MIAMI.- El gobernador de Texas Greg Abbott tiene la firme intención de aprobar el proyecto de Ley 4 del Senado (SB4 en inglés), que convertiría en delito estatal cruzar a ese estado desde México ilegalmente. Pero muchas voces se han sumado a protestar porque su puesta en vigor violaría la Constitución de Estados Unidos y además deja sin resolver el problema migratorio en la frontera.
Tres jueces de Texas le enviaron una carta al presidente Joe Biden, fechada el 20 de noviembre, en donde le piden que detenga la entrada en vigor de la legislación. La misiva está firmada por la magistrada del condado de Harris, Lina Hidalgo, quien lidera la acción y los jueces Andy Brown del condado de Travis y Ricardo A. Samaniego del condado de El Paso.
En esta misiva se señala que la propuesta legislativa “apunta en una dirección de violación de la jurisdicción del gobierno federal sobre la ley de inmigración”.
Los funcionarios del condado dijeron además que la legislación dañará el vínculo entre Estados Unidos y México y destacaron que esa no era la vía para resolver la situación actual con los inmigrantes.
En la práctica, la ley SB4 permitirá y, a veces exigirá, a jueces de todo el estado de Texas deportar a personas, incluso si están en proceso de solicitud de asilo. Los oficiales de policía, cuya eficacia depende de los estrechos vínculos con sus comunidades locales, ahora estarán a cargo de detener a los inmigrantes para su deportación, explicaron en la carta.
“La inmigración, como problema, es fácil de armar por razones políticas. A lo largo de la historia, los políticos han explotado el miedo al otro para obtener beneficios, pero las soluciones efectivas no se soportan con posturas políticas peligrosas. Los inmigrantes que huyen de la dictadura y la violencia en países como Venezuela o Colombia, que están dispuestos a poner en riesgo sus vidas simplemente para cruzar la frontera, no se sentirán disuadidos por la amenaza de una posible deportación. Una legislación como la SB4 no es la solución”, manifestaron en la carta dirigida a Biden.
Cancillería mexicana
La Cancillería mexicana en un comunicado señaló que la ley SB4, ya aprobada por el Congreso de Texas y lista para que el gobernador Greg Abbott la firme, implica una “criminalización” de la población migrante y “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”.
“El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, dijo el ministerio mexicano de Relaciones Exteriores.
Abbott está listo para firmar
La Cámara de Representantes de Texas le dio luz verde a este proyecto de ley hace unos días y ahora solo queda esperar que llegue al despacho del gobernador Greg Abbott para su rúbrica.
La Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación final al Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) junto con otra medida para agregar más de 1.500 millones de dólares al presupuesto estatal para barreras físicas en la frontera con México, informó KUT.
Previamente, Abbott había manifestado que no le sorprendería que la medida llegara a los tribunales, pero según ha expresado el esfuerzo que se hace es producto de lo que define como falta de acciones por parte de la administración de Joe Biden en materia de inmigración. Asimismo, en su cuenta de X (antes Twitter) escribió que esperaba “con ansias” la firma de la ley SB4, reportó el diario La Nación.
“Espero firmar el Proyecto de Ley Senatorial 4, que crea sanciones por entrada ilegal a Texas y autoriza la expulsión de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera”. En ese contexto felicitó a los senadores que llevaron adelante “este progreso histórico para la seguridad fronteriza”.
Despliegue táctico en Texas
El gobernador Greg Abbott anunció desde mayo el despliegue de la nueva Fuerza Fronteriza Táctica de Texas en la frontera entre esa localidad y México para responder a la creciente crisis fronteriza momento en el cual se dieron declaraciones oficiales en torno a esa política.
Con el presidente Joe Biden poniendo fin al Título 42 , el Gobernador buscó mejorar los esfuerzos de seguridad fronteriza sin precedentes de Texas con el despliegue táctico de cientos de soldados de la Guardia Nacional del estado para unirse a los miles ya desplegados como parte de la Operación Estrella Solitaria y servir en la nueva fuerza fronteriza, buscando respuestas específicas mientras la nación se prepara para un esperado aumento en la inmigración ilegal se dijo en un informe.
«Las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden han creado una crisis continua en la frontera sur a medida que niveles récord de inmigrantes ilegales, drogas mortales y armas llegan a Texas. Texas está tomando medidas históricas para responder a esta crisis fronteriza», se lee en el portal oficial de la Gobernación de Texas.
Resumen del proyecto de ley
La S.B. 4 cambia la relación entre el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la policía local de dos maneras, según Txcatholic. La policía debe cumplir con las peticiones para transferir prisioneros locales a la custodia del ICE. Si un sheriff o jefe de policía libera a una persona arrestada cuando el ICE solicita su detención, serán removidos de sus cargos y castigados con una multa de $ 4.000 y/o un año en la cárcel. Segundo, los gobiernos locales deben permitir que sus policías y abogados:
Investiguen la situación jurídica de una persona arrestada o detenida
Envíen información sobre el estatus legal al ICE
Ayuden al ICE a hacer cumplir la ley de inmigración
Permitan que el ICE entre en las cárceles locales.
A la policía se le permite, por ejemplo, solicitar el estatus legal de alguien detenido por una infracción de tráfico. Si un gobierno local prohíbe a la policía y a los abogados llevar a cabo estas cuatro acciones será castigado con una multa de $ 25.000 por día.
yojeda@diariolasamericas.com