BOGOTÁ.- El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagar a los grupos armados ilegales para que dejen de cometer delitos y pidió al mandatario fijar una «postura clara e inamovible» en línea al respeto a los derechos humanos.
«El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley», dijo Camargo, que agregó que «reducir la libertad a una transacción y aceptarlo, sería anular el respeto por la dignidad humana».
Camargo se refirió en sus declaraciones al proceso de paz que lleva adelante el gobierno de su país con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual no ha culminado aún en un acuerdo mientras este grupo sigue delinquiendo.
«No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz», expresó el Defensor del Pueblo, que afirmó que «seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable», reseñó Semana.com.
Camargo consideró que de llegarse a concretar una financiación a los grupos armados y se les solicite a cambio que paren de cometer delitos sería aceptar la propuesta que hizo el cabecilla del ELN, Antonio García, según la cual el gobierno financiaría el cese al fuego. En su opinión, eso sería muy negativo para Colombia.
«Al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle la libertad a quien está en cautiverio», indicó.
Por eso, Camargo instó al presidente Petro a que «tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”.
El pasado 29 de diciembre, Petro exhortó a los grupos armados a dejar las armas al tiempo que el Gobierno se compromete a invertir en una posible financiación para que no sigan delinquiendo.
“Ese es el camino que yo creo que es el de la paz. Yo les diría a los grupos armados, todos: oiga, hagamos un pacto con el Gobierno. Que el pueblo decida. Esa sería mi opinión, dejemos que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuánta plata hay que invertir», dijo Petro durante una visita a Arauca.
El mandatario aseguró: “el Estado se compromete a poner la plata y los grupos armados se comprometen a que el fusil se oxide, punto. No nos volvemos a matar entre nosotros. Vamos a construir conjuntamente la prosperidad, pueden ser cooperativistas del cacao, del chocolate, del ganado, de lo que queramos”.
El comandante del ELN dijo a finales de diciembre que sólo se cumplirá un acuerdo para suspender los secuestros de civiles para pedir un rescate si el gobierno mantiene su promesa de financiar proyectos que puedan proporcionar fuentes alternativas de ingresos a los miembros del grupo.
En una columna publicada el día de Navidad, García alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre, cuando anunciaron que la guerrilla había acordado poner fin a los secuestros, si se prorrogaba el alto el fuego con el gobierno en 2024.
García dijo que si bien se alcanzó un acuerdo de ese tipo durante una reciente ronda de negociaciones de paz celebrada en Ciudad de México, el gobierno también había acordado en las negociaciones crear una comisión que encontraría formas de financiar las negociaciones de paz y el actual cese del fuego, y determinar qué tipo de actividades serán financiadas.
García escribió que los fondos públicos para el cese del fuego deberían estar ligados a la suspensión de los secuestros.
“La paz no es para que sólo gane una sola parte, sino todos, sobre todo el país”, escribió.
El conflicto entre el gobierno y el ELN se remonta a la década de 1960. El grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, pero el ELN aún tiene entre 2.000 y 4.000 integrantes en Colombia y en la vecina Venezuela.
Las actuales negociaciones entre ambas partes comenzaron en noviembre de 2022. Si bien produjeron un cese del fuego de seis meses que termina el 30 de enero, no se han producido muchos avances en otros frentes.
El Ministerio de Defensa de Colombia dijo que el grupo tiene a por lo menos 38 personas secuestradas.