CARACAS.- Hasta el 18 de agosto la ONG Foro Penal registra 1.503 detenciones, ocurridas desde el pasado 29 de julio cuando la población comenzó a protestar, tras el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgándole el triunfo a Nicolás Maduro cuando en realidad, con actas en mano, la oposición reconfirmó que Edmundo González ganó con el 67% de los votos.
Los datos ofrecidos por la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) fue refrendado por entes internacionales como el Centro Carter, el Panel de observadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y varios países que se han venido sumando en el respaldo de los datos ofrecidos por la oposición.
De ese total, el número de adolescentes, entre 14 y 17 años de edad, pasó de 117 a 129. Lejos de disminuir la cifra, ante los reclamos nacionales e internacionales, el régimen sigue reprimiendo a los jóvenes en todo el país.
El Foro Penal también ha alertado por el número de discapacitados (18), con enfermedades crónicas y necesidades especiales, a los que sus familiares no puedan tener acceso y, mediante la ONG, demandan atención médica urgente y su inmediata liberación.
En todo caso, voceros del Foro Penal han revelado un aspecto que ha sido resaltado por el organismos internacionales, la mayoría de los detenidos tienen un promedio de 20 años.
Y todos los días se reportan nuevas detenciones incluyendo activistas de derechos humanos.
Mujeres
En cuanto el número de mujeres, el Foro Penal cuantifica que hasta la fecha son 200. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó, en una publicación en su sitio web, preocupantes circunstancias en las que estarían viviendo las mujeres privadas de libertad a raíz de la represión poselectoral.
Específicamente se refirieron a unas 70 mujeres que están detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálidas”, en el estado Miranda, que limita con Caracas. De acuerdo con información suministrada por sus fuentes, son “sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada”.
El OVP indicó que “las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de 10 personas en cada celda y solo les dan un tobo o balde de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene”.
La organización denuncia que las reclusas carecen de alimentación balanceada y sufren ataques por parte de la directora de le institución que consisten en baños con agua fría, amenazas, tortura psicológica y constante uso del calificativo “terroristas”. Asimismo, las mujeres visitantes o familiares de las privadas de libertad también son sometidas a “requisas de naturaleza invasiva”, según lo que han confirmado en OVP: “Deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas”.
Solo por protestar
«Mujeres que fueron detenidas solo por ejercer su legítimo derecho a la protesta o por estar en el lugar y momento equivocados», manifiesta Tejiendo Redes: Constructoras de Paz en Venezuela, el sitio web impulsado por IPYS Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
La ONG señaló que las adolescentes y mujeres detenidas en Venezuela enfrentan un riesgo elevado de sufrir abusos sexuales durante su reclusión. “Estas situaciones son inaceptables y reflejan la falta de protección y respeto a sus derechos humanos por parte del Estado. Desde las organizaciones de mujeres se exige que las detenidas tengan un trato digno, que se garantice su acceso a productos de higiene menstrual y que se respete rigurosamente su debido proceso. Se deberían tomar medidas para asegurar la integridad física y emocional de estas mujeres, y que se reconozca su derecho a una defensa justa y transparente”.
La criminalización injusta de mujeres y adolescentes por parte del Estado venezolano, además de la forma en la cual están siendo tratadas durante su detención, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también expone las profundas fallas en el sistema de justicia y en la protección de las personas más vulnerables. Así lo expone la Asociación Cauce en un comunicado en donde se exige justicia y cese a la violencia en contra de las mujeres en Venezuela.