WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una enérgica denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la «represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política» que está teniendo lugar en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El fraude electoral de Nicolás Maduro, que fue convalidado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por el Tribunal Supremo de Justicia, desató una crisis política severa en el país caribeño. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura que Edmundo González Urrutia fue elegido como el nuevo presidente de Venezuela. Desde entonces, el país ha visto un aumento en las protestas y enfrentamientos.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, declaró durante la sesión en la sede de la OEA, a la que Venezuela no pertenece, que «las represiones actuales reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas de 2014 y 2017». Además, afirmó que «en primer lugar el uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdida de vidas y heridos», y también mencionó «detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas», «persecución judicial y acoso contra personas percibidas como opositores, incluidos voluntarios electorales», «censura y restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica» y «obstáculos» a los defensores de derechos humanos.
La violencia poselectoral ha causado la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas jóvenes. Clarke detalló que diez de estas muertes «son atribuibles directamente a las fuerzas del Estado»: ocho a militares y dos a la policía. Además, seis muertes fueron «atribuibles a los colectivos», grupos armados pro-gobierno que «actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado».
Desde finales de julio, las organizaciones de la sociedad civil han registrado al menos 1.672 detenciones, principalmente de jóvenes que viven en áreas urbanas con altas tasas de pobreza. Clarke explicó que estos arrestos son a menudo selectivos, dirigidos contra «voluntarios electorales y aquellos percibidos como opositores al régimen, incluidos periodistas, líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios».
«Divide y vencerás»
La CIDH también informó sobre la «cancelación ilegal de pasaportes de al menos 36» personas, el cierre de medios de comunicación y el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos «a compartir información sobre los demás». Clarke concluyó que «divide y vencerás» es la estrategia empleada por las autoridades, lo cual «genera un clima de temor e intimidación entre la población».
En respuesta al informe, varios países pidieron la publicación de las actas electorales, un paso esencial para la comunidad internacional antes de reconocer los resultados. El embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, reiteró la necesidad de que «las partes venezolanas inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica». Mora añadió que, como mencionó la comisión, «los representantes de Maduro están implicados en terrorismo de Estado desde las elecciones», acusándolos de crear un «clima de miedo».
Uruguay, representado por el embajador Washington Abdala, hizo una comparación con las tácticas de castigo colectivo del nazismo. Abdala señaló: «Sippenhaft era el método que usaban los nazis al perseguir a los familiares de los judíos para judicializarlos a ellos también. Y delito ninguno. Ese es el delito de (la periodista) Ana Carolina Guaita Barreto que la quieren canjear por su madre (la política) Xiomara Barreto. Delito ser venezolana. Mismo método, cero diferencias». Abdala criticó a quienes subestiman la desesperación del pueblo venezolano, señalando que «solo con firmeza se corre a esta gente, los que analizan el asunto y la van de ajedrecistas no saben lo que es cuando un pueblo está desesperado por libertad».
Mientras tanto, Brasil, Colombia y México han optado por mediar fuera del ámbito de la OEA, manteniendo un perfil bajo en la sesión.