parte en las pruebas ofrecidas por Odebrecht que hoy fueron anuladas por el juez que en el pasado ejerció como abogado del cofundador del Foro de Sao Paulo y de su partido.
Los alegatos de Dias Toffoli
En su dictamen, el magistrado José Dias Toffoli también ordena que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de clemencia con la constructora, cuestionando además los términos del convenio con Odebrecht.
El magistrado justifica su decisión en el hecho de que aparentemente no existe solicitud alguna de cooperación jurídica internacional para instruir el proceso del acuerdo que se logró mediante negociaciones en Brasil, Estados Unidos y Suiza debido a las sospechas iniciales de que la constructora manejaba sobornos en los tres países. Además, alega que los jueces actuaron sin la “necesaria competencia” de entidades oficiales como los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública.
“La corrupción en los gobiernos del PT fue real”
Esta decisión viene a completar el trabajo del ministro del STF, Ricardo Lewandowski, (hoy jubilado) que había declarado nulas las pruebas relacionadas con los casos de Lula obtenidas con el acuerdo con Odebrecht, y la labor del magistrado Edson Fachin, quien fue el encargado de anular las condenas de Lula en marzo de 2021 con el argumento de incompetencia territorial del juzgado 13 de Curitiba a cargo del juez Sergio Moro, que lo condenó, para así habilitarlo políticamente y abrirle el camino para su regreso a la Presidencia.
Sergio Moro, quien hoy es senador de la República, rechazó desde su cuenta de Twitter la decisión del magistrado Dias Toffoli de anular las pruebas de Odebrecht contra Lula, reiterando que “la corrupción en los gobiernos del PT fue real”. A esto agregó que hubo criminales que confesaron y se recuperaron más de 6 billones de reales para Petrobras.