Al menos 40 personas de las 418 que fueron catalogadas como víctimas del estallido social de 2019, y se vieron beneficiadas con una pensión vitalicia por parte del Gobierno chileno, cuentan con antecedentes penales. En el prontuario de los señalados hay acusaciones por violencia intrafamiliar, robo y hasta homicidios. Incluso, uno de ellos actualmente está prófugo de la justicia por estafa, con una condena previa en su contra por robo que se suma a causas por desórdenes públicos y lesiones leves.
De acuerdo con reportes que se dieron a conocer este miércoles por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del total de estos beneficios, 23 se otorgaron durante la administración que encabeza Gabriel Boric. Mientras tanto, los 17 restantes se aprobaron durante los dos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, correspondientes a enero y febrero de 2022.
¿Por qué? Es la gran pregunta cuando en el país, para optar a la pensión básica estatal, hay requisitos restrictivos que van desde tener 65 años o más de edad, pertenecer al Registro Social de Hogares, aprobar una visita social y acreditar una residencia de 20 años o más.
Monsalve ofrece dos respuestas para esta inusual entrega de pensión vitalicia. Por un lado, alega que es atribución explícita del jefe de Estado, cuyo monto también se estipula en la Ley 18.056. Por otro, insiste en que “en ningún otorgamiento de pensiones de gracia -ni en este ni en otros que se entreguen por otros motivos- se solicitan los antecedentes penales”.
El caso Villalobos y cómo el Gobierno evade la realidad
Si bien Monsalve cree que es necesario “un espacio de mejora para cuidar la figura del Presidente de la República, con el objeto de que cuando tome la decisión tenga la mayor cantidad de antecedentes posibles”, nada cambia que Juan Francisco Villalobos, de 37 años, calificara como afectado “en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, aunque esté solicitado por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por ser el presunto autor de una estafa cometida el 6 de marzo de 2019 en la calle Pedro Fontova de la comuna de Conchalí, al norte de la Región Metropolitana.
Villalobos recibe 593.000 pesos chilenos en su cuenta bancaria mes a mes, es decir, un equivalente a 670 dólares. El monto equivale a dos ingresos mínimos no remuneracionales “de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”, según el documento de la Comisión Especial asesora de Boric divulgado por ExAnte, que dispuso el beneficio en agosto del año pasado.
De acuerdo con el medio se desconoce si ya cobró su pensión que deja atrás el aporte de 206.000 pesos que reciben quienes trabajan por al menos 30 años pero la aprobación del aporte abre un nuevo flanco para la polémica después de los indultos que también entregó Boric este año alegando que desconocía los antecedentes de los beneficiados.
¿Quiénes son los delincuentes premiados por el Gobierno chileno?
Aunque no hay, hasta ahora, rastros públicos de los nombres de los beneficiarios es un hecho que están filtrados entre las diversas categorías de las denominadas “víctimas” de la insurrección que hubo en 2019. En primera instancia están los que aludieron lesiones leves. Quienes fueron aceptados en este segmento reciben 283.619 pesos mensuales, es decir, 317 dólares.
En un segundo tramo están los indivudos que perciben 415.428 pesos mensuales, un monto cercano a los 576 dólares, por asegurar que recibieron lesiones graves en extremidades o pérdida de piezas dentales, agresión sexual (desnudamiento) o afectación psicológica. En último lugar, se encuentran aquellos que obtienen 567.238 pesos, un total cercano a 635 dólares, por haber acreditado lesiones gravísimas como trauma ocular, violación sexual, fracturas o fallecimiento.
En cualquier renglón que estén ubicados, el diputado Andrés Longton, del partido Renovación Nacional, considera inaceptable su inclusión si no sufrieron lesiones que los incapacitara para trabajar o generar recursos. Sin embargo, Monsalve repele el cuestionamiento en el Congreso. Sostiene que la glosa presupuestaria N°12 -relacionada con los mecanismos de asignación- “no hace distinción respecto a la afectación física o psicológica”.
A pesar de estos argumentos, el diputado Mauricio Ojeda, del partido Republicano, le refutó en el parlamento que el INDH no facilitó información de los perfiles a la comisión investigación del hemiciclo acusando “dedocracia”.