Saúl Hernández Bolívar,
Un año y medio después de una ineptitud manifiesta, el desgobierno de Petro parece sumirse en un estado de desesperación incontrolada tras los pésimos resultados de una gestión que pretende encubrirse con una verborrea banal, buena para un congresista de la oposición pero inútil para un gobernante que debe mostrar logros. Claro que hay quienes sostienen que esa ineptitud también es calculada porque a este gobierno le sirve que las cosas salgan mal, pues su propósito es arrasar con todo.
Pero Petro sabe que para hacer cambios duraderos, o para quedarse en el poder el tiempo suficiente para garantizar que esos cambios se mantengan, tiene que radicalizarse en exceso para afianzar un absolutismo tal que haga incontenible su autocracia. De ahí que lo que él hace está bien, pero no lo está si lo hacen otros, como ocurre con los nombramientos. Esta es la hora en la que Petro aún no nombra a muchos funcionarios, como los miembros de la Creg, y apenas la semana pasada nombró al director del Invima, un señor que ha llegado negando la escasez de muchos medicamentos, pero quieren el presidente y su jauría de seguidores que la Corte Suprema corra a nombrar fiscal general a pesar de que el proceso se ha desenvuelto con plena normalidad.
Ese doble rasero para juzgar actuaciones similares demuestra que Petro pretende investirse de toda la autoridad del Estado. Así, necesita un fiscal general de bolsillo no solo para sacar en limpio a su hijo Nicolás, a Ricardo Roa, el gerente de su campaña, a los directivos de Fecode e, incluso, a Armando Benedetti y a la todopoderosa Laura Sarabia, sino para emprenderla contra la oposición y la prensa, graduando de enemigo a todo el que se oponga al principal de sus “cambios” que, como se está viendo, es quedarse en el poder.
Paradójicamente, venimos a enterarnos de que la verdadera candidata de Petro al cargo de fiscal no es la inefable Ángela María Buitrago, conocida de autos por sus retorcidas investigaciones sobre los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, sino Amelia Pérez, quien no debería estar listada por faltarle solo dos años para cumplir la edad de retiro forzoso y quien ha estado muy cerca de alcanzar los votos necesarios en la Corte. El problema es que la señora Pérez no parece ser muy independiente que digamos de Petro y mucho menos de su ideología.
En efecto, aunque todos sabemos que Petro Orrego es un mentiroso redomado, el presidente ha jurado por el lapicito que le sirve para sacarse cera de los oídos, que no conoce a ninguna de las ternadas ni ha tenido relación alguna con ellas. No obstante, doña Amelia registra haber tenido al menos cinco contratos con la alcaldía de Bogotá en la perversa administración de Gustavo Petro, lo que no la deja ver como alguien muy alejada y neutral con respecto al mandatario. Pero hay algo más grave: el esposo de esta señora, Gregorio Oviedo, es un activista fanático de extrema izquierda que se ha valido de las redes sociales para defender el proyecto político de Petro y atacar a todos sus opositores. Siendo exfiscal y exjuez, sus discernimientos no son simples comentarios sino posiciones concluyentes que su consorte debe compartir, por lo que la señora Pérez tendría que declararse impedida.
Es obvio que todas las almas pías de este país siguen convencidas de la fortaleza de nuestras instituciones y de la imperturbabilidad de nuestras tradiciones democráticas, todo lo cual haría imposible que el psicópata se atornille en el poder sin tramitar una reforma constitucional que le dé vía libre a la reelección, para lo cual ya no le darían los tiempos. Pero es claro que hoy es más importante tener la chequera que la razón, y Petro anda detrás de nuestros recursos para manejarlos a su antojo, con la misma ‘pulcritud’ que lo ha hecho el Departamento Administrativo de la Presidencia durante su administración, donde el 74% de los contratos se han repartido a dedo.
Petro quiere meter mano en los 70 billones anuales que mueve el sistema de salud; quiere apoderarse de los 380 billones del ahorro pensional contenido en los fondos privados; quiere un decreto que lo habilite para cambiar la destinación de recursos de vigencias futuras y poder elegir las obras a las que les girará plata, porque según él todo se va para los ricos de Llanogrande. Asimismo, desea cambiar un articulito de la ley de Servicios Públicos para que el Presidente sea quien regule las tarifas y poderlas poner a precio de huevo como buen populista. Como si fuera poco, nos ha chalequeado sin rubor con más impuestos y con el precio de la gasolina, y nuestra platica ya no será manejada por una tecnocracia ortodoxa sino por unos militantes de ultraizquierda, como Alexánder López, nuevo director de Planeación Nacional, de lo que nada sabe.
Todo eso, aunado a la gran corrupción que estamos viendo con la compra de camionetas oficiales, camiones de agua, la apertura de embajadas inútiles en países como Senegal, Angola y Etiopía, es señal de que este sujeto se está preparando para una descomunal compra de apoyos con nuestros propios recursos que no tiene otro objeto que quedarse. Es que, como dijo Francia Márquez, en un evento en Brasil, “tal vez nos tome más tiempo, el cambio no es posible en cuatro años”.
Hay que ver los signos de los tiempos: Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde duermen las acusaciones contra el presidente, se acaba de reunir con Petro en la Casa de Nariño. ¿Para qué?