Sin mediar una palabra, sin orden judicial y con violencia, el régimen de Nicolás Maduro secuestró a Milciades Ávila, jefe de seguridad de la líder del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, durante la madrugada de este miércoles.
“Hoy en la madrugada, funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba, violando todo procedimiento legal”, denunció la organización a través de su cuenta en la red social X.
El secuestro de Ávila aumenta la lista de detenciones arbitrarias e ilegales que la dictadura emprendió en la víspera de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio.
Hasta ahora, la cantidad de privados de libertad vinculados a la candidatura de Edmundo González Urrutia asciende a 102. De acuerdo con el Foro Penal, de este número, 77 se han ejecutado desde que comenzó el periodo formal de la campaña, el pasado 4 de julio.
Un patrón de abuso
El rapto de Ávila, jefe de seguridad de Machado, corresponde a “un claro patrón de actuación contra activistas, militantes, incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios”, asegura Gonzalo Himiob, director de la organización.
También señala que “constituye un indicio serio y muy claro, muy evidente, de que se está ejecutando desde el poder, contra la ciudadanía, un esquema sistemático y generalizado de restricción, debido a la identidad específica de un grupo de ciudadanos que se identifica con la opción política propuesta por María Corina Machado y Edmundo González”.
No hay dudas cuando además en las últimas horas, María Rodríguez, comisaria policial retirada que formaba parte del comando de Machado y Mayra Montilla, dirigente de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, también fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del chavismo, acusadas de conspiración y asociación para delinquir.
El mismo proceder se concretó en contra del alcalde opositor Francisco Gerratana, del municipio Ortiz en el estado Guárico, quien fue destituido por encabezar la campaña opositora.
Maduro con mayor presión
Las detenciones arbitrarias cometidas por Maduro no son las únicas medidas de presión. El dictador también ordenó sanciones en contra de establecimientos comerciales que reciben a líderes antichavistas durante el despliegue de la gira de campaña que finalizará el 24 de julio a la medianoche e incluso, la retención de los equipos de trabajo del comando de la Plataforma Unitaria Democrática (PDU), entre ellos, motos, embarcaciones y de sonido.
Esta persecución desde Miraflores en contra de los opositores replica a la emprendida por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua durante los comicios del año pasado en el país centroamericano.
Civiles y hasta sacerdotes resultaron encarcelados por “traición a la patria” por formar parte de la disidencia en la nación sandinista.
A la fecha, 147 opositores y críticos -24 mujeres y 123 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), permanecen privados de libertad según las denuncias del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.