WASHINGTON — Una coalición de grupos proinmigrantes demandó el miércoles al gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden que restringe el asilo en la frontera con México.
La demanda —presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros organismos a nombre de los grupos activistas Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)— representa la primera ocasión en que se pone a prueba la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, que se produjeron tras meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y con las que se pretende en parte desviar los ataques al presidente por su manejo de la inmigración.
La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a 2.500 al día. La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente 4.000 encuentros diarios.
Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después que la cifra de esos encuentros diarios entre puertos de entrada se ubique en o por debajo de 1.500 al día durante un promedio de siete días. Pero está lejos de estar claro cuándo es que los números alcanzarían niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
La mayoría de los inmigrantes entran a Estados Unidos argumentando que necesitan asilo, pese a que la mayoría buscan entrar por razones económicas. Las políticas flexibles de Biden hasta mayo pasado, permitió el encuentro de 10 millones de personas, de acuerdo a informes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Las excepciones
La orden entró en vigor el 5 de junio, y funcionarios del gobierno federal han dicho que anticipan que las deportaciones alcancen niveles sin precedentes.
El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de «una forma grave de tráfico», los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One.
Además de posibilitar el cierre de la frontera el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.
Esta medida ha puesto en pie de guerra a las organizaciones de defensa de los migrantes indocumentados en un año electoral en el que Biden intenta captar el voto del electorado latino.
«No nos quedó otra alternativa más que demandar», afirma Lee Gelernt, de ACLU.
«La administración carece de autoridad unilateral para anular al Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno entra al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración (del expresidente Donald) Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica», añadió.
«El asilo no es una laguna jurídica, sino más bien una medida para salvar vidas, el acceso al asilo es un derecho humano y legalmente protegido en Estados Unidos», estimó Jennifer Babaie, directiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, en el mismo comunicado.
Los grupos consideran que la orden ejecutiva de Biden «es contraria a la ley» y «arbitraria», se lee en la demanda.
El caso se ha presentado en una corte de distrito de Washington.