Saúl Hernández Bolívar,
Dice el incoherente Gustavo Petro que con los 30 millones trimestrales que cuesta el mercado de las casas presidenciales, comen alrededor de 40 personas; y que él detesta los lácteos, por lo que no podría señalársele de ser el que se traga millones de pesos en quesos. Sin embargo, llama la atención que esa dotación de las casas presidenciales esté llena de salsas, chocolates, embutidos y todos esos alimentos “ultraprocesados” a los que este gobierno les subió impuestos para que la gente no los consuma.
Aduce Petro que el objetivo de esos impuestos no es recaudatorio, sino que se tiene el propósito de mejorar la alimentación y, por ende, la salud de los colombianos. Pero esos gravámenes llegarán a superar los 7 billones anuales a partir de 2026, por lo que no puede decirse que el recaudo sea insubstancial. Con el agravante de que ese impuesto reducirá las ventas de ese tipo de productos y llevará a la quiebra a esos negocios que viven del chocorramo y la maltica. Sin duda, uno de esos arrebatos que aumentan la inflación y el desempleo, lo que termina siendo una moñona mortal.
Aparte de esa incoherencia, el mercadito presidencial tiene otro problema y es el del despilfarro de recursos. A los 40 empleados del Estado que comen de ahí no hay por qué darles ni un huevo: ellos tienen su sueldo. Conquistas sindicales aparte, los asalariados del sector privado pagan su alimentación y hasta cargan portacomidas. En muchas empresas, el café, las tisanas y el agua para el coffee break son pagados por los mismos trabajadores. Es que no puede seguir haciendo carrera el que los dineros públicos sean para pagar almendras de lujo para los visitantes de Palacio, o para que alcaldes como Daniel Quintero vivan sabroso pidiendo sushi a domicilio o comiendo en los restaurantes más costosos del país a cargo de la caja menor de la alcaldía.
El dinero de los contribuyentes no es para feriarlo entre la casta política, menos cuando la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) acaba de reportar que 3,5 millones de los colombianos pasan hambre y 15 millones más enfrentan escenarios de inseguridad alimentaria en el país. Por eso apuntan en la dirección correcta iniciativas parlamentarias como la de prohibir las “marcas de gobierno”, esa abominable práctica en que vienen incurriendo alcaldes, gobernadores, ministros y hasta el presidente mismo, en la cual adoptan eslóganes, colores, logotipos, fotos, música y demás para aplicarlos en papelería, vallas, vehículos, etc., durante su administración. En eso se vienen botando 2,5 billones de pesos al año en Colombia. Y aún no se prohíben esos periodiquillos que reparten los gobernantes para darse bombo. ¿Para eso es que se suben los impuestos, como el predial?
Lamentablemente, ya es demasiado con saber que nuestros impuestos terminarán financiando terroristas como los del ELN para que no sigan secuestrando y el ministro Velasco pueda dejar de hacerse el idiota preguntándose «¿y de qué vivirán?», como si no fuera de conocimiento público que esta gente vive del tráfico de narcóticos, del oro ilegal, de la extorsión —ese nuevo impuesto, según la OEA— y hasta del saqueo de las arcas públicas mediante contratación. No es con su dinero ni con recursos bien habidos que vienen inaugurando obras en muchos pueblos.
Se burlan de todos los colombianos. Ya con las Fuerzas Armadas debilitadas estamos a merced de los aliados de Petro, tanto que en la liberación de los secuestrados tiene que desfilar un carro de valores por pura «coincidencia». En otros tiempos, el presidente Álvaro Uribe Vélez los redujo a plomo y acabó con el secuestro. Por eso, raposas de la guerrilla, como las del grupo Alvear Restrepo, lo demandaron en Argentina, en espera de que un juez de izquierda le emita una orden de captura estando fuera de Colombia como hizo el abusivo Baltasar Garzón con Pinochet. Es un mensaje de advertencia para todos los colombianos de bien.