CARACAS.- En medio del clima de opacidad y autoritarismo que caracteriza al escenario político y militar de Venezuela, Rocío San Miguel emerge como una figura intrépida y decidida a desafiar el statu quo. Con 57 años, no solo es una abogada comprometida, sino también la fundadora de una organización dedicada a documentar las violaciones a los derechos humanos tanto de civiles como de militares en Venezuela.
Su labor no se limita a la defensa de los derechos fundamentales, San Miguel también es una autoridad en lo concerniente a la Fuerza Armada venezolana, una institución poderosa y hermética que sustenta el régimen del dictador Nicolás Maduro y que ha sido objeto de numerosas denuncias por abusos y corrupción.
Sin embargo, el pasado 9 de febrero, San Miguel fue detenida bajo acusaciones infundadas. La fiscalía, alineada con el régimen venezolano, la vincula a un supuesto plan para atentar contra la vida de Maduro, lo que resultó en la detención de varias personas, incluyendo a su única hija, Miranda, de 24 años, quien fue puesta en libertad condicional.
Los cargos que se le imputan a San Miguel, como «traición a la patria», «conspiración» y «terrorismo», son similares a los que han enfrentado otros activistas en Venezuela, y han sido denunciados por ella la misma en el pasado. Incluso su exesposo, un coronel retirado, fue arrestado bajo sospechas de revelación de secretos políticos y militares.
La persecución no se detuvo con ella. Sus hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque posteriormente fueron liberados.
Un ataque a todas las mujeres
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, resume la situación: «Hablar de la doctora Rocío San Miguel es hablar del ejemplo más amplio de una defensora de derechos humanos en Venezuela». Señala además que su detención puede interpretarse como un ataque a todas las mujeres defensoras de derechos humanos en el país.
Esta no es la primera vez que San Miguel se enfrenta al aparato represivo del Estado. En el convulso año 2016, la periodista Andreina Flores fue detenida junto a un colega por la Dirección de Contrainteligencia Militar, un organismo conocido por su brutalidad contra los opositores políticos. San Miguel intervino en su defensa con una solidez admirable, apelando a normativas legales y constitucionales, y logró su liberación.
Con formación académica en Derecho y Política Internacional, así como una maestría en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, San Miguel ha dedicado su vida a defender los derechos fundamentales de los venezolanos.
Persecución del régimen
San Miguel fundó Control Ciudadano en 2005, poco después de ser despedida de la administración pública por apoyar la convocatoria de un referendo revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez. Este gesto valiente le costó su empleo, pero no su determinación.
Desde entonces, ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo una demanda exitosa contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos políticos y de expresión.
Control Ciudadano es una voz incansable que denuncia desde intereses militares en la minería ilegal hasta casos de femicidio dentro de la Fuerza Armada venezolana. San Miguel también analiza el papel que jugará el componente armado en una eventual transición política en el país.
Las acusaciones de Maduro en su contra no son nuevas. Desde 2014, el dictador venezolano la señala como una conspiradora, intentando socavar su credibilidad y su trabajo.
Sin embargo, San Miguel sigue firme en su lucha por la justicia y los derechos humanos en Venezuela, enfrentando cada obstáculo con coraje y determinación. Su ejemplo inspira a muchos en un país donde la represión y la injusticia son moneda corriente.