WASHINGTON — Este es el tercer intento de propuesta durante el gobierno de Joe Biden para reformar la Corte Suprema de Estados Unidos.
Y no resulta nada extraño. Es la modalidad de los regímenes de izquierda en el mundo, apoderarse del poder ejecutivo, legislativo y judicial como mismo ocurrió en Cuba, Nicaragua, Venezuela y lo intentaron Rafael Correa, Cristina Fernández y Evo Morales en Ecuador, Argentiona y Bolivia, respectivamente.
Ahora la izquierda incluye entre sus «solicitudes» al Congreso que establezca límites de mandato y un código de ética ejecutable para los nueve jueces de la corte. También presiona a los legisladores para ratificar una enmienda constitucional que limite la inmunidad presidencial. Todo porque los dictámenes de la Máxima Autoridad Judicial en el país no les favorece.
La Casa Blanca detalló los contornos de la propuesta judicial del gobierno de Biden, que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada por un Congreso estrechamente dividido menos de 100 días de las elecciones de noviembre.
Trump ha criticado la reforma judicial como un intento desesperado de los demócratas de “hacer de árbitro” y controlarlo todo.
“Los demócratas están intentando interferir en la elección presidencial y destruir nuestro sistema de justicia atacando a su Oponente Político, [yo] y a nuestra Honorable Corte Suprema. Tenemos que luchar por nuestros Tribunales Justos e Independientes y proteger a nuestro País”, publicó Trump en su sitio Truth Social este mes.
La virtual candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, es una de las que blasfema de supuesta imparcialidad de la Corte y afirma que ha sido puesta en duda tras decisiones recientes.
Los últimos días de Biden
La Casa Blanca trata de aprovechar los últimos días de Biden en el poder y tratar de imponer leyes, como mismo se hizo en las primeras dos semanas de mandato donde se firmaron de forma insólita más de 70 órdenes ejecutivas, sin precedentes en la historia de EEUU.
Pero lo que no le conviene a la izquierda, hay que cambiarlo. Esa es su antidemócratica y tradicional fórmula desde que han llegado al la Casa Blanca en los últimos 20 años, desde Bill Clinton, Obama y Joe Biden, que no es más que una extensión de su predecesor.
“Tengo un gran respeto por nuestras instituciones y la separación de poderes”, argumenta Biden en un artículo de opinión del periódico The Washington Post publicado el lunes. “Lo que está sucediendo ahora no es normal y socava la confianza del público en las decisiones de la Corte, incluidas las que afectan las libertades personales. Ahora estamos en un punto de ruptura”.
Lo mismo opinan los conservadores de lo que ocurre ahora en la política estadounidense, con visibles ataques a todo lo que representa el conservadurismo y los valores tradicionales en los que se fundó esta nación.
Biden pide que se eliminen los nombramientos vitalicios para el Máximo Tribunal. Dice que el Congreso debería aprobar una legislación para establecer un sistema en el que el presidente en funciones designe a un juez cada dos años para que pase 18 años en servicio en la Corte. Sostiene que los límites de mandato ayudarían a garantizar que la membresía de la corte cambie con cierta regularidad y agrega una medida de previsibilidad al proceso de nominación.
Pero en realidad lo que busca la extrema izquierda es transformar la esencia de la Corte Suprema. También han pedido cambiar la Constitución, al mejor estilo de los regímenes autoritarios.
Ataque a los jueces conservadores
Biden también pide al Congreso que apruebe una enmienda constitucional que revierta el reciente fallo histórico de la Corte Suprema sobre inmunidad que determinó que los expresidentes tienen amplia inmunidad de enjuiciamiento.
Los primeros tres jueces que potencialmente se verían afectados por los límites de mandato son de derecha. Y ese es precisamente el objetivo principal .
El juez Clarence Thomas lleva en la corte casi 33 años. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha servido durante 19 años, y el juez Samuel Alito, durante 18.
Los jueces del tribunal de última instancia sirvieron un promedio de 17 años desde su fundación hasta 1970, informó Gabe Roth, director ejecutivo del grupo Fix the Court (Reparar la Corte). Desde 1970, el promedio ha sido de unos 28 años. Tanto los políticos conservadores como los liberales han apoyado los límites de mandato.
No obstante, cuando se trata de la Corte Suprema, implementar un mecanismo para hacer cumplir el código de ética no es tan sencillo como parece.
El fiscal general siempre ha tenido la autoridad para sancionar las infracciones de las normas de divulgación financiera y de regalos, pero aparentemente nunca ha utilizado ese poder contra los jueces federales, dijo Stephen Gillers, un experto en ética legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Por otra parte, el organismo que supervisa a los jueces de tribunales inferiores está encabezado por Roberts, “quien podría ser reacio a usar cualquier poder que tenga la conferencia contra sus colegas”, escribió Gillers en un correo electrónico.
La última vez que el Congreso ratificó una enmienda a la Constitución fue hace 32 años. La 27ma Enmienda, ratificada en 1992, establece que el Congreso puede aprobar un proyecto de ley que cambie el salario de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, pero tal cambio no puede entrar en vigor hasta después de que se celebren las elecciones de noviembre próximo para la Cámara.