Es por lo menos ingenuo pensar que la dictadura de Nicolás Maduro permitirá a María Corina Machado inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los acuerdos firmados con la oposición en Barbados han sido –sin ninguna novedad– una maniobra para ganar tiempo. Más allá de engañar a cómplices o incautos con la liberación de algunos presos políticos –venezolanos y estadounidenses– como parte del viejo mecanismo de la puerta giratoria copiado del régimen cubano, la delegación oficialista no ha mostrado intención alguna de permitir la celebración de unas elecciones presidenciales libres. Por el contrario, continúa radicalizando las instituciones –secuestradas desde hace un par de décadas– con funcionarios más “leales” y menos escrupulosos a la hora de obstaculizar la transición a la democracia que garantizaría el rostro de la ganadora de las primarias en el tarjetón electoral. La designación de Caryslia Rodríguez como nueva presidente del Tribunal Supremo de Justicia es otra señal que apunta en esta dirección.
La sucesora de Gladys Gutiérrez es una abierta militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue concejal metropolitana por el oficialismo y alcaldesa encargada del municipio Libertador de Caracas tras la renuncia de Erika Farías. Su activismo chavista ha sido público y notorio. “Mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro”, se le escucha decir en un video en el que llamaba a votar en la última elección interna del PSUV.
Previo a su designación como presidente del TSJ, Caryslia Rodríguez presidía la Sala Electoral del máximo tribunal desde que la Asamblea Nacional chavista la nombró magistrada en abril de 2022. Fue justamente su despacho el encargado de suspender “todos los efectos” de la elección primaria celebrada por la oposición el 22 de octubre, en la que resultó electa María Corina Machado como candidata presidencial. Ponerla en el más alto cargo del Tribunal Supremo no manda precisamente una buena señal. Y no es casualidad.
La maniobra chavista para las elecciones
La clara intención del régimen de Maduro es –además de frenar la aspiración de Machado– aumentar la desconfianza en las instituciones, ya de por sí bastante desacreditadas. Es la misma carta que el chavismo se jugó con la renuncia masiva de los rectores del CNE para designar una directiva mucho más politizada con Elvis Amoroso a la cabeza, otro cuadro político del PSUV que venía de ocupar el puesto de contralor, desde donde salió la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado.
Así, el chavismo avanza hacia unas elecciones presidenciales –que aún no tienen fecha– con su principal rival amenazada por la incertidumbre de no saber si podrá inscribir su candidatura, pues el TSJ sigue sin dar respuesta a la medida cautelar interpuesta el 15 de diciembre, en el marco del “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” firmado en Barbados bajo la observación de Estados Unidos, que accedió a otorgar un alivio de sanciones al petróleo y el gas venezolano y liberó a Álex Saab sin que el oficialismo haya cumplido con su parte del trato, pues el procedimiento publicado el 30 de noviembre con un lapso de 15 días en el cronograma para evaluar los casos de las inhabilitaciones de manera individual no fue más que un amago para engañar a Washington y a la opinión pública mientras en Miraflores siguen haciendo lo que mejor saben hacer: ganar tiempo para no soltar el poder.
Los verdugos de María Corina
Ahora, como parte del mayor acto de cinismo e ironía para intentar desinflar su candidatura y desmotivar al votante opositor, son justamente estas fichas políticas del PSUV puestas al frente del TSJ y el CNE las que tendrán la última palabra sobre el levantamiento de la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado, que daba inicio este miércoles a su campaña por el país mientras la magistrada que emitió un fallo para anular la elección primaria en la que fue elegida como candidata, era designada como presidente del máximo tribunal que deberá pronunciarse sobre la posibilidad de inscribir su candidatura ante el Poder Electoral presidido por el mismo militante del chavismo que desde la Controlaría la inhabilitó.
Todo indica que, a pesar de tener previamente el control de estos poderes –como había trascendido– la anterior presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, buscaba mantenerse al margen de la inconstitucional inhabilitación de Machado debido al escaso sustento jurídico del expediente, y la pasado junta directiva del CNE no era lo suficientemente “espanta votos” como para la dictadura poder avanzar con sus distintas maniobras que le permitan retener el poder con una aparente normalidad democrática.