NACIONES UNIDAS.- La Misión de Determinación de Hechos de la ONU instó al régimen de Venezuela «abstenerse» de usar «medidas represivas contrarias» al derecho internacional a propósito del caso de la detención de la presidenta de una ONG, Rocío San Miguel, a quien acusa de «terrorismo» al vincularla con un supuesto plan de conspiración.
La Misión de la ONU detalló que San Miguel fue detenida cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar» y que el Fiscal General del régimen, Tarek William Saab, la acusó de participar en un intento de conspiración contra Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares.
Para la Misión «no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores», señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Tras la detención de San Miguel el viernes, sus abogados y varias ONG venezolanas, denunciaron que no tenían conocimiento sobre el paradero de la activista y señalaron que se trató de un caso de «desaparición forzada».
En ese sentido, Valiñas sostuvo que «el gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen» y resaltó que «corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal”.
La Misión de Determinación de Hechos advirtió la ocurrencia en Venezuela de “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional“, que incluyen “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.
Y acusó que «las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado”.
Por su parte, Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos“.
Y apuntó que «sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”.
Patricia Tappatá, quien también integra la Misión explicó que “ee acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”.
Y remató que «la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.
Valiñas agregó que “en Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión”.