Los trabajadores de la Alcaldía de Santiago de Chile están de brazos caídos. En las dependencias de la municipalidad dirigida por la comunista Irací Hassler comenzó un paro indefinido de actividades debido a los “abusos y la imposición de jefaturas tácticas que pisotean a los profesionales de carrera”.
Es la explosión de una crisis laboral. De esa forma lo plantea la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago en un comunicado en el que cuestionan la falta de “canales de diálogos formales” para enfrentar el conflicto. “Esta movilización tiene como objetivo que la administración tome cartas en el asunto. Nosotros no soportamos más la situación. El 26 de octubre, durante el Día del Funcionario Municipal, se entregó una carta a la municipalidad con todos los antecedentes, pero hicieron oídos sordos”, indican.
“Los abusos comenzaron desde que se instaló esta administración municipal, con desconfianza hacia los funcionarios de carrera, cuestionando nuestra trayectoria y experiencia, desplazándonos. Nunca habíamos visto algo de este calibre,” declaró Nora Muñoz, miembro de la organización a PanAm Post, quien ratifica la medida “indefinida” asumida en una asamblea extraordinaria divulgada en redes sociales.
El impacto en la ciudad por el paro de los trabajadores de la municipalidad de Santiago ya es visible. Los residentes de la capital chilena comienzan a compartir imágenes en las redes sociales de la acumulación de basura en las calles.
Una gestión con irregularidades
El descontento con Hassler al interior de la municipalidad –compuesta por unos 7000 trabajadores– es una constante que ahora derivó en un paro indefinido. La situación detonó con el informe N° 750 de 2021 que cuestiona el desembolso de pagos a funcionarios por horas extras durante la gestión de su antecesor, Felipe Alessandri, e incluso los beneficios otorgados a un empleado con Parkinson por tener firma defectuosa.
El documento tiene “enormes errores e imprecisiones, que pudieron ser aclarados si hubiese eficacia y profesionalismo de parte de quienes debieron hacer las reparaciones del caso”, manifestaron los funcionarios en febrero del año pasado cuando protagonizaron el primer paro de trabajadores.
La grieta se profundizó tras conocerse que la alcaldesa comunista de la capital chilena aprobó más de un millón de dólares para abultar la nómina de la institución con la contratación de 754 nuevos funcionarios en dos años de gestión con el fin de armar una base política antes de los comicios de 2024, en los que buscará la reelección.
Las contrataciones comenzaron en junio de 2021, mes de la toma de posesión del cargo de la alcaldesa Irací Hassler en Santiago. Sin embargo, esto se ha ido incrementando, de acuerdo con el concejal Juan Mena, de Renovación Nacional, quien indicó que “hoy día, en dos años y medio de esta alcaldía, se ve que lo que se está haciendo es usar la municipalidad de Santiago como una oficina de empleo del Partido Comunista”.
Contrataciones desmedidas
Mena descubrió el aumento del personal, luego de solicitar a la Secretaría Municipal los antecedentes sobre nuevas contrataciones. En el documento que obtuvo consta que hasta abril de 2023 se produjeron 754 ingresos nuevos en la municipalidad, demandando un desembolso de más de 930 millones de pesos chilenos (alrededor de 1 millón de dólares) mensuales, agudizando así el escándalo de corrupción que arrastra Hassler por intentar comprar una clínica con sobreprecio.
Al respecto, Juan Mena dijo a PanAm Post que “hoy se está ocupando el municipio de Santiago prácticamente como una sucursal laboral del Partido Comunista, porque la cantidad de funcionarios que han metido multiplica por 10 la cifra de funcionarios bajo la anterior administración del exalcalde Alessandri, que sumó 100 funcionarios en cuatro años. Ahora, una administración va bordeando los 1000 funcionarios”.
Las posibilidades de verificar el cumplimiento de sus roles también superó a Irací Hassler, considerando que en los camiones recolectores de basura adscritos a la alcaldía de Santiago de Chile se traficaba drogas en la capital. Una denuncia anónima delató el negocio ilícito de funcionarios de la Dirección de Aseo y Mantenimiento de la municipalidad que pasó inadvertida para la alcaldesa, quien está inmersa en otra investigación por presunto fraude al fisco.