Marcelo Duclos,
En 2017, promediando el gobierno de Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que permitía deportar a los extranjeros no residentes que cometan delitos en Argentina. Antes de eso, como sucede con muchas paradojas legales, era hasta más complicado deportar a alguien con un proceso abierto que sin él, ya que tenía que quedarse en el país hasta que la causa estuviera cerrada. Con la estabilidad económica y el “1 a 1” durante los noventa, muchos delincuentes de países vecinos se dedicaban al hurto callejero hasta ser detenidos por primera vez y “garantizarse” la imposibilidad de la deportación por otras cuestiones más complicadas.
Aunque la medida del macrismo era absolutamente lógica, el retorno del kirchnerismo con el Frente de Todos de Alberto y Cristina Fernández la derogó. Como siempre, el populismo apeló a los lugares comunes, señalando de “xenófoba” a una supuesta derecha clasista, que encarnaba el gobierno de Macri.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, Patricia Bullrich volvió al ministerio de Seguridad. Para la funcionaria, en sintonía con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe volver a entrar en vigencia la medida, para que las autoridades puedan deportar a los extranjeros no residentes que cometan delitos en el país. El tiroteo en la provincia de Buenos Aires en el marco de un intento de toma de tierras, donde participaron unos inmigrantes provenientes de Bolivia y Paraguay, volvió a llevar al tema al centro del debate político.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, señaló el jefe de gobierno, Jorge Macri, del mismo partido que Bullrich. “En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, aseguró la ministra de Seguridad.
En el marco de una entrevista radial de esta mañana, la funcionaria dijo que el gobierno kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, actúa con “cierta permisividad”.
“El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer”, resaltó la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio.
¿Xenofobia?
Argentina tiene una larga tradición, basada en su Constitución liberal, de acoger a todas las personas que deseen habitar este suelo. Así se hizo grande y productivo este país, con fuertes corrientes migratorias que llegaron de todo el mundo, en distintos momentos de la historia. Puede que, como pocos países del mundo, Argentina sea inconcebible de imaginarla sin los inmigrantes que llegaron a vivir y a trabajar a este rincón austral del planeta.
Afortunadamente, el nacionalismo siempre fue un movimiento marginal y ridículo en Argentina. Además de contradictorio, claro. Los nacionalistas de hace un siglo atrás, que hablaban de un “pensamiento nacional” y ponían reparos a la inmigración contemporánea y su impacto cultural, eran nietos o hijos, en general, de españoles o italianos. Si existe el “ser argentino” eso no es más que una mezcla de varios lugares del mundo, realizada en este suelo. De allí su cultura, música, gastronomía y costumbres.
Claro que, a la hora de vivir en sociedad, hay personas productivas y pacíficas y personas indeseables y problemáticas. Lógicamente, hay de ambos grupos entre los nativos y también entre los extranjeros. Sería muy bueno poder deportar a todos los delincuentes, sin excepción. Sin embargo, de los propios hay que hacerse cargo. Sería interesante que el gobierno avance también con medidas como la privatización de las cárceles, donde los reclusos tengan que trabajar por su techo y su comida (como hacemos las personas decentes).
Ante la existencia de naciones y fronteras, que deberían servir solo para evitar los peligros de un gobierno global, al menos podemos aprovechar las ventajas del sistema, que también arroja muchas desventajas. Si entre los delincuentes indeseables existe un proporcional de los mismos que pueden ser expulsados, no hay razón lógica para no hacerlo. No es una cuestión xenófoba, ojalá se pudiera hacer lo mismo con los propios.