OMAR ESTACIO Z,
El miércoles pasado, la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, La Misión Internacional, en lo adelante, presentó su cuarto informe.
Los lectores se servirán recordar que la «Misión Internacional», presidida por la jurista, Marta Valiñas, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante la resolución 42/25, de 27 de septiembre de 2019.
Inicialmente se previó que su duración sería de un año. Así será la avalancha, pero sobre todo la gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la camarilla presidida por Nicolás Maduro, que la «Misión Internacional», se enrumba hacia su carácter permanente. A menos que a los votantes venezolanos, se les ofrezca la posibilidad de elegir su nuevo Presidente mediante comicios limpios, aunque sea a medias, porque el rechazo a la satrapía que desgobierna Venezuela frisa un repudio popular del 80%.
El informe del citado al comienzo, se centra en dos áreas (i) El aparato estatal y sus mecanismos de represión y las restricciones del espacio cívico y democrático; y (ii) la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en julio de 2022 como continuación, en términos de estructura, mando y modus operandi, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Según la «Misión Internacional», las modalidades de violencia y coacción desplegadas por los nuevos organismos represivos, han variado en función de la percepción sobre la naturaleza y la intensidad de las acciones de la disidencia. Pero sus víctimas siguen siendo los luchadores sociales, estudiantes, trabajadores, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, así como los miembros de partidos de veras opositores, no de los coludidos con el narcocomunismo.
Destaca la «Misión Internacional», la implementación, como política de Estado en Venezuela, de la “Sippenhaft”. Nos referimos a la retorcida práctica trasplantada del nazismo más feroz. Ya no les basta con asesinar, torturar, encarcelar, difamar, estigmatizar y desaparecer de manera forzosa al adversario. El informe documenta similares atropellos contra hijos, padres, esposas, esposos, familiares, amigos, vecinos. Hasta gatos, perros y, en general todo objeto o ser viviente que tenga vínculos reales o caprichosos, con cualquier conducta opositora ¡Al demonio con la prohibición en las sociedades civilizadas de los castigos colectivos!
En el documento del miércoles pasado, además, se comprueba la confiscación del derecho de asociación ciudadana, las inhabilitaciones políticas a todas luces arbitrarias, así como esa nueva modalidad de agresión contra la libertad de prensa consistente, en el bloqueo de la Internet contra portales de noticias por el pecado de lesa RoboLución de ser independientes e informar con apego a la verdad.
La satrapía no ha dado el menor indicio de rectificación. Al contrario. El dictamen del 20 del presente mes refleja que los 22 millones de venezolanos, que aún quedan en el país, se encuentran en situación de rehenes. A cambio del cese de la represión, el desgobierno sátrapa, cual vulgar secuestrador de alguna agencia bancaria, exige un pago por el rescate, en este caso, el levantamiento de las sanciones internacionales.
Solo que el sátrapa y su satrapía pretenden cobrar por el chantaje pero permanecer aferrados al Poder. Para algunos meses después volver a secuestrar y volver a extorsionar.