Antonio Ledezma,
Una contienda territorial comienza cuando «un Estado formaliza un reclamo por una parte o la totalidad del territorio de otro Estado soberano; un Estado cuestiona la ubicación de una frontera existente y solicita una revisión de la frontera, o un Estado impugna el derecho de otro Estado para ejercer la soberanía sobre ese territorio».
Leyendo un ensayo de la ciudadana argentina, Mariana Alejandra Altieri, especialista en Estrategia y Geopolítica, corroboramos que, «actualmente existen 71 disputas territoriales que están sin resolver, involucrando a 79 Estados. Esto significa que el 41 % de los Estados del mundo están involucrados en disputas territoriales con otros Estados, lo que puede provocar tensiones bilaterales, regionales e internacionales». La analista citada también afirma que, «para que una disputa territorial persista a lo largo del tiempo deben darse alguna de estas dos condiciones: o los Estados involucrados no han intentado resolver la disputa o los intentos de solución han fracasado».
Así tenemos que en Europa continúan sin zanjarse rivalidades de soberanía que involucran a países hispanoamericanos. Uno de esos pleitos por espacios territoriales es el que atañe a la República de Argentina, cuyos representantes insiste en reclamarle al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, su soberanía sobre Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Otra querella de vieja data es la que involucra al Reino de España con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el peñón de Gibraltar. Sobre esos enfrentamientos han pasado decenas de años acumulando mucho tiempo sobre unas confrontaciones dilatadas que parecieran fluctuantes e interminables.
Otra, no menos prolongada pugna en la que interactúo el Reino Unido de Gran Bretaña tiene como contrincante a Venezuela. Se trata del arrebato de parte de nuestro territorio conocido como Esequibo. Desde que tenemos uso de razón, en las escuelas a las que asistimos desde niños, los venezolanos comenzamos a descifrar los linderos que demarcan nuestro ámbito territorial. Aprendimos, viendo nuestro mapa guindado en la pared de la institución escolar, que la integridad territorial de nuestra Venezuela está muy bien definida en el artículo 10 de la Carta Magna de 1999.
Ese dispositivo actualizaba y retomaba con precisión lo dispuesto en ese mismo sentido en las diferentes constituciones de Venezuela desde 1830. Desde que aprendíamos a leer y a escribir comenzamos a repetir una y otra vez que «el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad».
La responsabilidad de defender nuestros espacios territoriales se asumió plena y cabalmente por los gobiernos democráticos. Desde que se produjo el asalto de nuestra Guayana esequiba mediante el irregular Laudo de París en 1899, consecuencia de la indebida presión del Reino Unido de Gran Bretaña, el Estado venezolano, patriótica y dignamente representado, fue posible lograr que se suscribiera por las partes en discordia el Acuerdo de Ginebra de 1966, como una estratégica y conveniente vía para Venezuela a los efectos de superar el «atrincheramiento territorial» que se desprendía del comportamiento de los portavoces de las autoridades guyanesas.
Lamentablemente, esa estrategia que se reflejaba en todos los escenarios a los que acudían los embajadores plenipotenciarios que actuaban por encargo de las autoridades legítimas de la República de Venezuela, comenzó a desvariar a partir de que el presidente Hugo Chávez Frias dejó de lado la diplomacia de Estado, para poner en práctica una «diplomacia de amigos», ideologizada y supeditada a sus caprichosas relaciones con el régimen castrista. Están registradas en medios de comunicación y vídeos que perviven en las redes sociales, las versiones entreguistas, tanto de Chávez como de su sucesor Nicolás Maduro. Retumban en nuestra memoria agraviada las declaraciones de Chávez y de su canciller Roy Chaderton, en las cuales «exoneraban de culpa a Guyana, atribuyéndosela al imperialismo norteamericano». Ahora, de forma invertida e irresponsable, copan la escena las descalificaciones subidas de tono, incluidas amenazas absurdas en contra del actual mandatario de Guyana, disparadas en un segundo capítulo de esta desastrosa defensa del territorio venezolano por Maduro, en contra del Gobierno de David Granger.
Esa conducta revanchista de Maduro le sirvió de pretexto al Gobierno de Guyana para apartarse del esquema basado en conversaciones y mecanismos de solución pacífica que había perdurado durante más de cinco décadas, para emprender una táctica diferente que comenzó por solicitarle al secretario general de la ONU que procediera a llevar el caso ante la CIJ con base a la posibilidad de aplicar ese marco conforme a una posibilidad contemplada en el mismo Acuerdo de Ginebra para resolver la situación.
El zigzagueo de la diplomacia chavomadurista ha sido fatal para los intereses de nuestro país. Recordemos que Guyana desde la presidencia de Cheddi Jagan, pasó a ser una pieza sumisa e incondicional de Cuba. Los vuelos de Cubana de Aviación, que transportaban tropas cubanas a Angola, hacían escala en Guyana. Existen vídeos de Hugo Chávez declarando las razones por las cuales Venezuela abandonaba el reclamo del Esequibo. Discurseaba sobre «los pueblos hermanos y su lucha contra el internacionalismo», secundando los artificios de Fidel Castro, orientados a sostener esa base estratégica para Cuba, en América del Sur.
Después de esta seguidilla de errores, o más bien actos traicioneros al interés de la patria, Maduro inventa un referéndum absurdo y ridículo, en el que pretende preguntarle a los venezolanos cosas obvias como que «si reconocen que el caballo del Libertador Simón Bolívar era blanco». ¡Claro que el esequibo es venezolano! No hace falta preguntarlo.
Ante semejante disparate no puedo dejar de evocar aquella histórica decisión asumida por el presidente Carlos Andrés Pérez el 21 de junio de 1974, fecha en la que aparece publicada en gaceta Oficial número 30.430 la Ley por la cual se crea la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), órgano concebido para «prestar colaboración al Gobierno Nacional en todos los ramos de la política internacional». En la CARE se reunían los expresidentes de la República, ex cancilleres, más dos representantes de la Cámara del Senado y dos parlamentarios de la Cámara de Diputados del desaparecido Congreso Nacional. Eso era hacer política exterior y diplomacia de Estado, con grandeza y con espíritu de verdadero nacionalismo. No como ocurre ahora, con esa desfachatez propia de caudillos atolondrados que no saben cómo se defiende lo que históricamente nos pertenece.