CARACAS.- La Corte Penal Internacional (CPI) decidió continuar con la investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, encendiendo una “luz” en el camino hacia la justicia para las cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde el año 2014.
El fallo de la Sala de Apelaciones fue un importante revés para la dictadura chavista, que en agosto de 2023 exigió por segunda vez detener el avance de las investigaciones en su contra, luego de que en junio de ese año la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza al fiscal Karim Khan reanudar el caso pausado desde abril de 2022.
“Es una continuación totalmente abierta al fiscal y a su equipo, de proseguir la investigación ya en todos los términos, con todo lo que el proceso investigativo significa”, expresa en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.
Intentos del régimen
El dictamen de la CPI, anunciado el 1 de marzo, echó por tierra los intentos del régimen venezolano de dilatar el proceso en curso, bajo el Estatuto de Roma, al alegar que el Estado estaba investigando estos crímenes.
“El régimen lo único que ha hecho es tratar de aplazar esa investigación desde que se abrió. No ha hecho más que meter papeles y papeles”, señala Suju.
Esta técnica dilatoria que ha utilizado la dictadura chavista, aduciendo que obedecen a crímenes por “exceso de poder” o “crímenes comunes”, ha quedado en manifiesto en diversas oportunidades.
“El régimen niega que esos crímenes ocurrieron, pero no solamente ocurrieron sino que, además, los siguen cometiendo. Tiene un afán por seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad que no se puede creer. Más detenciones, más desapariciones forzadas, más torturas, más persecución y represión sistemática por motivos políticos”, apunta.
Para la abogada, la “guinda del pastel” fue la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH de Caracas el pasado 15 de febrero, tras las críticas a la detención arbitraria y detención forzada de la activista Rocío San Miguel, a quien le imputan los delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación.
“Ellos (el régimen) no quieren que los observen, no quieren que les digan que están violando los derechos humanos y están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, asevera.
“A ellos lo único que les interesa es mantener el control de la sociedad civil bajo el terror. No les interesa parar la represión, porque es a través de la represión, intimidación, persecución y del miedo que controlan a la sociedad civil, pero aún así la gente sigue en la calle protestando”, agrega.
¿Lavarse la cara?
Pese a sus intentos dilatorios, la dictadura chavista no ha dado ningún indicio de querer “investigar con seriedad y credibilidad” los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión gubernamental desde el 12 de febrero de 2014.
“El sistema de la CPI tiene muy claro a qué juega el régimen. Le han dado tres oportunidades y no han mostrado investigaciones serias y creíbles, no tienen al primer alto responsable investigado y, dentro de tres meses, van a estar en la misma situación porque es que ellos son los mismos acusados”, precisa.
Paralelo al recrudecimiento de la represión en el país suramericano, la dictadura chavista ha pretendido “lavarse la cara” y limpiar la imagen de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), principal brazo ejecutor de la represión, con un curso impartido a periodistas que buscaba “quitar la estigmatización de torturadores” del organismo.
“El sello de torturadores no se lo quitan ni que se conviertan en monjes. No van a poderse lavarse la cara de ninguna manera, aunque den cursito de derechos humanos y hayan sacado a la mitad a los presos políticos de la ‘casa de los sueños’ (celda de tortura) de la DGCIM y los hayan mandado a El Rodeo (cárcel común, ubicada en el estado Miranda, al centronorte de Venezuela), no se quitarán el sello porque son las víctimas, son las personas a las que han perseguido, reprimido, torturado, violado, que son muchas”, indica.
“Son los exfuncionarios que trabajaban con ellos los que han contado cómo estos criminales trabajan, cómo planifican, cómo falsifican expedientes, cómo se llevan a las familias detenidas a centros clandestinos de tortura para torturarlas, cómo actúan de forma criminal. Ellos no van a dejar de ser criminales porque su talante y su necesidad es seguir siendo criminales para no salir del poder”, subraya.
¿Qué viene ahora?
Con la decisión de la CPI de proseguir con el caso conocido como “Venezuela I”, se “profundiza” la determinación de los testigos, las víctimas y los altos responsables de los crímenes de lesa humanidad, explica Suju.
El organismo se encargará de establecer la responsabilidades de la comisión de crímenes de lesa humanidad y presentar el caso, con los acusados, los testigos y las víctimas. “En cualquier momento de la investigación, la CPI puede ordenar órdenes de comparecencia o de aprehensión, depende de lo que necesiten a la hora de determinar la responsabilidad de altos responsables”, señala Suju, como ocurrió este 5 de marzo con dos comandantes rusos por la guerra en Ucrania.
Aunque se limita a establecer tiempos para tener respuestas del caso, la abogada se muestra optimista con la investigación. “Los procesos internacionales no son rápidos, no son justicias nacionales, y cada uno tiene su método, pero el proceso se está llevando en la CPI y soy optimista de que vamos a tener justicia, de que las víctimas que no están, las que fueron asesinadas, sus familiares y las víctimas que sí están van a tener justicia”, asevera.
Resalta, además, que lo importante es que la CPI está armando el caso sobre “altos responsables en funciones”, es decir, con las personas señaladas “mandando”. “Esa determinación de responsabilidades tiene que ser segura, tener suficiente pruebas, testigos y víctimas que los señale, y esto va a su tiempo y va bien”, apunta.
Cadena de mando
Recuerda que la cadena de mando en la represión en Venezuela ya ha sido identificada y denunciada ante la CPI. En primer lugar, menciona al gobernante Nicolás Maduro, quien ostenta el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana y es el “jefe directo” de la DGCIM, según el Manual de Operaciones Especiales y el Reglamento de este organismo. Le sigue el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el Director General de la DGCIM, Iván Hernández Dala, quien, a su vez, ejerce la jefatura de la Casa Militar.
“No sucede nada en ese organismo de inteligencia sin que Nicolás Maduro no lo sepa. La DGCIM responde administrativamente al Ministerio de la Defensa, porque paga los sueldos, pero responde ejecutiva y políticamente, al jefe de Estado”, indica.
En el caso del SEBIN (inteligencia nacional), la cadena de mando la encabeza Maduro, le seguía hasta el 2020 la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; y desde esa fecha, el ministro de Justicia, Remigio Ceballos, que es ante quien responde actualmente el director del organismo represor, Gustavo González López. Todos ellos, con la anuencia del fiscal general, Tarek William Saab, quien, agrega Suju, “es el acusador, el represor y quien persigue en Venezuela”.
Además, de los directores de la Guardia Nacional, el Ejército Nacional y de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, hoy Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), quienes se sumaron a la represión durante las protestas de 2017.
“Esa cadena de mando es muy fácil de determinar, porque ha sido lo mismo durante el transcurso de los años. Es una cadena bastante consolidada porque ha habido pocos cambios, porque el régimen no tiene más personas en quien poner esa confianza y utiliza a los mismos en distintos cargos”, enfatiza.