MIAMI — La crisis de inmigración que se vive en la frontera sur de Estados Unidos se acrecienta durante las festividades navideñas, miles siguen llegando a diario, mientras las negociaciones en el Congreso -ahora en pausa- dan vista de un posible acuerdo fronterizo, que recrudecería las medidas migratorias y frenaría el ingreso masivo de migrantes, a cambio de la liberación de la ayuda a Ucrania.
El “cambio transformador” que esperan los republicanos en la frontera sur del país podría comenzarse a implementar en enero, cuando el Capitolio reanude sus actividades parlamentarias, si el personal de la Casa Blanca y los senadores logran avanzar en la redacción de una nueva legislación fronteriza -como prometieron- durante los días de receso.
Pese a que las negociaciones se extendieron hasta el 20 de diciembre, en parte, a la tardía participación de la Casa Blanca, los senadores no lograron alcanzar un acuerdo con la administración de Joe Biden, posponiendo la aprobación de la ayuda para la guerra en Ucrania, cuyos recursos ya penden de un hilo, para el año nuevo.
Un financiamiento supeditado a la migración
Mientras se recrudece la crisis en la frontera con el ingreso diario de más de 10.000 personas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, sigla en inglés), y ante los rumores de cierre, el temor de quedar a la intemperie y la ansías de alcanzar el anhelado sueño americano, los migrantes se aventuran a cruzar en tiempo récord a territorio estadounidense.
“Desde el sur de Texas hasta el sudeste asiático y desde el Mar Negro hasta el Mar Rojo, es un momento históricamente desafiante y trascendental para proteger los intereses de Estados Unidos, nuestros aliados y nuestro propio pueblo”, expresó el senador republicano, Mitch McConnell, durante su discurso de fin de año.
El líder republicano, que ha sido un partidario clave de la ayuda a Ucrania y ha intentado durante meses conseguir el apoyo de su partido para aprobar los recursos que requieren para hacer frente a la invasión rusa, desde octubre ha dejado claro a los altos funcionarios de la Casa Blanca que cualquier financiamiento está supeditado a cambios en la política fronteriza.
¿Nuevo pacto?
El próximo miércoles 27 de diciembre, altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden viajan a México, en un intento de buscar nuevas medidas para frenar la desbordada inmigración irregular.
Por su parte, la CBP advirtió a los migrantes que habrá consecuencias si ingresan de manera ilegal a Estados Unidos. «Es posible que se le regrese a su país de origen si se determina con rapidez que usted no cumple los requisitos de asilo», dijo la agencia.
Entre tanto, una caravana con miles de migrantes avanzaban el día de Navidad a pie por las carreteras del sur de México con la aspiración de que las autoridades mexicanas les permitieran llegar hasta la frontera con Estados Unidos. El grupo constituido por unas 6.000 personas son de diferentes nacionalidades, pero la mayoría proceden de Centroamérica, Venezuela y Cuba.
Una crisis sin precedentes
EEUU cerró el año fiscal 2023 con una crisis migratoria sin precedentes, tras haber recibido la exorbitante cifra de más de 3,2 millones de inmigrantes, según datos de la CBP. Este es un número que no ha hecho más que incrementarse, con la entrada de 617.865 extranjeros durante los meses de octubre y noviembre, lo que representa una media de más de 10.200 ingresos diarios.
La falta de acción eficiente ante la abrumadora crisis que se vive en la frontera sur ha sido duramente criticada tanto por demócratas como por republicanos, quienes se muestran cada vez más preocupados ante esta crítica realidad que, aseguran, pone en riesgo la seguridad nacional.
Parole humanitario
Hasta el momento, la administración Biden ha implementado una serie de programas que tienen como objetivo gestionar una migración ordenada, principalmente, para aquellos ciudadanos que provienen de Centroamérica, Colombia, Cuba y Venezuela.
Entre ellos se encuentran, el parole humanitario, que se debate los tribunales de justicia, debido a que 20 estados republicanos han interpuesto una demanda contra las medidas del gobierno democráta.
También están el programa de reunificación familiar, la aplicación CBP One y la apertura de oficinas en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, ninguno de estos programas gubernamentales han dado los resultados esperados y, por el contrario, republicanos consideran que el gobierno “fomenta” la migración ilegal con la extensión de permisos de trabajo a miles de indocumentados.
Reforma al sistema de asilo
Ahora, los negociadores del Senado mantienen en vilo la ayuda humanitaria a Ucrania a cambio de recrudecer las medidas migratorias existentes, enfocados, primordialmente, en el sistema de asilo, la seguridad fronteriza y las deportaciones de inmigrantes ilegales.
Una reforma al sistema de asilo ha sido una de las primeras exigencias republicanas, pues estos aseguran que muchos extranjeros “abusan” de ella al solicitar el asilo para acceder a la “protección legal automática” que admite el Estado, aún cuando no existen causas reales para solicitarlo.
Los senadores tratan de garantizar que los inmigrantes que tienen un reclamo creíble de asilo puedan acceder al mismo de manera segura, pero abogan para que los funcionarios de inmigración puedan rechazar rápidamente a quienes no califican.
Muchas de estas personas, aseguran algunos críticos, fracasan en sus esfuerzos de obtener el asilo, pero, debido al retraso que existe en los tribunales de inmigración, cuando reciben la decisión final, han pasado años en el país, por lo que es más difícil y costoso deportarlos.
Actualmente, los casos de solicitudes de asilo atascados en la Corte de Inmigración han alcanzado la exorbitante cifra de 3.075.248 hasta noviembre de 2023, siendo Florida el estado que más atrasos registra, con más de 454.434 casos.
Seguridad de la frontera sur
Inicialmente, el gobierno de Biden pidió al Congreso un fondo adicional de 13.600 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera sur, sin embargo, los republicanos consideran este monto insuficiente para implementar los cambios transformadores que se requieren en la zona.
Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estos fondos permitirán enviar 1.300 funcionarios e investigadores suplementarios a los puertos de entrada para controlar la oleada migratoria y detener el flujo del letal fentanilo.
Además, tienen previsto contratar 1.400 abogados y personal de apoyo a los casos migratorios, y 2.700 funcionarios de asilo.
Así que, aunque todavía no se ha llegado a un consenso en este punto, es seguro que miles de millones de dólares destinados a reforzar la seguridad en la frontera formarán parte de este acuerdo.
Limitar el número de cruces y acelerar deportaciones
Republicanos y demócratas también discuten la adopción de un posible compromiso que fijaría un límite para el número de cruces en la frontera, tras el cual se aplicarían medidas más estrictas, que permitan las expulsiones rápidas de los migrantes que ingresen ilegalmente a EEUU.
Biden aceptaría, en principio, limitar las concesiones de asilo a 5.000 por día, cuando el ingreso diario actual duplica esta cifra. De lograr este consenso, también se permitiría las detenciones de algunos migrantes mientras se les examina para detectar las solicitudes de asilo que se consideren válidas, de acuerdo con la política de miedo creíble, para que aquellos que no pasen la prueba sean devueltos inmediatamente.
Además, los senadores estudian la posibilidad de equipar a los solicitantes de asilo con un GPS, como los que se utilizan en los arrestos domiciliarios.
Los republicanos también piden a la administración Biden que reduzca significativamente la cantidad de visas humanitarias que otorga, con las cuales ha favorecido a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, principalmente. Y proponen la deportación acelerada de quienes llevan menos de dos años en el país y no han solicitado asilo, independientemente del sitio de EEUU en dónde se encuentren.
Sin embargo, habrá que esperar hasta el 8 de enero, cuando reanuden las sesiones en el Congreso, para conocer el alcance del acuerdo que logren los senadores con la Casa Blanca a cambio de desbloquear la estancada ayuda a Ucrania.