CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro se opuso a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude la investigación contra Venezuela por las acusaciones crímenes de lesa humanidad cometidos durante la oleada de protestas antirégimen ocurridas entre abril y julio de 2017.
Durante la segunda audiencia en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional, los abogados del régimen alegaron que el fiscal Karim Khan no ha enviado información detallada sobre los presuntos delitos. El abogado Ben Emmerson señaló que la Fiscalía de Kham “nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no había edades, fechas o ubicaciones específicas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos”. Alegó que eso impidió «responder de forma práctica como estaba previsto y era requerido».
Por su parte, la fiscal Nivedha Thiru dijo que la Fiscalía no estaba obligada a entregar detalles al principio de la investigación, pero que los documentos que fueron remitidos a Venezuela eran “específicos y suficientes para que el Estado (venezolano) conteste y el fiscal (del TPI) tenga flexibilidad para proteger a las víctimas y testigos dado el contexto”. Agregó que en los documentos enviados a Caracas había «calendarios, el ámbito geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos”, reseñó elpais.com.
Asimismo, Venezuela hizo un envío de varios documentos considerados esenciales para el caso en idioma español en vez de hacerlo en francés o inglés, los idiomas que usa el TPI. Para Emmerson «no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas presentadas”.
En respuesta, la Fiscalía dijo que Venezuela sabía que esos documentos debían ser enviados traducidos al inglés o francés. Paralelamente, sostuvo que no se le solicitó expresamente el idioma en que debían estar los documentos “porque los Estados deben aportar la información requerida en una de las lenguas en las que se trabaja”.
En 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la CPI que abriera una investigación contra Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas ciudadanas de 2017. La fiscal de la CPI en ese entonces Fatou Bensouda dijo en 2020 que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte”.
La Fiscalía de la CPI, a cargo del fiscal Khan, abrió en noviembre de 2021 una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano en las protestas de 2017. En un viaje de Khan a Caracas, Maduro y el fiscal de la CPI firmaron un acuerdo de colaboración. Posteriormente, la Fiscalía recibió una solicitud de Venezuela para que la investigación fuese aplazada alegando que los delitos estaban siendo investigados por las autoridades venezolanas y que la CPI debía retirarse.
Sin embargo, en 2022, Khan pidió que retomaran las investigaciones. Para junio de 2023, la Sala de Cuestiones preliminares de TPI autorizó a Khan a reanudar la investigación. Venezuela presentó la apelación contra esta decisión, asunto que se dirime actualmente en las audiencias de la Sala de Apelaciones.
«Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI”, afirmó Emmerson en la audiencia. Pero la Fiscalía de la CPI sostiene que “la información sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco específica y no permite al Tribunal señalar que las investigaciones nacionales avancen”.
El régimen venezolano insiste en que los abusos contra los derechos humanos han sido castigados y juzgados por su propio sistema judicial. Sin embargo, opositores y expertos sostienen que las condenas emitidas a los agentes del orden solo fueron una medida para evitar un juicio real.
La CPI expresó su preocupación de que Venezuela no parece estar investigando adecuadamente las alegaciones de crímenes de lesa humanidad. Según el tribunal, las investigaciones nacionales se centran en los perpetradores directos o de rango inferior, sin abordar los elementos contextuales de los crímenes.