La izquierda en Chile afronta el 2024 con el objetivo de recuperar la presidencia del Senado en la próxima legislatura, que dará inicio el 15 de marzo. Los partidos oficialistas en la Cámara Alta evalúan con urgencia las fichas que presentarán en las elecciones de la directiva del hemiciclo.
Sin embargo, conseguir los votos para asegurarse la presidencia del Senado parece un desafío complicado para la coalición que representa al gobierno de izquierda liderado por Gabriel Boric. Esto se debe a que el pacto de “alternancia” previamente acordado con las organizaciones opositoras quedará sin vigencia para la venidera jornada.
Con esta situación clara, las nominaciones para la presidencia del Senado chileno requerirán estrategia por parte de la coalición del Ejecutivo, buscando suceder al senador de derecha Juan Antonio Coloma, una figura de consenso no solo dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
A mendingar votos
Buscar votos o competir con senadores que ya cuentan con una reputación mínima son las únicas opciones viables para la izquierda en su intento de lograr la presidencia del Senado chileno. Esta situación se presenta después del escándalo de corrupción que ha puesto al Ejecutivo en la mira de la Fiscalía y la Contraloría.
Ninguna de las dos opciones parece fácil de tomar. En cuanto a los votos, de los 50 en juego en el Senado, Chile Vamos, la coalición opositora, cuenta con 24 senadores, el socialismo democrático con 18, la coalición del gobierno “Apruebo Dignidad” mantiene cinco, los independientes sin pacto otros dos y el Frente Socialcristiano uno más.
Anteriormente, cuando el representante de la UDI se convirtió en presidente del Senado con 42 votos a favor y una abstención en una elección con seis senadores ausentes, primó el acuerdo. Ahora, la negociación será inevitable porque no hay pacto vigente y ni la oposición ni la izquierda tienen la mayoría. Según ExAnte, las cartas de la izquierda son los senadores oficialistas Loreto Carvajal y Pedro Araya, ambos dirigentes del Partido por la Democracia (PPD), una agrupación que aboga por un cambio de gabinete desde que trascendió el desembolso de recursos a fundaciones aliadas de Boric.
Esta estrategia está en marcha, considerando que este año es crucial para el gobierno concretar la reforma de pensiones y el pacto tributario. “La gente espera soluciones de la política, no mezquindades ni peleas”, dijo el presidente en su cadena nacional para despedir el 2023, luego de pedir una “salida de las trincheras”.
Hemiciclo revuelto
El Senado chileno enfrentará una nueva legislatura con las posturas revueltas. El aumento de la criminalidad en el país ha generado críticas y presiones contra Boric, incluso desde su propio sector, disminuyendo sus posibilidades de negociar apoyos para sus propuestas legislativas.
Entre sus aliados, hay hartazgo por la creciente inseguridad en el país. De hecho, el senador socialista Juan Luis Castro solicitó a Boric la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) luego de tres asesinatos en la víspera de año nuevo, que incluyeron a una menor de edad. Aunque la petición está fresca, la Moneda sigue en silencio, a pesar de que el artículo 106 de la Constitución establece que el presidente puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional, que tiene mayoría civil.
Para el senador, la convocatoria es impostergable, ya que permitirá reunir a representantes de la Corte Suprema, la Contraloría, del Senado, la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile. “Se necesitan recomendaciones para disponer medidas en el territorio”, dijo Castro.
La senadora Ximena Rincón, presidente del Partido Demócratas, respalda la solicitud, sin importar que Castro sea socialista. Afirmó que “Chile sigue exigiendo seguridad. A más de 21 meses del inicio del gobierno, la violencia persiste. El 90 % de los chilenos siente inseguridad y los números de victimización son alarmantes”. Ambos coinciden en la necesidad de decretar el estado de excepción en la Región Metropolitana, reforzando la seguridad con “tolerancia cero”.