Escritor Invitado,
En el sur de América tenemos una disputa territorial que ha llevado a Venezuela a protestar las invasiones de los ingleses; incluso desde el año 1822, cuando lo hizo el Libertador Simón Bolívar. Hablamos de lo que se conoce como el Esequibo, Guayana Esequiba o zona en reclamación, una extensión territorial que comprende 159.500 Km2. Para dimensionar, podemos decir que esto representa el 93 % del territorio de Uruguay; pero con una escasa población de unos 200.000 habitantes, en su gran mayoría pueblos originarios.
En esta disputa, Venezuela pasó de protestar durante el siglo XIX, a ser forzada a firmar en Washington un tratado de arbitramiento en 1897, lo que condujo a una sentencia arbitral manifiestamente injusta e ilegítima, que se conoce como el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Con respecto a esta sentencia, tan funestamente realizada, el canciller de Venezuela Marcos Falcón Briceño hizo una prolija exposición en el XVII periodo de sesiones de las Naciones Unidas el 1° de octubre de 1962, dando las razones por las que debía declararse nulo e írrito. Luego, esto llevó a Venezuela, Reino Unido y la recién independizada Republica Cooperativa de Guyana a firmar en 1966 el Acuerdo de Ginebra, que se podría definir más bien como una intención de llegar a un acuerdo, el cual debía encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes.
Consideramos que el máximo esfuerzo por parte de Venezuela para la recuperación del Esequibo, ha debido ser realizado antes de la independencia de Guyana. Y como bien lo predijo en su momento, en una de sus tantas consideraciones, René de Sola, al referirse al Acuerdo de Ginebra: “El procedimiento adoptado prácticamente congela la reclamación por un número indefinido de años”. Hasta el momento han pasado 57 años, y después de tantos errores por parte de los gobiernos venezolanos, y en especial el de Hugo Chávez, nos encontramos en un punto donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escogió un procedimiento pacífico, estipulado en el artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas, remitiendo la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Corte Internacional de Justicia
En el juicio ante la CIJ, Guyana busca la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, donde se consumaron importantes vicios a favor de la primera potencia mundial colonial y terrófaga de la época: el Reino Unido de la Gran Bretaña. Aunque aquí podríamos señalar que Guyana se ha dado un tiro en el pie; hablamos de un laudo Arbitral que debe servir como materia de estudio y un negativo precedente en todas las escuelas de derecho internacional, dada su funesta realización, por las siguientes razones: 1) exceso de poder (ultra petita), por decretar libertad de navegación sobre los ríos Amacuro y Barima, y establecer la costa seca para Venezuela del río Cuyuní, lo que de acuerdo al Derecho Internacional invalida cualquier laudo arbitral. 2) La decisión fue sustentada bajo presentación de mapas adulterados por parte de Gran Bretaña. 3) Ausencia de motivación en la decisión arbitral. 4) La línea fronteriza fue impuesta a los jueces por el gobierno británico. 5) El presidente del tribunal arbitral coaccionó a los jueces para aceptar por unanimidad la demarcación británica. 6) Esta demarcación fue una “componenda”, así lo calificaron algunos funcionarios británicos, y se confirmó en el memorándum dictado por el estadounidense Severo Mallet-Prèvost, abogado de Venezuela ante el Laudo de París, publicado en 1949 después de su muerte. 7) Venezuela fue engañada y el Reino Unido actuó en modo contrario a la buena fe del derecho internacional. 8) Venezuela fue informada luego de que el Laudo Arbitral tomara las decisiones.
Es decir, Venezuela tiene contundentes motivos para esperar una decisión favorable de la CIJ; pero hay una lógica que no encaja en esta ecuación calculada por Guyana y la empresa ExxonMobil, como primeros interesados en explotar una considerable cantidad de hidrocarburos descubiertos en la fachada atlántica que proyecta el territorio Esequibo. Aquí podríamos contemplar una decisión dictada por motivos alejados de lo jurídico y apegada a intereses geoestratégicos, aprovechando la condición de Venezuela, actualmente convertida en un Estado fallido, donde el poder lo ejerce de facto un régimen, cuyos principales líderes son los primeros y únicos del continente americano en encontrarse bajo una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, y por los que EE. UU. ofrece millonarias recompensas.
Al respecto, podemos observar cómo la vicepresidente Delcy Rodríguez, en representación de este régimen, y sobre quien pesan sanciones de la comunidad Europea, interpuso junto con su equipo ante la CIJ una excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda, pretendiendo luego tener en la sala al Reino Unido como principal protagonista del Laudo Arbitral de París, pese a haber cesado los intereses de esta nación en el territorio Esequibo al momento de otorgar la independencia a Guyana en el año 1966. Es de este mismo equipo de quien se espera que se entregue desde Venezuela una contra memoria el 8 de abril de 2024, mientras siguen señalando que no reconocerán jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Chávez abriendo la caja de pandora
Debemos hacer énfasis en lo perjudicial que fue el presidente Hugo Chávez para los intereses del Estado venezolano en el territorio Esequibo. Venezuela había honrado una tradición de no permitir ningún tipo de explotación o actividad económica por parte de Guyana en el Esequibo. Al mismo presidente Chávez le tocó frenar una construcción financiada por terceros de una planta de energía hidroeléctrica y de una estación espacial; pero después del año 2004, estando como presidente en Guyana Bharrat Jagdeo, con quien Chávez compartía una afinidad ideológica, y teniendo a Fidel Castro de intermediario, el presidente venezolano viajo a Georgetown y dio la siguiente declaración, abriendo la caja de pandora de lo que ha sido un oscuro periodo de depredación de los recursos naturales en el Esequibo: }
“Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero, a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes”.
Al día de hoy se podría hacer un balance del inexistente beneficio a los habitantes en el Esequibo, después de la explotación maderera, mineral y de hidrocarburos realizadas en la zona. Entre los únicos beneficiados se podría contar a los jerarcas políticos de Guyana y quizás algunos altos funcionarios de la administración de Chávez; aparte de sellar una alianza política entre Venezuela y Guyana, junto a todos los países del Caricom, ante los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Esta alianza se mantuvo hasta el fallecimiento de Chávez en el año 2013 y se terminó de desvanecer con la llegada a la Presidencia en Guyana de David Granger, en el año 2015, quien sin tener ningún tipo de afinidad ideológica que lo vinculara con las alianzas que habían realizado sus antecesores con Venezuela, rompió cualquier cooperación y se quedó explotando las riquezas en el Esequibo e incrementando las actividades petroleras con trasnacionales en el mar territorial que proyecta el Esequibo.
Organismos Internacionales OEA-Caricom
De la postura del Caricom en relación con la disputa del Esequibo se puede decir que, como un bloque de países caribeño en su mayoría anglófono y con su sede en Georgetown, es natural que actúen en coordinación, para mantener los intereses de sus miembros y fijar una política exterior hegemónica. En este sentido, todos sus comunicados van orientados de manera incondicional a apoyar a Guyana.
En cuanto a la OEA, pese a que el secretario general, Luis Almagro, conoce a profundidad la crisis política que ha derivado en la usurpación del poder en Venezuela y ha hecho grandes esfuerzos para que retorne la democracia y el Estado de derecho, vemos con preocupación que haya emitido recientemente unas declaraciones y un comunicado en apoyo a Guyana, atribuyéndole el territorio Esequibo, mientras defiende su «derecho soberano» de ejercer territorialidad «en su área marítima establecida y anexa», omitiendo que Guyana hiciera públicamente una ronda de licitaciones petroleras, que incluyen la plataforma marítima de esa zona en disputa. A Almagro le urge asesoría en este tema.
Sociedad venezolana / referendo
La sociedad venezolana se encuentra desde hace más de una década padeciendo una crisis política, que ha conducido a su vez a una crisis humanitaria, traducida en un éxodo que ya se acerca a los 8 millones de personas. En medio de estas circunstancias, se presenta la disyuntiva de hacer frente a un proceso que trascurrirá de manera inexorable, bien sea por la vía jurídica o bélica. Es por eso que es importarte establecer desde nuestra misma sociedad una línea de acción que contribuya a la preservación de la integridad territorial. Aquí no se trata de hacer causa común con los criminales que secuestraron el poder en Venezuela; la recuperación del Esequibo se ha etiquetado como asunto de Estado; pero utilizar ese argumento para justificar la cooperación propagandística del régimen resulta menos que banal. Ahora, tomemos en cuenta que la condición de Estado fallido nos coloca en una situación de franca desventaja, aunque no posee valor jurídico que se pueda argumentar ante la CIJ.
Por otro lado, Nicolás Maduro ha anunciado la realización de un referendo consultivo el próximo 3 de diciembre, con cinco preguntas que no serán vinculantes a los efectos de la CIJ. Sabemos que Maduro pretende con este referendo una contramedida para desvirtuar la reciente elección primaria organizada por la oposición, donde resultó ampliamente victoriosa María Corina Machado. Sabemos que pretende desconocer a la CIJ y que contempla la aventura de tomar el Esequibo por la fuerza, como una falsa acción de nacionalismo, al mejor estilo de Leopoldo Gatieri con la guerra de las Malvinas.
Fuera de sus pretensiones y sabiendo que el referendo no tendrá incidencia en CIJ, considero, como alguien que lleva muchos años promoviendo en la sociedad el interés por la recuperación del Esequibo, que esta consulta representa una gran oportunidad para unificar una conciencia nacional en torno a la preservación de nuestra integridad territorial, que de por sí ya ha sido violada por la dictadura de Maduro, al ceder espacios a grupos narcoguerrilleros de otro país, como las FARC y el ELN. De igual modo, es imperativa la conformación de un frente de venezolanos expertos en derecho internacional y sus necesarios pronunciamientos ante organismos internacionales, tomando en cuenta la posición tomada por Almagro y su desconocimiento del tema.