CARACAS. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar del país a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El martes 20 de febrero, en un comunicado, la Comisión exhortó “a revertir de manera urgente” la medida y retomar las actividades con la ONU. Además, solicitó la anuencia de Venezuela para realizar una visita al país.
La CIDH también abogó por la liberación inmediata de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el 9 de febrero y acusada por la Fiscalía General de la presunta comisión de los delitos de conspiración, terrorismo y traición a la patria. El organismo refirió que la salida de la oficina del Alto Comisionado se produjo después del pronunciamiento sobre la situación de la defensora de derechos humanos.
El 12 de febrero, la CIDH condenó la desaparición forzada de la abogada San Miguel y recordó que es beneficiaria de medidas cautelares de protección. A su vez, exhortó al régimen de Maduro a asegurar el respeto a las garantías judiciales y a la presunción de inocencia de la activista.
Persecución a opositores
En el comunicado, la Comisión Interamericana sostuvo que comparte las preocupaciones de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el trato que se ha dado a quienes son percibidos como opositores al régimen.
«La Comisión ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la ausencia del debido proceso, encarcelamientos indefinidos y desapariciones forzadas de personas opositoras y defensoras de derechos humanos. Al respecto, ha dictado varias medidas cautelares llamando al Estado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas, incluyendo condiciones carcelarias adecuadas», señaló el comunicado.
La CIDH puntualizó que el régimen de Venezuela «ha mostrado desidia con sus obligaciones internacionales mediante la denuncia de tratados y convenciones y la expulsión de organizaciones de la sociedad civil con presencia en el terreno e integrantes de misiones electorales. La reciente decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas evidencia su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho».
@snederr