CIUDAD DE GUATEMALA.- En una movida que agrega más incertidumbre al panorama político de Guatemala, la Fiscalía del país anunció este jueves su intención de retirar el fuero al presidente electo, Bernardo Arévalo, por su presunta implicación en la ocupación de una universidad en 2022. Este anuncio llega a menos de dos meses de que Arévalo deba asumir el cargo.
«El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros», sostuvo el fiscal Saúl Sánchez.
Estas acciones se suman a las tensiones políticas generadas por las recientes detenciones de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada del presidente electo, en relación con la ocupación de una universidad pública en 2022. Los cargos incluyen «usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita», según Moisés Ortiz, vocero del Ministerio Público.
La ocupación de la universidad tuvo lugar entre mayo y junio de 2022 como respuesta a denuncias de fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei. En los operativos de este jueves, la estudiante y activista Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Semilla, fue detenida. Cabe destacar que Semilla fue inhabilitada este mes por decisión judicial.
Ante estas acciones, el presidente electo Arévalo denunció en redes sociales lo que él llama un «golpe de Estado en curso» para evitar su asunción al poder el 14 de enero. Además, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de Arévalo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla.
La tensión política alcanzó su punto álgido el miércoles en el Congreso, donde, casi simultáneamente al anuncio de la Fiscalía, se eligieron los miembros de la Corte Suprema, una decisión pendiente desde 2019. Al cierre de la sesión, manifestantes confrontaron a diputados, generando disturbios con la policía, que hoy mantiene la seguridad del edificio con cerca de 2.000 uniformados.