BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
«Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular», dijo en una entrevista con La Nación+ en la que pidió a los congresistas que expliquen el por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente».
Milei consideró que quienes se oponen «no tienen conciencia de la gravedad de la situación» y alegó que quienes se manifiestan en contra de sus medidas «no pueden aceptar que perdieron» y que la «población eligió otra cosa».
«Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley», aseveró el mandatario, que apuntó a que los legisladores contrarios «no pueden morder» más sobornos.
Milei retó a sus opositores a que «intenten» desestabilizar su administración, al tiempo que aseveró que «los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo» que supongan las medidas económicas, aunque alertó que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos.
El presidente manifestó que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), es «consistente» con lo que prometió y señaló que «no hay tiempo» y que se requiere de «un shock de libertad y anticasta» en la economía porque «la situación es realmente complicada».
Este miércoles, se conoció que el juez laboral Ignacio Ramonet rechazó una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pedía la suspensión de varias modificaciones contempladas en el decreto. El magistrado argumentó que este último todavía no se encuentra vigente y no existen razones “graves y objetivamente impostergables… que habiliten el dictado de una medida cautelar interina”.
Mientras eso ocurría, integrantes de la CGT y de varias organizaciones sociales del país se manifestaban ante la sede del Poder Judicial en contra del decreto. Además, de la CGT, participaron en la protesta las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que representa a los que realizan tareas de manera informal.
El decreto sí cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina -que reúne a los principales empresarios del país-, la cual lo calificó como “una oportunidad histórica” porque apunta a combatir “el tamaño excesivo del Estado” y las “muy negativas consecuencias” que han tenido los déficits en cuentas públicas durante décadas.
Los empresarios cuestionaron que el sector privado haya estado sometido “a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior”.