OMAR ESTACIO Z.,
El hombre del «mazo dando», muy desdeñoso, se encogió de hombros al sacar cuentas, calculadora en mano. Bien vale una descripción detallada de su reacción:
—¡15 millones de dólares! ¿Na’más? —a lo que agregó con jactancia— ¡Por mucho menos, he hecho cosas peores!
“Reuters”, la agencia internacional de noticias, reportó la semana pasada que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando sancionar, de manera personal, a otros 60 funcionarios de la narcotiranía que tiene secuestrada Venezuela.
“La Razón”, de Caracas, por otra parte, informó días atrás que esas mismas autoridades norteamericanas, estaban por reformar el régimen de recompensas por las capturas o cooperación para «ponerles los ganchos» a los felones más temibles del Planeta. Esos 15 millones que exacerbaron al codicioso aludido al comienzo de la presente crónica, irían en un futuro muy próximo, aparejados de incentivos que los harían, aún, más apetecibles.
No nos hacemos ilusiones. Sanciones semejantes, jamás han derrocado ningún desgobierno por muy gamberro que haya sido. Sin embargo, el solo hecho que no estemos hablando de embargos, bloqueos, ni boicots no deja de ser esperanzador porque dichos castigos colectivos, aparte de inefectivos, siempre han golpeado a las víctimas —el pueblo llano— en lugar de hacerlo contra sus opresores.
Las normas internacionales sobre la legitimación de capitales y el crimen organizado internacional siempre han estado ahí. Otra cosa es la ayuda que podamos prestar los afectados a objeto que las autoridades de cualquier país, las pongan en acción.
Por ejemplo: ¿Sabe usted, de los hijos, familiares, “segundos”, “terceros” o “cuartos frentes” de algún redomado corrupto que gracias a la mal llamada Revolución Bolivariana se estén dando la gran vida en New York, Miami, en las nieves eternas de Vail, Colorado?
Denúncielos, ante el U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, Homeland Security Investigations, HSI, a través de la línea especial, 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o, comuníquese con la Unidad contra Violadores de DDHH y Crímenes de Guerra, a través del correo electrónico, HRV.ICE@ice.dhs.gov. Discreción garantizada.
Aunque en materia sancionatoria rige el principio según el cual, la pena no debe trascender la persona del penado, la “Prohibición Khashoggi” contenida en la Orden Ejecutiva Presidencial del 27 de febrero 2021 contempla la revocación de las visas de EEUU y hasta decomisos contra los violadores de derechos humanos, incluidas sus parentelas cercanas, extendidas y sus testaferros no importa la jurisdicción donde hayan cometido sus aberraciones.
En lo que se refiere a la ampliación del régimen de recompensas por apresar o contribuir con el apresamiento de ciertos delincuentes, la normativa en ciernes es, al parecer, innovadora.
Todo aquel que capture o colabore con la captura de un pez gordo —siempre que este último sea más gordo y flatulento que el propio sapo o colaborador— además de recibir el premio mayor de los referidos US $ 15 millones, en el caso que nos ocupa, se haría acreedor de indulgencia plenaria del gobierno de EE. UU. ¡Qué mantequilla! El hombre del Mazo Dando, más buchón de lo que ya está y, por si fuese poco, libre de polvo y paja paseándose como Pedro por casa por Disney World, a cambio de haber traicionado a su exjefe, más allá que la traición entre traidores, no sea traición.
Me parece ver y oír el colofón correspondiente:
—Usted disculparme, mister Tío Sam: Si por mi propia captura usted mismo había venido ofreciendo, otros, US $ 10 millones ¿De estos últimos milloncejos, no me van a tirar una “vainita” aunque sea?
No creo que nadie pueda dormir tranquilo con semejante calaña de ministro del Interior y Justicia enquistado, en su propio Gabinete Ejecutivo.