Saúl Hernández Bolívar,
Mientras deberíamos estar atentos a temas de suma importancia como el cada vez más posible racionamiento de agua y luz por la sequía que ha traído el fenómeno de El Niño, el señor Gustavo Petro ha llamado a sus huestes a las calles para incendiar el país como lo hizo en 2021, ahora con el argumento de que su desgobierno está siendo perseguido por la Fiscalía y que un gobierno «progresista», como el suyo, no puede «tumbarse». Como quien dice, el tal “progresismo” otorga patente de corso para delinquir a placer y, acaso también, para atornillarse en el poder sin cumplir con las formalidades que exige la Constitución y la ley.
Pero no son caprichos de la Fiscalía: es que, por donde se apriete, a este gobierno solo le sale pus. Por ejemplo, está más que probado que los topes de financiación de la campaña presidencial de Petro se violaron flagrantemente, lo que derivaría de manera inevitable en la destitución de este inepto personaje. El último hecho que ha sido comprobado es el ingreso de 500 millones de pesos de Fecode (la izquierdista Federación Colombiana de Educadores) para apoyar su campaña, lo cual, para una persona jurídica como ese sindicato de profesores, no está permitido.
Pero no hay que llamarse a engaños, a Petro no le preocupa tanto que muchos de los suyos reciban imputación de cargos por irregularidades en la financiación de la campaña donde se configuran múltiples delitos que podrían llevar a la cárcel a personajes como su propio hijo Nicolás, o a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol. No, a él lo único que le preocupa es perder el poder que obtuvo de manera espuria. Por eso Petro va tan lejos como para hablar de una «ruptura institucional» y para hacer un «llamado a la confrontación civil», como calificó el presidente del Congreso, Iván Name, la convocatoria de Petro a las calles.
Habría que ver, más bien, que es el mismo Petro el que viene buscando una verdadera ruptura institucional al provocar verdaderos choques de trenes con todas las instituciones del Estado que no se han mostrado abiertamente partidarias a sus propósitos, como las Altas Cortes, la Fiscalía o la Procuraduría. Hay que ver que la suspensión por tres meses que esta última dispuso contra el canciller Álvaro Leyva, ha sido groseramente desobedecida. No sobra decir que Leyva ha sido un hombre acostumbrado a burlar la ley, tanto que ha tenido íntima cercanía con las Farc durante décadas (más que la finada Piedad Córdoba) y lleva más de 25 años de sonsacarle al Estado una millonaria pensión de congresista apuntalada en dos libritos que no cumplen los requisitos. Más de 8.000 millones nos ha robado este personaje.
Y qué tal el desespero que ha demostrado el gobierno para que la Corte Suprema de Justicia elija el nuevo fiscal general, uno de bolsillo del presidente para sacar a todos los petristas de los líos en que están metidos, y al mismo Petro por los enredos de la financiación de su campaña. Cuando la Corte se demoró más de 16 meses para cambiarle fiscal a Álvaro Uribe, los zurdos aplaudían como focas; hoy se retuercen de la ira porque la Suprema no se ha decidido en un par de semanas. Y el gobierno ha ido muy lejos inventándole nexos con la mafia a la vicefiscal Marta Mancera, quien sería fiscal general encargada hasta que la Corte Suprema de Justicia agache el dedo. Eso sí, de todas maneras una mujer, como quería Petro.
Pero las cosas, en el fondo, se van tornando en contra de sus deseos; por eso, el llamado a incendiar a Colombia. Ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Tal es su índole.