Trino Márquez,
Jorge Rodríguez –presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno que ha mantenido contacto durante casi tres años con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) desde Oslo hasta Barbados, pasando por México y República Dominicana– ha insistido durante las recientes semanas en que ellos, los dirigentes del PSUV, en un acto de amplitud democrática sin precedentes, se han reunido con “casi” todos los partidos y grupos de la “oposición” –97% dice el doctor Rodríguez, con precisión pitagórica– con el fin de discutir acerca del cronograma electoral y las condiciones en las que se realizarán los próximos comicios.
Sin embargo, resulta que en ese 3% que, según sus cuentas, falta para cubrir totalmente el espectro opositor, se encuentran los partidos agrupados en la PUD y Vente Venezuela, la organización fundada por María Corina Machado, la candidata que participó en la primaria del 22 de octubre, obteniendo cerca de dos millones y medio de votos. En otros términos: en la ronda de consultas y conversaciones promovidas por Rodríguez han sido ignoradas las agrupaciones que representan la inmensa mayoría del electorado opositor. Ha quedado excluida la “verdadera oposición”, como acertadamente la llama Gerardo Blyde.
La PUD con razón no ha concurrido a la trampajaula montada por el madurismo. La supuesta amplitud de la que habla el diputado Rodríguez pretende diluir la importancia, legitimidad y representatividad de la PUD en una masa informe de minúsculas organizaciones y “dirigentes” convertidos en figuras relevantes gracias a los favores del gobierno, que judicializó algunos partidos para crear de la nada hijos bastardos de las organizaciones originales. Primero Venezuela constituye un buen ejemplo, entre otros, de la maniobra urdida por el gobierno para fragmentar la oposición creando liderazgos ficticios.
Jorge Rodríguez ha manifestado su indignación –bastante postiza, por cierto– por la negativa de la PUD a participar como comparsa en la opereta. El razonamiento del presidente de la Asamblea Nacional podría rebatirse del siguiente modo: si, digamos, el Reino de Noruega se reuniera para tomar decisiones trascendentales sobre los comicios con todos los grupos que integran el Polo Patriótico, menos el PSUV, podría decirse que Noruega consultó a más de 90% de los miembros del PP; no obstante, ¿cuál sería el valor de una decisión en la que no intervenga el principal partido de la alianza oficialista? Ninguno, dirían con razón los jerarcas del PSUV.
Exactamente lo mismo sucede con la marginación de la PUD de la ronda de acuerdos promovida por Rodríguez. En la negativa de la PUD a bailar al son que toca el gobierno no hay ningún “racismo” o “supremacismo”, como afirma el exaltado presidente de la AN, sino una clara conciencia de cuál es el lugar que les corresponde a los actores que firmaron primero el Memorando de Entendimiento en México y luego los acuerdos de Barbados. Estos actores son los interlocutores legítimos del gobierno. Es con ellos con quienes deben acordarse las condiciones electorales y la fecha de los comicios, aunque el PSUV luego extienda la participación a otros grupos y organizaciones políticas.
Sucede que Nicolás Maduro y su grupo están tratando de organizar unas elecciones a la medida de sus intereses. Saben que no pueden dejar de convocar la cita para 2024. Se trata de un mandato de la Constitución. Pero tratan de hacerlo minimizando los riesgos de perder, resultado que arrojan todas las encuestas. Requieren legitimarse frente a la comunidad internacional para evitar el caos de 2018, pero sin correr el peligro de salir eyectados de Miraflores. Unas elecciones libres y competitivas los sacaría del poder. La cuadratura del círculo. En medio de esta paradoja hay que entender las idas y venidas de la nomenclatura madurista: Sus amenazas altisonantes y la represión selectiva que han desatado. Deben desestimular el voto opositor y cohesionar el interno.
El reto de la oposición consiste en tratar de que el régimen quede preso de sus propias ambigüedades y contradicciones, y se vea obligado a convocar una cita electoral aceptablemente equilibrada.
La PUD y MCM están actuando como les corresponde: insisten en que la única ruta es la electoral y que la lucha será “hasta el final”. Esto significa movilizar la mayor cantidad de los sectores populares que apoyan la candidatura de MCM para que presionen al gobierno y conectarse con todos los factores internacionales que pueden exigirle a Maduro obediencia a las normas democráticas: respeto a la oposición; elecciones libres, equilibradas y transparentes; independencia del Poder Electoral; supervisión internacional de los procesos comiciales; acatamiento de los resultados electorales; alternancia en el poder.
Nada que no se encuentre establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los acuerdos de Barbados.