MIAMI — Estados Unidos restringió el lunes las visas a cerca de 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de un centenar de congresistas y empresarios alegando que “socavan la democracia”, en momentos en que la fiscalía de la nación centroamericana avanza con investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de los comicios presidenciales que fueron certificados por la máxima autoridad electoral.
La fiscalía de Guatemala acusa al partido Movimiento Semilla de irregularidades.
Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales han condenado y consideran como un supuesto intento de golpe de Estado las acciones del Ministerio Público de Guatemala a casi un mes de la fecha pautada para la asunción del presidente electro Bernardo Arévalo.
El gobierno del presidente Joe Biden no reveló los nombres de los guatemaltecos sancionados. Las leyes de Estados Unidos consideran la información de visado como confidencial y por tanto no puede ser difundida de manera pública.
“Estas acciones fueron tomadas para restringir la emisión de visas a funcionarios guatemaltecos actuales o anteriores y a otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el Estado de Derecho en ese país”, expresó un portavoz del Departamento de Estado que pidió no ser identificado siguiendo la política del gobierno.
Arévalo ha denunciado que las medidas son “un golpe al corazón de nuestra democracia” y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, ha asegurado que los resultados de los comicios son irreversibles y que el presidente y vicepresidenta electos deberán tomar posesión el 14 de enero, pues de lo contrario “habría un rompimiento del orden constitucional”.
Las restricciones de visas impuestas por Washington incluyen también a familiares de los funcionarios, empresarios y congresistas, dijo el Departamento de Estado.
Las medidas son parte de una política de restricciones de visa anunciada en 2021 para funcionarios y personas de Guatemala, Honduras o El Salvador que se cree son responsables o cómplices de socavar la democracia. Con este tipo de acciones el gobierno estadounidense busca apoyar a ciudadanos, organizaciones, negocios y al público en general de los países de Centroamérica.
Las acciones de la fiscalía “constituyen una evidencia de su claro intento de deslegitimizar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir una transición pacífica del poder”, a juicio del Departamento de Estado.
Además de las acciones contra el presidente electo, mencionó otras acciones antidemocráticas, entre ellas la eliminación de la inmunidad a magistrados electorales, la persecución a miembros de la oposición, la intimidación a manifestantes, allanamientos a instalaciones donde se guardan registros electorales y la apertura de urnas.
“La población guatemalteca ha hablado” con su voto, indicó el gobierno de Biden en el comunicado. “Sus voces deben ser respetadas”.