El fracaso de la segunda constituyente chilena en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, que ya comienzan a vaticinar las encuestas, abre el debate sobre la viabilidad de un tercer proceso en el gobierno del presidente Gabriel Boric, con las distintas fuerzas políticas fatigadas por la falta de acuerdos y el millonario gasto público (7,2 millones de dólares) que implica su instalación. El dilema sobre qué hacer es grande.
A puerta cerrada, las diez organizaciones que respaldan a Boric discutirán cuál será la estrategia que adoptará el Ejecutivo para enfrentar la aprobación o rechazo del proyecto elaborado desde marzo por una Comisión Experta, un Comité Técnico de Admisibilidad y un Consejo Constituyente dominado por el Partido Republicano, con 22 escaños de 50, y la coalición de Chile Vamos –integrada por la Unión Demócrata Independente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli)– que suma otros diez curules a la oposición.
De acuerdo con La Tercera, la cúpula de la izquierda se reunirá el próximo lunes 9 de octubre en un “cónclave” para evaluar si hay condiciones políticas para convocar a una tercera constituyente. La cita estará liderada por el máximo representante del Partido Comunista en la nación austral, Lautaro Carmona; Diego Ibáñez, de Convergencia Social (CS); Camilo Escalona, del Partido Socialista (PS); Marco Velarde, de Comunes; Leonardo Cubillos, del Partido Radical (PR); Juan Carlos Urzúa, del Partido Liberal (PL); Cristóbal Barra, del Partido por la Democracia (PPD) y Tomás Hirsch, de Acción Humanista.
La escogencia de la fecha no fue al azar, considerando que, para entonces, el Consejo Constitucional ya habría entregado la edición final de la propuesta a la Comisión Experta, lo cual permitiría definir si el gobierno apostará por la opción “en contra” de esta para desplegar su campaña.
Entre contradicciones
Mientras los partidos aliados de Boric planean analizar el clima político, e incluso electoral de la segunda constituyente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cerró la celebración del reciente Chile Day en Londres anticipando que “no hay apetitos por iniciar un tercer proceso y, por lo tanto, toda la motivación política para reemplazar la Constitución se acotará”.
Según su versión, la pelota pasaría al Congreso para que el pleno efectúe las reformas que considere necesarias.
¿Dijo la verdad o todo fue parte de un engaño para ganar confianza entre los inversores, que ahora, en lugar de números revisan el riesgo político y la certidumbre jurídica? En este momento, es difícil saber. Las posiciones del gobierno son constantemente contradictorias e impredecibles, sobre todo las del presidente.
“Yo por lo menos creo que durante nuestro gobierno no habría condiciones para llevar adelante un nuevo proceso, pero eso no significaría que el tema constitucional se cierre”, sostiene Gabriel Boric desde hace tres meses, enfatizando que “el tema constitucional seguiría abierto y seguiría siendo un tema de debate que surgiría de tanto en tanto”.
Un freno en el Congreso
Hay fuerzas políticas que buscan frenar la posibilidad de convocatoria a una tercera constituyente. En el Senado, la bancada de Chile Vamos, junto con la de Renovación Nacional, consignó un proyecto de reforma constitucional para establecer límites al inicio de nuevos procesos constituyentes.
“Nosotros hemos señalado que Chile no puede vivir en un estado permanente constituyente y eso implica hacer todos los esfuerzos necesarios para que en este segundo intento logremos llegar a los acuerdos necesarios”, explicó el presidente de RN, Francisco Chahuán.
Los sondeos impulsan esta iniciativa. Los resultados de la última encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem) son claves. En ellos, 23 % de los chilenos votaría a favor de una nueva constitución y 57 % la rechazaría.