OMAR ESTACIO Z.,
¿Despertará, por fin, ese mastodonte dormido o dormida que, plácido o plácida, yace en La Haya?
La supuesta Corte Penal Internacional, CPI, aún antes de su creación, 25 años atrás, ha estado tachonada por escándalos de todo tipo. En masa o sucesivos, unos tras otros. Lo que nos ha llevado a dudar si la supuesta Jurisdicción Penal Universal no existe más que en nuestra imaginación.
Agresiones sexuales y laborales, que han obligado a las víctimas a obtener de la justicia ordinaria fallos reparatorios; ineficacia, ineficiencia, mucha holgazanería, incluido encubrir o cohonestrar crímenes aberrantes; tráfico de influencias, en la propia CPI o irradiados desde esta última, a bancos privados, contratistas y entes de los Estados nacionales nacionales; racismo, para ser precisos, del más rancio supremacismo blanco, lo que llevó a varios Estados africanos a denunciar y separarse del Tratado de Roma; hallazgo de cuentas en paraísos fiscales, para lavar a través del nepotismo, el dinero negro generado en el referido antro. ¿Mencioné las mafias judiciales que pululan alrededor de la CPI, en una de las cuales, manos en la masa, ha sido descubierto cierto rábula español? Que no se me olvide hacer referencia a ese latrocinio.
Meses atrás, cuando el actual Fiscal Jefe ante la CPI anunció la apertura de una oficina en Caracas, no para investigar mejor y a mayor profundidad los crímenes que perpetra a diario la narcotiranía, sino para impartirles a nuestros sicarios locales, seminarios o sesiones de “mindfulness” sobre la independencia judicial, como si esta última no dependiera de la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, pensamos que todo estaba perdido.
No obstante, algo bueno podría estar pasando en La Haya, en este momento. Al extremo, que la representación del gobierno gamberro, desde el banquillo de la CPI, donde estuvo sentada la pasada semana, se quejó de la ¡politización de la protagonista de la presente crónica! No le escuchamos tal queja cuando quien fue su embajadora ante la Asamblea de la referida Corte hacía jactancia pública junto a cubanos del G-2 de valimiento con la dama que, en muy mala hora fue Fiscal jefe de la referida Corte.
No obstante, la coda del bochorno, la impericia, la torpeza, estuvo a cargo del Canciller del gobierno forajido, cuando apuntes en mano y en persona, pasó revista del rendimiento de la CPI, a razón del número de casos resueltos por año, comparándolos con las supuestas estadísticas de los tribunales venezolanos. Todo para concluir, palabras más, palabras menos, con el alegato siguiente: “Si nosotros somos incompetentes, incapaces, holgazanes -se olvidó lo de muy corruptos, señor Canciller- más incompetentes, incapaces y holgazanes serán ustedes, honorables magistrados de la CPI. Y si la cosa es así, en lugar de La Haya, es preferible que la presente investigación de crímenes abominables sea remitida pa’ los tribunales de la República Bolivariana». Con defensores como ese, nuestros criminales de lesa humanidad no necesitan detractores.
Para que se lleguen a concretar, en estos días, unas posibles medidas efectivas de la CPI, quizás, ha prevalecido el activismo de las víctimas, incluido el clamor por la, hasta ahora, impunidad de tales crímenes. Quizás, los propios magistrados se han percatado que no actuar, como lo manda Dios, la Ley y la decencia, en el caso Venezuela, equivaldría a la liquidación de esa Corte y la consiguiente pérdida de sus propios empleos o sinecuras. “Las mejores acciones suelen hacerse por los peores motivos”. En cualquier caso, ya resultan inocultables los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionariado de la narcotiranía local. Desde el más barriobajero, torturador o asesino, hasta el jerarca de lo más alto en la cadena de mando, léase, el narcotirano, sus ministros y sus respectivos facilitadores.
Hagamos votos por que la CPI no demore otro cuarto de siglo para ordenar las primeras capturas. Chávez se marchó sin pagar, en esta Tierra, sus crímenes atroces. La historia no debe repetirse.
Por cierto: Que no se me olvide mencionar, el caso de rábula español, traficante de influencias en la CPI, para lucrarse a costa de nuestros muertos, torturados, de nuestras víctimas de toda clase de lesiones de sus derechos humanos.