QUITO.- Doce personas, entre miembros del Poder Judicial y políticos, fueron detenidos este lunes en Ecuador por supuestos nexos con el narcotráfico, informó la Fiscalía, en el marco de una amplia investigación sobre delincuencia organizada.
Durante un operativo realizado en la provincia costera de Guayas fueron allanadas casas y oficinas de magistrados, un exdiputado y una expresidenta de la Corte local de Justicia, señaló el ente acusador por la red social X.
El denominado caso Purga surgió de una gran indagación llamada Metástasis, revelada en diciembre y descrita por la fiscal general Diana Salazar como la piedra angular de la «narcopolítica» en Ecuador.
Jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de altas esferas del poder están acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos y otros lujos.
Entre los indicios hallados en la vivienda del exlegislador hay dos armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares y 505 euros, señaló la Fiscalía.
El caso Purga «le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento», dijo Salazar en un video divulgado por la Fiscalía, y añadió que «continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado».
«Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses», expresó.
Salazar indicó que sobre los detenidos recaen sospechas de que «han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano».
Corrupción y violencia
Ante una violenta arremetida de bandas del narco con nexos con carteles de México y Colombia, el presidente Daniel Noboa declaró a la nación en «conflicto armado interno» y tildó de «terroristas» y «beligerantes» a unas veinte organizaciones criminales.
Desde entonces, unas 65 toneladas de drogas han sido decomisadas en Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de coca.
En agosto fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que había destapado varios escándalos de corrupción que salpicaron a altas autoridades gubernamentales.
En 2017, Villavicencio denunció una trama de sobornos (el caso conocido como Sobornos 2012-2016) en la que contratistas del Estado realizaban pagos a cambio de obtener contratos. Esos fondos, que eran recibido por altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, fueron usados para las campañas políticas del correísmo.
El exmandatario Correa y el exvicepresidente Jorge Glas fueron sentenciados a ocho años de prisión por ese caso. Este último se encuentra hospedado actualmente en la Embajada mexicana, en Quito, donde espera la respuesta del gobierno de México a una solicitud de refugio.
Igualmente en 2017, Villavicencio llevó a cabo una investigación que resultó en la denuncia sobre sobornos vinculados a la empresa Odebrecht en Ecuador. El periodista, asimismo, denunció corrupción en el sector petrolero e hidroeléctrico del país.
Días antes de su asesinato, Villavicencio había denunciado que fue amenazado por Adolfo «Fito» Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país que en enero se fugó de una cárcel de Guayaquil (capital de Guayas) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El mafioso aún no ha sido recapturado.