El anuncio sobre la reanudación del “proceso de diálogo y negociación” entre la dictadura chavista y la Plataforma Unitaria Democrática –que representa a un sector de la oposición–, también trajo consigo la firma inmediata de acuerdos, los cuales despejan las pretensiones de ambos sectores para el escenario político venezolano en el corto plazo.
Las novedades llegaron desde la ciudad de Bridgetown, Barbados, donde ocurren las conversaciones. Dos documentos detallan varias cuestiones. Uno de estos tiene que ver con “la promoción de derechos políticos y electorales”. Incluye la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con “misiones técnicas de observación electoral acordadas” de la Unión Europa, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter, entre otros organismos. Además, estipula la actualización del Registro Electoral tanto dentro como afuera del país.
Sin embargo, no se contempla una discusión sobre las inhabilitaciones inconstitucionales que pesan sobre tres opositores, dos de los cuales hasta hace pocos días eran precandidatos a las primarias antichavistas que se celebrarán el domingo. En pie sigue la postulación de María Corina Machado, quien recibió el respaldo de uno de ellos. Llama la atención que el representante de Voluntad Popular (VP) en esta mesa (Lester Toledo), no estuvo presente. El partido opositor aseguró en un comunicado que el régimen de Nicolás Maduro vetó su participación. Fue justamente el aspirante de VP, Freddy Superlano, quien tras renunciar a su candidatura le ofreció su apoyo y el de su partido a Machado.
Rechazan discutir inhabilitaciones
La dictadura chavista activó previamente maniobras habituales para complicar el camino a los opositores rumbo a las presidenciales de 2024. Primero fueron las inhabilitaciones y luego la intromisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) al sugerir aplazar las primarias si prestaba apoyo técnico, pero ante la negativa de los organizadores, el ente comicial terminó emitiendo un comunicado donde se adjudicaba la “competencia exclusiva” de celebrar elecciones, amenazando con la posible suspensión de la interna antichavista.
Esto no ha ocurrido. Las primarias siguen en pie, pero a cinco días de su celebración, llegaron estos acuerdos firmados el mismo día de la reanudación de las negociaciones entre la dictadura y un sector de la oposición, las cuales habían quedado congeladas en noviembre del año pasado. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, estampó su rúbrica para dejar claras las aspiraciones de Nicolás Maduro.
No en vano, el régimen difundió al mismo tiempo una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 14 de agosto declarando “improponible”, es decir, rechazando la solicitud de revisión constitucional a la inhabilitación de María Corina Machado.
El punto 11 del acuerdo sobre promoción de derechos políticos y electorales tan solo indica que «se permitirá la inscripción de todos los candidatos en la elección presidencial que cumplan con los requisitos constitucionales». Aquí surgen las interpretaciones jurídicas. La sanción que pesa sobre María Corina Machado es de carácter administrativo y no cumple con lo establecido en la Constitución, que según el artículo 42, “el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme”, es decir, luego de haber agotado todas las instancias judiciales como tribunales de apelación, y sobre Machado no hay ninguna sentencia judicial en ninguna instancia. Sin embargo, las inhabilitaciones políticas por la vía administrativa han sido usadas durante más de dos décadas por la Contraloría al servicio del régimen para sacar del camino a opositores y cualquier interpretación de la Carta Magna está en manos de la Sala Constitucional del TSJ, dominado por el oficialismo.
Chavismo presiona levantamiento de sanciones
Estos acuerdos firmados con la intermediación de Noruega tampoco contemplan la discusión sobre la liberación de presos políticos, un tema sobre el cual ya han negociado Caracas y Washington en el pasado, por ejemplo, cuando Miraflores logró la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, presos en EE. UU. por delitos de narcotráfico, a cambio de los directivos de Citgo que estaban tras las rejas en Venezuela. El régimen chavista ahora tiene los ojos puestos en el levantamiento de las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump.
Maduro dijo al respecto que los acuerdos firmados en Barbados se traducen “en el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones”. Este lunes, el diario The Washington Post afirmó que el régimen venezolano y el gobierno estadounidense habían llegado a un trato por el que Washington aliviaría las sanciones relacionadas con la industria petrolera de Venezuela a cambio de que Caracas permitiera la observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, una fuente citada por la agencia EFE aclaró que no se había llegado a ningún acuerdo con Maduro, desmintiendo así la información publicada por The Washington Post.
Según la dictadura, “durante el año 2023, ha llevado adelante negociaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU. y con las distintas oposiciones de Venezuela”. El objetivo es “sanar las heridas sociales causadas por la ilegitima agresión económica, mediante el levantamiento pleno de las sanciones”. ¿Se habrá concretado este convenio para que las partes firmaran en Barbados un compromiso para permitir la observación internacional en las elecciones acordadas para el segundo semestre del próximo año?