CIUDAD DE PANAMÁ.- El informe Human Rights Watch dijo que Panamá no protege ni asiste a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién y el rechazo de esa opinión no se hizo esperar. Primero lo hizo ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino y ahora le tocó el turno a la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine.
La funcionaria indicó que el informe es irresponsable y no es objetivo en respuesta a los señalamientos de la ONG internacional en torno a que ni Panamá ni Colombia investigan adecuadamente los abusos cometidos en contra de los migrantes. Aseguró Gozaine que se trata de «un tema ideológico y político» .
Gozaine puntualizó que entre 2023 y lo que va de año se han realizado 30 operaciones contra el tráfico de seres humanos “lo que demuestra que esto no es un flujo legal, esto es traficar personas, porque el crimen organizado está metido en este negocio y quién sabe si parte de personas que están en organismos internacionales”.
La titular de la cartera migratoria fue enfática en indicar que en el informe presentado por Human Rights Watch no se recogen los derechos humanos reales. Un ejemplo, agregó la funcionaria, es cuando critican la biometría “cuando gracias a esto se han detectado a personas con récord criminal. El sistema biométrico lo que hace es salvaguardar la integridad de Panamá y todo el continente».
HRW señaló en su reporte que el gobierno panameño aplica una estrategia de “flujo controlado” (o “flujo humanitario”) que parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio».
En función del gran número de personas que cruzaron entre enero y febrero de 2024, las autoridades panameñas estiman que es probable que el número de personas que crucen durante el año sea aún mayor. Este aumento bimensual desde 2020 muestra esa realidad.
Para Samira Gozaine, las personas que realizaron el informe de HRW “solo piensan en los derechos de ellos, más no piensan en los derechos de los panameños y en ningún momento hacen mención sobre los casos de tráfico de niños”.
La funcionaria hizo énfasis en cómo ha cambiado el perfil de la migración; subrayando que “hay elementos que nos llevan a entender que esto es un tema de Estado y de seguridad nacional”.
Panamá y Costa Rica realizan el flujo migratorio ordenado y responsable; significa que los migrantes irregulares desde Darién son llevados en transporte hasta territorio costarricense; para asegurar que no se queden en Panamá, reconoció la funcionaria migratoria panameña.
Gozaine, insistió en rechazar categóricamente el informe presentado por Human Rights Watch, asegurando que no refleja la realidad. La directora de Migración Panamá cuestionó la forma como esta vez HRW hizo el reporte sin haber previamente notificado al gobierno sobre los hallazgos encontrados en sus investigaciones.
Panamá no es el problema
«Panamá está siendo responsable, Panamá no es el problema», así señaló el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, al referirse al paso de migrantes irregulares por el Darién y el trabajo que realiza el Estado panameño en la operación flujo controlado, destacando además que «somos el único país que realiza las pruebas biométricas, donde se detectan terroristas y violadores»
El titular de Seguridad también dijo que Panamá no es un paso libre; “en nuestro país se vela por la seguridad al tiempo que se respetan los derechos humanos de los migrantes”
Según reportes oficiales más de 900.000 personas han pasado por la selva del Darién en 5 años y en ese sentido Gozaine expresó que en esta área hay más de 17 organizaciones no gubernamentales “y jamás hemos escuchado los relatos escritos en ese informe”. HRW registra algunos testimonios de personas que fueron entrevistadas.
El director del Servicio Nacional de Fronteras Jorge Luis Gobea, hizo referencia a los más de 170 campamentos desmantelados por las unidades fronterizas y a las más de 200 personas entre panameños y extranjeros, retenidos por robo, violaciones y tráfico humano en Darién, puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Más del informe de HRW
El informe de 120 páginas, titulado “Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, es el segundo en una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración a través del Tapón del Darién.
HRW identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas ,incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como limitaciones para investigar abusos cometidos en contra de los migrantes.
«A ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva», dijo Human Rights Watch (HRW) una organización no gubernamental internacional que lleva a cabo investigaciones y defensa de los derechos humanos.
“El año pasado 520.000 personas transitaron por la selva del Darién, este año ya tenemos 118.000 aproximadamente con un posible ingreso del 20% más que el año pasado, eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600.000 personas o más transitando por nuestro territorio. El Gobierno ha invertido más de $70 millones para atender esta crisis”, concluyó la funcionaria de Migración Panamá