Luis Carlos Ugalde y Jacques Coste,
Durante su campaña de 2018, el presidente López Obrador prometió una “transformación histórica” de la vida pública nacional y un “cambio de régimen” en el sistema político mexicano. Se acercan las elecciones presidenciales y el fin de su sexenio, por lo que es momento de reflexionar sobre qué tanto cambió el país durante su gobierno, sobre los saldos y las herencias que recibirá la siguiente administración y sobre el rumbo que podría tomar el país el próximo sexenio.
En los años noventa, Jesús Silva-Herzog Márquez describió al régimen priista como un “ornitorrinco político” porque era impreciso clasificarlo como una democracia o una dictadura. Si el ornitorrinco tiene rasgos de ave y de mamífero, el régimen priista poseía características democráticas y autoritarias por igual.
En la misma época, Lorenzo Meyer publicó Liberalismo autoritario: las contradicciones del sistema político mexicano. El título del libro es autoexplicativo, pues el volumen delineaba con precisión las contradicciones de un sistema crecientemente abierto y libre en términos económicos, pero que se mantenía cerrado y antidemocrático en el campo político.
De acuerdo con Meyer, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, “un puñado de jóvenes economistas, partidarios de desplazar al Estado por el mercado, maniobró con habilidad y logró arrebatar el poder a los políticos tradicionales […] decidieron que el camino adecuado era una modernización selectiva: transformar la economía, pero preservar y usar a fondo los instrumentos políticos heredados: autoritarios, antidemocráticos y premodernos. Fue así como el salinismo dio forma a algo que se puede llamar autoritarismo de mercado. […] el supuesto neoliberalismo económico se hizo acompañar y apoyar del autoritarismo tradicional, cuyos dos grandes pilares eran el presidencialismo sin límites y el partido de Estado; es decir el antiliberalismo político”.1
México cambió mucho luego de que Meyer publicó su libro. Si bien persisten vicios que erradicar, como el financiamiento ilegal de campañas o el clientelismo electoral, y recientemente vemos mayor involucramiento del crimen organizado en los comicios, el país lleva más de veinte años con elecciones razonablemente limpias y libres que conducen a la alternancia en el poder, en todos los niveles. El motor económico nacional es la exportación, y la economía de México está tan ligada a la de Estados Unidos que se puede hablar de una interdependencia entre los dos países. Aunque el Congreso ha abdicado de su papel de vigilante del Ejecutivo en los últimos años, hay un sistema de pesos y contrapesos que ha funcionado en situaciones límite gracias a que la Suprema Corte ha sido garante del orden constitucional. Se han registrado distintos períodos de reducción de la pobreza (incluido el sexenio actual), pero la concentración de la riqueza ha aumentado y la desigualdad social ha persistido. La violencia ocasionada por el crimen organizado y la ineptitud (incluso negligencia) del Estado para lidiar con este problema han dejado un rastro de dolor y muerte.
En resumen, las estructuras económicas liberales que delineó Meyer se mantuvieron y profundizaron, mientras que las estructuras políticas autoritarias que denunció jamás desaparecieron por completo, pero sí se redujeron notablemente. Al mismo tiempo, el país entró en una crisis de violencia incontenible.
Sin embargo, hoy, en tiempos de López Obrador, México nuevamente está convirtiéndose en un ornitorrinco: en un animal político y económico que conjuga cualidades liberales y autoritarias. Por eso, con el apoyo de la reflexión colectiva de nuestros colegas de Integralia Consultores, hemos desarrollado el concepto de neoliberalismo autoritario para caracterizar al régimen político que está implantando López Obrador. No se trata de una categoría politológica precisa y cerrada, sino de un término amplio, flexible y abierto, creado con fines didácticos para explicar dónde está y a dónde podría ir México.
A pesar de cuestionarlo retóricamente, López Obrador ha mantenido varias prácticas centrales del llamado período neoliberal: la disciplina fiscal gestada a partir de los años ochenta, acompañada de una política y una retórica de “austeridad republicana” —sorprendentemente similar a la del presidente Miguel de la Madrid (1982-88), quien también instauró fuertes recortes al presupuesto de instituciones públicas y promovía un discurso parecido para contrastar su mesura en el gasto público con el despilfarro de sus antecesores, José López Portillo y Luis Echeverría—; el libre comercio, en particular el TLCAN, la apuesta de Salinas para la modernización de México, convertido en el TMEC, que negoció Peña Nieto para proteger y mantener el rumbo marcado por Salinas, y que López Obrador aceptó como presidente electo; la autonomía del Banco de México, al que ha respetado en lo general; así como la atracción de la inversión extranjera directa y el énfasis en el control de la inflación como condiciones para el crecimiento.
En otras palabras, el sexenio de AMLO ha sido más de continuidad en lo económico que de ruptura. No obstante, hay algunas excepciones. La principal es el sector energético: el gobierno de López Obrador frenó la implementación de la reforma de 2013 y ha apostado por robustecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de una mayor competencia con y entre los particulares. En sectores como la obra pública o la aviación, también se ha observado una pulsión estatista (y militarista). Finalmente, la visión ideológica del presidente impera sobre los criterios técnicos en ciertos rubros, como el agropecuario (principalmente en lo que refiere al maíz), el desarrollo del Sureste y el propio sector energético.
Por otra parte, López Obrador mantuvo una relación política de cordialidad y cautela con Estados Unidos. También continuó —incluso acentuó— la vieja práctica de usar la contención de la migración de manera transaccional en la relación bilateral: cuando se negoció el TLCAN, se gestó un intercambio pragmático en el que México vetó al petróleo y Estados Unidos hizo lo propio con la migración para evitar que temas políticamente espinosos detuvieran el avance del acuerdo; bajo una lógica similar, durante el sexenio de AMLO, el gobierno estadunidense ha sido laxo en el cumplimiento de las disposiciones energéticas del TMEC a cambio de que México funja como policía migratoria.
En el campo político, las cosas son más complicadas. El gobierno de López Obrador no ha lanzado una política generalizada de represión y censura. Las elecciones siguen celebrándose bajo la tutela operativa del INE (aunque el gobierno interviene cada vez más de forma ilegal) y, en general, los individuos mantienen las libertades y los derechos que tenían antes de este gobierno.
No obstante, por medio de ataques retóricos, recortes presupuestarios, reformas legales, nombramientos de funcionarios afines y otros instrumentos, el gobierno ha debilitado a los organismos autónomos que servían para contener el poder presidencial, como el INE o la CNDH. Además, ha lanzado una cruzada contra la Suprema Corte y ha buscado debilitarla desde adentro con los últimos nombramientos de ministras.
También se observa una política de cooptación y censura “suave” en los medios de comunicación nacionales, como lo muestran la cobertura complaciente de la gestión de gobierno de la mayoría de la prensa escrita, de la TV en general y de muchos espacios de radio, la cobertura acotada de la campaña de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, y el abrupto fin de los espacios televisivos de periodistas críticos durante este sexenio. Por si fuera poco, los ataques retóricos y la intimidación fiscal contra organizaciones de derechos humanos, medios críticos, activistas y periodistas han aumentado. Finalmente, si bien la actividad política opositora sigue permitiéndose, el presidente se refiere a sus opositores como si fuesen sujetos inmorales y traidores a la patria.
Con todo, no parece que las actitudes autoritarias del oficialismo produzcan especial alarma entre la mayoría de los ciudadanos: por ejemplo, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2023, solamente 35 % de la población mexicana prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, al tiempo que 33 % piensa que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, y 28 % es indiferente ante cualquiera de las dos alternativas. En la misma línea, de acuerdo con el estudio “El liberal salvaje”, publicado por nexos, la mayor parte de la población parece conforme o hasta optimista con el rumbo del país.
Además, las buenas expectativas económicas del país —previsión de crecimiento anual cercana al 3 %, anuncios de inversiones por nearshoring, alta confianza del consumidor y utilidades récord en varias industrias— fungen como paliativo para que a la población y al alto empresariado le importen poco los retrocesos democráticos.
En resumen, el nuevo ornitorrinco, el neoliberalismo autoritario mexicano, tiene los siguientes rasgos. A nivel económico: ha aumentado el intervencionismo del Estado y la politización de los mercados, pero no hay una economía centralmente planificada y se mantiene el respeto a la propiedad privada y las libertades económicas; hay una conducción ideológica o nacionalista de determinados sectores (energía, minería, agricultura o aviación), pero la inversión extranjera es bienvenida y el resto de los sectores goza de libertad y ciertas garantías para invertir; y gran porcentaje del gasto público se dirige a programas sociales, pero persiste la disciplina fiscal y la responsabilidad en Hacienda.
En la arena política: se siguen celebrando elecciones, pero los árbitros electorales están bajo asedio y el gobierno ha aumentado su intervención en la contienda para inclinar la balanza a favor del oficialismo; el gobierno no limita libertades individuales ni derechos políticos de forma generalizada, pero lanza ataques retóricos e intimidaciones constantes contra críticos y opositores; hay división formal de poderes, pero el Ejecutivo pretende dominar al Legislativo y el Judicial; el gobierno realiza consultas públicas para tomar decisiones, pero dichas consultas sirven para legitimar los ataques al orden institucional; y hay partidos de oposición, pero el gobierno los retrata como traidores a la patria.
Encima de todo esto, las Fuerzas Armadas se han convertido en el principal brazo operativo del gobierno federal, lo que las ha dotado de mayor poder político y las ha convertido en un potente jugador económico. Como telón de fondo, persiste la violencia en la que lleva inmerso México por casi dos décadas, al tiempo que el crimen organizado se adueña de más y más regiones del país.
Ahora bien, vienen los meses más importantes de las campañas electorales: normalmente las semanas finales de campaña son las que determinan si la contienda electoral se cierra y se torna más competitiva, o si los márgenes se amplían, con base en las acciones, aciertos y errores de las distintas fuerzas políticas. Esto significa que, si bien hoy Claudia Sheinbaum es puntera en las encuestas y Xóchitl Gálvez ocupa el segundo lugar, no todo está dicho, pues las elecciones en México suelen ser competidas y tienden a cerrarse en los meses finales de campaña. Además, lo que ocurra en las elecciones locales y, sobre todo, legislativas resultará de vital importancia para el futuro del país.
Sin embargo, puesto que el presidente López Obrador ha avanzado en la instauración del neoliberalismo autoritario, cabe preguntarse qué pasaría con este sistema en caso de que Claudia Sheinbaum logre obtener la victoria electoral. La candidata oficialista ha ofrecido continuidad y “el segundo piso de la transformación”, pero ¿qué significa eso? Es un misterio.
Para algunos, significa la profundización y radicalización del régimen obradorista: mismos tonos, mismas agendas, mismos modos, mismo programa, pero mayor efectividad y capacidad operativa. Para otros, representa la llegada de la “verdadera izquierda progresista” al poder: esto es, una recuperación de las banderas izquierdistas que abandonó López Obrador, como el feminismo, la agenda ambiental y los derechos humanos. Para un último grupo, Sheinbaum en realidad representa un “regreso a la normalidad”: una vuelta a los gobiernos previos a López Obrador, aunque manteniendo los programas sociales, la austeridad y el discurso de AMLO.
En cuanto a la prudencia fiscal, el libre comercio y la relación con Estados Unidos, no se observan señales de que Claudia Sheinbaum vaya a ser distinta que López Obrador. Además, el nearshoring es un estímulo adicional para que el gobierno mexicano mantenga la línea de su política económica. Este proceso contribuirá al crecimiento económico y a la inversión en México, lo cual ayudará al nuevo gobierno a obtener recursos y legitimidad para llevar a cabo sus proyectos políticos. No hay incentivos para cambiar de rumbo.
En lo político, también es previsible que Sheinbaum represente continuidad. Ha secundado los ataques del presidente contra las instituciones, los contrapesos, los críticos y los opositores. Asimismo, se ha manifestado de acuerdo con la reforma judicial (para elegir a los ministros por voto popular) propuesta por AMLO y ha mostrado una notable cerrazón frente a la crítica durante su campaña.
No obstante, seis factores marcarán el futuro del neoliberalismo autoritario en México. En primer lugar, sin duda, está la elección de junio. Morena es favorito en las encuestas, pero las elecciones presidenciales aún no se celebran. Además, no sólo la elección presidencial es importante. Un factor clave para el futuro del país serán los resultados de las elecciones legislativas. Un Congreso balanceado sería crucial para contener el avance del neoliberalismo autoritario.
En segundo lugar, un factor muy importante será la designación de un nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte en noviembre, en sustitución de Luis María Aguilar. Si Sheinbaum fuera presidenta y designara a una ministra de perfil similar a Lenia Batres, entonces estaríamos diciendo adiós a la capacidad del máximo tribunal para fungir como guardián constitucional, pues habría un bloque de cuatro ministros oficialistas con poder de veto para frenar las resoluciones de todas las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales relacionadas con normas generales y las declaratorias de inconstitucionalidad por amparos acumulados contra una misma ley. En la práctica, México perdería a su contrapeso más importante y el gobierno tendría la puerta abierta para realizar actos inconstitucionales.
En tercer lugar, está la coyuntura económica y el ánimo social de la población en general, aunque principalmente de las clases medias y el empresariado. Para estos grupos, el neoliberalismo autoritario puede ser tolerable en un entorno de buenas oportunidades de negocios y expectativas de “vacas gordas”. Pero si la situación económica se complica y hay “vacas flacas”, los retrocesos democráticos pueden ser más visibles y menos tolerables para la población.
No sólo eso, el “ogro filantrópico” puede tornarse maligno y malhumorado cuando no hay dinero que repartir o cuando su popularidad se ve afectada. Es fácil que el ogro sea tolerante con la crítica cuando sabe que es querido por su mayoría o que no está en riesgo la siguiente elección; pero si eso cambia, el gigante puede tornarse más intolerante o represivo.
En cuarto lugar, y en línea con el punto anterior, hay que considerar el fenómeno del nearshoring y, en general, a las empresas transnacionales que invierten o se instalan en México. Estas corporaciones no parecen tener particular interés en la democracia, las libertades o los derechos humanos.
Más bien, les interesan las buenas condiciones para invertir, las garantías en términos de propiedad privada y cierta certidumbre jurídica. Asimismo, están preocupadas por la disposición de mano de obra calificada, la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica, y la inseguridad pública. Estos tres asuntos representan grandes problemas para las empresas actualmente. Si Sheinbaum lograra llegar a la presidencia y si lidiara con estos asuntos de manera más efectiva que López Obrador, entonces las empresas trasnacionales y los inversionistas internacionales podrían estar conformes con el gobierno de México, lo cual facilitaría la consolidación del neoliberalismo autoritario.
En quinto lugar, está Estados Unidos. Durante los años noventa, en el apogeo del consenso liberal del fin de la Guerra Fría, los gobiernos tecnocráticos mexicanos tuvieron incentivos para abrir el sistema político y, poco a poco, impulsar reformas democráticas, a fin de integrarse a Occidente y beneficiarse del nuevo clima global de libre comercio. Sin embargo, en los últimos años, con el debilitamiento del consenso liberal, la irrupción de los populismos en el mundo y los problemas políticos internos en Estados Unidos, Occidente ha perdido interés y fuerza para promover la democracia en el exterior. En otras palabras, han disminuido los incentivos para que México se parezca a una democracia liberal.
Como agravante, si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, habría un presidente que congenia abiertamente con el modelo de neoliberalismo autoritario: libre mercado, pero en un entorno de democracia sin contrapesos sólidos y con ataques constantes a críticos y opositores. Además, el carácter transaccional de la relación bilateral —contención de la migración a cambio de permisividad frente al autoritarismo— se intensificaría.
Por último, están la próxima presidenta de México y las coyunturas políticas que enfrentará. De sus acciones y decisiones dependerá si el modelo se inclina hacia el autoritarismo o hacia la democracia; hacia el Estado de bienestar o hacia el libre mercado. Esas acciones estarán condicionadas y orientadas por el carácter contingente de la política: muchas cosas inesperadas pueden ocurrir y su reacción frente a ellas marcaría el rumbo de su gobierno.
Cerramos este ensayo señalando un riesgo que se vislumbra en el futuro. Si la siguiente presidenta de México (ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez) no logra avanzar sustantivamente en la contención de la violencia y la disminución de la inseguridad, entonces es probable que para 2030 surja un candidato que impulse una agenda de seguridad de mano dura, a la Nayib Bukele. Un personaje de esta naturaleza podría valerse del hartazgo ciudadano para así consolidar el neoliberalismo autoritario, al reforzar las estructuras autoritarias y reducir los rasgos democráticos del Estado mexicano en aras de la seguridad pública. Dicho de otro modo: si no resolvemos el problema de violencia, no habrá forma de desarrollar una auténtica agenda democrática en México y sobrarán incentivos para el autoritarismo.