WASHINGTON — Tras casi dos años, la administración del presidente Joe Biden detuvo abruptamente el programa que ha permitido que cerca de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen a Estados Unidos luego de acusaciones de fraude generalizado, informó el New York Post.
El llamado «parole humanitario» permitía el ingreso de 30,000 migrantes de esos cuatro países. La medida se produce después de que un informe interno del Departamento de Seguridad Naciona (DHS), encontró que miles de patrocinadores de los migrantes enumeraban números de Seguro Social y números de teléfono falsos, incluidos en algunos casos aquellos que pertenecían a personas que estaban muertas.
Las personas de dichas nacionalidades llegaron a Estados Unidos hasta el mes de junio al amparo de ese programa tras hacer una solicitud en línea con patrocinadores financieros en el país y viajando en avión por su cuenta. Se trata de una política importante del gobierno demócrata para generar o ampliar vías para el ingreso legal a EEUU.
El DHS, cuyo titular, Alejandro Makorkas, es señalado de contribuir al fracaso de la política migratoria, dijo que “pausó temporalmente” las nuevas autorizaciones mientras revisa los antecedentes de los patrocinadores financieros, casi dos años después de puesto el programa en marcha.
Las sospechas
El DHS no precisó cuándo se suspendió la tramitación de los permisos. Pero la noticia se conoció después de que la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), un grupo que aboga por una política migratoria a través de mecanismos legales, citara un informe interno del DHS que planteaba sospechas de fraude.
Según documentos obtenidos por FAIR, la revisión interna también encontró que muchos patrocinadores enumeraban las mismas direcciones y muchas de las solicitudes provenían de la misma dirección IP, una designación numérica que identifica su ubicación en Internet.
Según FAIR, una dirección IP en Tijuana, México, se utilizó 1.328 veces. Otros ejemplos de fraude incluyeron «ingresar exactamente las mismas respuestas en cientos de solicitudes; en algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron la misma respuesta».
FAIR afirma que el informe descubrió, entre otras cosas, que 3.218 patrocinadores eran responsables de más de 100.000 solicitudes y que 24 de los 1.000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores correspondían a personas fallecidas.
«Por precaución, el DHS ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje avanzadas para nuevos beneficiarios mientras realiza una revisión de las solicitudes de apoyo», dijo un portavoz al Post. El DHS pretende reiniciar el proceso lo más rápido posible «con las salvaguardias adecuadas». Según el portavoz, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos «investigará y litigará los casos aplicables en los tribunales de inmigración y hará remisiones penales al Departamento de Justicia».
El negocio anunciado en redes
Las preocupaciones en torno a patrocinadores con intenciones de obtener una ganancia monetaria surgieron casi desde el inicio. Grupos de Facebook con nombres como “Sponsors U.S.” tienen docenas de mensajes en los que se ofrecen y buscan patrocinadores.
Las críticas de los republicanos no se hicieron esperar. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que «en primer lugar, este programa nunca debió haber existido. No es más que otra forma en que el gobierno Biden-Harris ha acogido a cientos de miles de extranjeros en nuestro país de manera irrestricta”.
La política —introducida para los venezolanos en octubre de 2022 y para las otras tres nacionalidades en enero de 2023— está dirigida a los países desde los cuales emigra un gran número de personas a Estados Unidos, y los cuales, por lo general, se niegan a aceptar a los deportados. Esta política va acompañada de un compromiso de México de readmitir a las personas procedentes de esos países que crucen la frontera estadounidense sin autorización.
Bajo esta política, la administración Biden permite hasta 30.000 personas al mes de esos países durante dos años con posibilidad de solicitar un permiso de trabajo. Más de 194.000 haitianos, 110.000 venezolanos, 104.000 cubanos y 86.000 nicaragüenses se beneficiaron hasta junio, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
¿Riesgos a la seguridad nacional?
El DHS dijo que no ha identificado ningún riesgo de seguridad relacionado con las personas procedentes de los cuatro países en cuestión, y que las inquietudes únicamente se relacionaban con sus patrocinadores. Los beneficiarios “son examinados e investigados minuciosamente antes de su llegada a Estados Unidos”, dijo el DHS en un comunicado en el que prometió “reiniciar el procesamiento de las solicitudes lo antes posible, con las salvaguardias adecuadas”.
Dan Stein, presidente de FAIR, dijo a través de un comunicado de prensa que el informe interno muestra las prioridades de la administración Biden en lo que respecta a la inmigración ilegal: «llevar al país a tanta gente como sea posible por cualquier medio necesario, y al mismo tiempo riesgo para la seguridad nacional.»
Stein señaló que el programa en cuestión no fue autorizado por el Congreso y se estableció en violación de los requisitos legales que concede ese tipo de beneficios sólo caso por caso para fines explícitos de interés nacional o humanitarios».
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, emitió un comunicado el viernes pidiendo el fin inmediato del programa, al que se refirió como el «programa CHNV», para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.