LA PAZ.- Un juzgado de Bolivia declinó procesar por la vía penal a la expresidenta interina Jeanine Áñez y se pronunció a favor de someterla a un juicio de responsabilidades.
La decisión fue tomada por el juzgado de El Alto, una ciudad vecina a La Paz, el cual negó la petición hecha en días pasados por la fiscalía para realizar un juicio ordinario a Áñez, reseña NTN24
El fallo se conoce una semana después de que la fiscalía boliviana presentó una acusación por presunto «genocidio» contra Áñez para que la exmandataria sea juzgada en la vía ordinaria.
Jeanine Áñez está encarcelada preventivamente desde marzo de 2021.
«Precedente jurídico»
Alain de Canedo, abogado de la expresidenta, celebró la decisión e interpretó que marca un “precedente jurídico” que aplicaría para los al menos otros ocho procesos en contra de su defendida, entre ellos un juicio por el que ya ha sido condenada a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la constitución.
El abogado Luis Guillén manifestó que al negar el pedido de la fiscalía, el juzgado penal ordinario reconoció el fuero de la exmandataria.
Guillen aseguró que a la exmandataria «le corresponde un juicio de responsabilidades», expresó.
En su cuenta de la red social X, la exmandataria solicitó ser juzgada en un juicio de responsabilidades por los hechos violentos que tuvieron lugar entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 en La Paz y Cochabamba que dejó un saldo de 20 fallecidos.
Asimismo, Áñez manifestó en su red social, su incertidumbre a la falta de investigación por parte de la fiscalía de Bolivia, contra Evo Morales a quién calificó como «autor de fraude electoral en 2019, violador de CPE y del voto del pueblo el #21F que dijo no a reelección indefinida, prófugo que ordenó cercar ciudades, dejar sin alimentos, muertes y vacío de poder. #JuicioDeResponsabilidades no es impunidad, es Justicia. Yo me someto ¿y Evo?», resaltó la exmandataria.
Acusación contra Jeanine Áñez
A la exmandataria se le acusó por el caso ‘Golpe de Estado I’, que está relacionado con los hechos de 2019, que provocaron la dimisión del oficialista Evo Morales, en medio de denuncias de supuesto fraude electoral y una violenta crisis política y social, con protestas de ambos lados, un motín policial y la presión de los militares.
Una misión de expertos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2021 que hubo un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas y responsabilizó por los hechos tanto a Evo Morales como a Áñez, pero el exmandatario no ha sido investigado y es protegido por el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), que encabeza Luis Arce.