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Las políticas populistas que fomentan las divisiones entre ricos y pobres siembran las semillas de la inestabilidad social y la destrucción económica. La crisis económica de Zimbabue y las recientes manifestaciones pueden atribuirse directamente a la retórica populista utilizada por el actual gobierno.
En primer lugar, basar las políticas públicas en el populismo crea falsas expectativas entre los pobres que no pueden cumplirse. Cuando los funcionarios públicos sugieren que la pobreza puede disminuir o que la justicia social se conseguirá quitando a los ricos o aprobando leyes para aumentar los salarios, se da a los pobres la sensación de que su condición puede y debe desaparecer por ley.
En consecuencia, el populismo tiende a generar expectativas de que el gobierno perseguirá y deberá perseguir políticas de redistribución sin descanso hasta que haya una distribución igualitaria de la renta y la riqueza. En respuesta a estas señales, es comprensible que los pobres sigan exigiendo que el gobierno les dé más como un derecho derivado de su identidad dentro de un grupo.
Construir un sistema de derechos de grupo está plagado de peligros. Un gobierno que persigue el apoyo populista basando los derechos en características económicas o sociales está coqueteando con la destrucción del Estado de derecho.
De hecho, la afirmación de los derechos de grupo por encima de los derechos individuales apoyó las injusticias del apartheid en Sudáfrica y el genocidio en otras partes del mundo. Refuerza una mentalidad divisoria de «ellos y nosotros».
Así las cosas, los pobres se sienten justificados para expresar sus quejas mediante manifestaciones callejeras para recordar al gobierno sus promesas. El caos y la histeria resultantes de la agitación social son el salario del pecado del populismo.
¿Qué hay de los que apoyaron el mandato legislativo del gobierno de aumentar los salarios? No hay que culpar a quienes creyeron que los salarios podían ser dictados por la prestidigitación política si pretenden presionar para conseguir un salario de 100 dólares la hora. Al fin y al cabo, personas supuestamente responsables les animaron a creer en ese cuento de hadas.
Y así, el populismo promueve la idea engañosa de que la redistribución de la renta y la riqueza puede reducir la pobreza. Por el contrario, la pobreza es el resultado de un bajo crecimiento económico debido a una insuficiente formación de capital. La pobreza en Zimbabue, como en muchas otras economías de mercado emergentes, sigue siendo problemática debido a las políticas gubernamentales que obstaculizan la inversión privada.
Un mejor enfoque de la reducción de la pobreza consistiría en eliminar los obstáculos a las actividades legales que crean empleo. Una de las lecciones de la economía mundial es que sólo las iniciativas privadas pueden crear crecimiento económico y empleo sostenibles. La inversión a largo plazo por parte de los empresarios se verá frenada si se teme la actuación caprichosa de un gobierno con una agenda populista.
Ya es bastante malo frenar las nuevas inversiones. Pero el populismo socava aún más la asunción de riesgos asociada a la creación de nuevas empresas porque introduce una incertidumbre adicional al aumentar la probabilidad de que las empresas comerciales de éxito sean objeto de apropiación mediante la acción política.
Se plantea un dilema a la hora de explicar la retórica populista de los políticos. Sería poco caritativo y probablemente erróneo suponer que se trata de estupidez por su parte. Esa conclusión también causaría desesperación en cuanto a su capacidad para resolver la actual crisis económica. Pero, ¿es mejor que estén motivados por un profundo cinismo por el que saben que no es así, pero esperan que sus posibles partidarios no lo sepan?
Al final, es probable que el Gobierno sufra una combinación de cinismo con una fuerte dosis de ignorancia. (La ignorancia refleja la falta de información, mientras que la estupidez es la incapacidad de dar sentido a la información).
Esto es evidente en el hecho de que algunos miembros del Congreso de Zimbabue culpen a la globalización y a otras fuerzas externas de la crisis. Una idea tan ridícula sólo es comprensible si se tiene en cuenta que la política es el arte de atribuirse el mérito de lo bueno y echar la culpa de lo malo.
En lugar de culpar a la globalización de sus males, los zimbabuenses y la mayoría de los ciudadanos del mundo asolados por la pobreza deberían darse cuenta de que sus economías adolecen de fallos de gobernanza. Las malas decisiones políticas se toman en el marco de una «infraestructura institucional» cada vez más defectuosa que provoca la frustración de los inversores que buscan pruebas del potencial de crecimiento.
El papel del gobierno
La cuestión es nada menos que el papel del Estado. ¿Debe ser éste un país de individuos libres que viven bajo una ley general guiada por un orden constitucional permanente? ¿O debe ser destruido por la interferencia caótica de las interpretaciones caprichosas de un grupo transitorio de políticos?
La función más básica de una democracia constitucional es proporcionar un marco jurídico que defina los límites de las acciones de los individuos o grupos en el ejercicio de su libertad de asociación y contrato. Todos los individuos deberían encontrar dignidad en su identidad dentro de cualquier comunidad que deseen, siempre que esas comunidades no violen los derechos de otros individuos. Sin embargo, la pertenencia a tales grupos nunca debe otorgarles privilegios especiales por parte del Estado. Todos los individuos deben ser tratados por igual, sin discriminación positiva o negativa entre individuos en situaciones aparentemente similares.
Es un error atroz fomentar el trato diferenciado por motivos étnicos, religiosos o de clase mediante la imposición de ingeniería social o confiscaciones injustificadas. No se debe tratar o vigilar a las personas en función de lo que exigen o se dice que merecen por su condición de comunidad o grupo.
En resumen, el populismo es un juego peligroso y destructivo que sirve a los estrechos intereses de quienes buscan capturar o preservar el poder político. Los beneficiarios de tales políticas disfrutan de las ganancias a corto plazo de los cargos públicos mientras que, a largo plazo, trasladan las cargas a los pobres que, engañados, les apoyan.