BOGOTÁ.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia aplazó nuevamente el proceso de votación para elegir a la nueva fiscal general, debido a que en la jornada de este jueves no se alcanzó la totalidad de los votos requeridos. La próxima sesión fue fijada para el 7 de marzo.
«Se permite informar que terminada la ronda de votaciones que conforme a nuestro reglamento se desarrolla en el día de hoy, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación», señaló el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra.
Chaverra dijo a la prensa que aunque no alcanzaron un consenso, hubo un “avance bastante importante” dado que disminuyeron los votos en blanco y una de las aspirantes obtuvo un “número importante de votos, lo que nos permite avizorar con optimismo que estamos próximos a alcanzar el consenso».
Petro, quien denunció que el anterior fiscal habría estado presionando para sacarlo del cargo, postuló a Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra, a quienes calificó de “decentes” que no responden a intereses políticos ni son de su círculo.
Amelia Pérez fue la que obtuvo mayor cantidad de votos, con 13 votos de los 16 requeridos. Chaverra se mostró optimista para que en la próxima reunión, el país tenga humo blanco y así elegir la nueva jefa del ente acusador.
Se trató de la tercera ronda de votación para elegir a la nueva fiscal general desde que inició el proceso en diciembre pasado. Para conseguir el cargo, alguna de las candidatas debe obtener una mayoría de 16 votos de 23 posibles, como lo exige el reglamento.
«Así las cosas convocamos para una siguiente ronda de votación para el día 7 de marzo del presente año, cuando se va a desarrollar nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena en la Corte Suprema de Justicia, pero reitero en este proceso reflexivo, de construcción y consenso a partir de una maduración consciente”, dijo el presidente de la Corte.
La elegida quedará a cargo de una poderosa entidad que actualmente investiga casos que involucran a familiares del jefe de Estado y a la campaña electoral con la que obtuvo la victoria en 2022.
El contexto
La policía desplegó un dispositivo de seguridad con cientos de agentes entorno del Palacio de Justicia, sede de la Corte, para evitar que manifestantes partidarios del gobierno intentaran bloquear el acceso, tal como sucedió el 8 de febrero durante la anterior votación en la que no hubo humo blanco. La Corte lo calificó de “asedio” y de un “bloqueo violento e ilegal”.
Francisco Barbosa, abierto crítico de Petro, fue reemplazado desde el 13 de febrero por la vicefiscal Martha Janeth Mancera, hasta ahora su mano derecha, entre tanto la Corte elige una nueva fiscal.
En Colombia le corresponde al presidente enviar una terna a la Corte Suprema, que tras oír en audiencia pública a las candidatas debe elegir a la nueva fiscal, un proceso que no tiene un límite de tiempo establecido.
Los llamados para que la Corte elija sin dilación a la fiscal han venido tanto del presidente, quien no confía en la imparcialidad de Mancera, como de organismos internacionales.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a la Corte a concluir el proceso lo más rápido posible y al Estado, particularmente al gobierno, a “brindar las garantías” para que elija sin interferencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la Fiscalía, al tener el monopolio de la acción penal en Colombia, juega un “papel fundamental” para evitar la impunidad y preservar la democracia.
“La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, advirtió en un comunicado el 13 de febrero.
Amenazas contra Pérez Parra
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe los niveles de riesgo que enfrenta la candidata a fiscal Amelia Pérez Parra, luego que denunciara amenazas a su integridad física.
Pérez Parra, que anteriormente se desempeñó como fiscal y tuvo que se exilió en Canadá tras recibir amenazas a su vida, jugó un papel crucial en las investigaciones del atentado terrorista contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, perpetrado por la guerrilla de las FARC.
La Sala de Reconocimiento de la JEP pidió a la Fiscalía que “haga todo lo necesario” para proporcionar las medidas de seguridad y protección adecuadas para Pérez Parra.