Saúl Hernández Bolívar,
El presidente Petro no ha avanzado mucho en su propósito de destruir a Colombia; acaso su “agenda privada” no le deje mucho tiempo ni energías para sus desvaríos, aunque no puede negarse que, sin pausa, pero sin prisa, ha puesto de patas para arriba a varias instituciones, haciendo retroceder al país en muchos aspectos. Y esto ocurre semana tras semana: los últimos días no han sido la excepción.
Como puede observarse a menudo, Petro no solo no respeta la separación de poderes sino que pretende imponerse sobre ellos mediante extorsión y castigo, como con las altas cortes, a las que amenaza con reducirles el presupuesto, o untándoles las manos, como a los legisladores, para comprar sus decisiones. En cualquier caso, no es lo mismo de siempre, es aún peor porque es «el gobierno del cambio».
Es así como el soborno del gobierno de Petro a la Cámara de Representantes derivó en la aprobación de la nefasta reforma a la salud en su segundo debate. El año próximo le esperan dos debates en el Senado —en la Comisión Séptima y la Plenaria— donde seguramente ocurrirá lo mismo: el gobierno la hará aprobar con un soborno vulgar haciendo circular dinero a rodos porque, aunque los senadores son mucho menos que los representantes, han vendido la falsa idea de que son más críticos de esta reforma siniestra, haciendo más caros sus votos.
Se preguntan muchos por qué los padres de la patria cooperan con quien desea destruir un sistema que funciona bien, y que si acaso ellos y sus familias no van a terminar sufriendo el perjuicio de soportar un sistema que no beneficie su salud. Lamentablemente, la respuesta es tenebrosa. Se dice que los políticos ya son conscientes de que en Colombia se va a repetir la historia de Venezuela y, por tanto, para ellos es mejor aceptar el dinero que les permita vivir bien en el extranjero, lo que incluye el poder pagar una buena atención en salud.
Pueda ser que esa explicación sea exagerada y no haya tal cálculo entre los congresistas, pero lo cierto es que la reforma va perfilando un sistema de salud que verdaderamente se percibe como algo estrepitoso: un sistema que costará más de 17 billones de pesos adicionales cada año; un sistema que requiere 2.500 centros de atención prioritaria para atender en cada uno de ellos a cerca de 25.000 personas, y que podrían tardarse décadas en construirse o adecuarse; un sistema que va a depender del manejo político de gobernadores y alcaldes, y que va a pagarles a las clínicas el 85 % de las facturas sin auditar. Son más de 90 billones de pesos (para 2024) que les cuesta el sistema a los colombianos. Con la reforma, ese será el botín de los políticos, dejando al garete la salud de todos.
Pero es que en los más diversos órdenes terminamos un año plagado de irregularidades. Cuesta trabajo creer que el gobierno haya pactado con las disidencias de las Farc la salida del Ejército de la zona de El Plateado, Cauca, después de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, según confesión del mismísimo ministro de Defensa, el inefable Iván Velásquez. Es que el país se les ha entregado a los bandidos con el cuento de la paz total.
Tan es así que se le permite al ELN seguir secuestrando y extorsionando mientras se mantiene en una mesa de conversaciones dialogando acerca de la paz con un gobierno obsecuente que no le exige nada. Se tolera que uno de sus cabecillas, el terrorista Antonio García, se burle de los colombianos afirmando que el ELN no secuestra, que solo tienen «prisioneros y retenidos». ¡Qué cinismo! Otro secuestrador y asesino que, en vez de pagar una cadena perpetua, como debería ser, terminará como senador de la República dándonos cátedra de moral.
Como si fuera poco, ahora viene Petro a reconocer que el área del pacífico colombiano está en manos de las mafias mexicanas, aliadas con las diversas organizaciones alzadas en armas con el fin de facilitar la producción y el tráfico de narcóticos. Una minucia junto a su delirante aseveración de que “nadie debería ir a una cárcel porque eso es solo una venganza”. Es que la impunidad es su concepto de justicia.
Y así vamos en todo. Un presidente megalómano y corrupto que se llevó una comitiva de 378 personas a la cumbre climática de Dubái cuando hace un año llevó solo 30 personas a Egipto. Esta vez triplicó a un país como México y llevó la mitad de los delegados de la primera potencia del mundo, los EE. UU. Y semejante malversación de fondos tan solo para anunciar que Colombia no va a firmar más contratos de explotación de hidrocarburos porque le comprará gas a Venezuela.
Dos aviones repletos hasta Dubái, pagados por el ahorcado contribuyente colombiano, al que se le prometió «vivir sabroso». Esos mismos pesitos que malgasta la vicepresidenta para ir a abrazar al papa al Vaticano. Billetes que se esfuman en una ridícula expedición a la Antártica en un buque de la Armada Nacional que por cerca de tres meses estará desarrollando “investigaciones científicas” que las potencias han hecho desde hace más de 100 años y cuyos resultados figuran en los libros de texto, esos que poco conocen nuestros estudiantes, como lo demuestran las pruebas Pisa.