BUENOS AIRES.- Las actuaciones de los organismos del régimen de Nicolás Maduro que buscan fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “Terrorismo de Estado”, señala el más reciente informe de la ONG internacional CADAL, luego de analizar la represión y violación de derechos humanos en Venezuela, tras el fraude electoral.
Al considerar la persecución y violación de derechos humanos ocurridos antes, durante y después de las elecciones del 28J, se advierte que “la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21,7% de los artículos de la Constitución” relacionados con derechos fundamentales, por lo que “en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos”, según el texto.
El documento con el título de «Crisis Postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela» contiene el subtítulo “El informe negro de la dictadura 2024”, en alusión a un informe similar de 1952 para denunciar “los excesos del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez”.
“Este reporte es una continuación de aquellos anhelos de democracia y dignidad”, señala la CADAL, con sede en Argentina, al difundir por sus redes el reporte elaborado en conjunto con ONG venezolanas.
Del “terrorismo de Estado”
El informe elaborado con datos de más de 25 “iniciativas asociativas” del país con énfasis en el estado Yaracuy, para evidenciar la vulneración de derechos fundamentales fuera de Caracas, señala hechos graves antes, durante y después del 28J, todos documentados, por parte del régimen.
Durante la jornada electoral del 28 de julio, se registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación y en 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos. “Ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, mientras que por lo menos ocurrieron 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de ocho personas heridas de bala y una asesinada”, según el informe.
Sin embargo, posterior al 28 de julio, dice el documento, la movilización popular en protesta contra el desconocimiento de la voluntad popular “fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”.
“Para neutralizar a corto plazo las protestas las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones”, así como la detención de más de 2000 ciudadanos, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios”, indica la ONG entre los mecanismos “duros”
Después del 31 de agosto, la ONG identifica en el documento otros hechos como mecanismos “blandos”: la aprobación de la ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales
“Nicolás Maduro ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, divulgadas públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada, a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”, según el informe.
Recomendaciones sobre Venezuela
Entre las recomendaciones que el informe de CADAL dirige a la comunidad internacional se encuentran también “incrementar las medidas de reconocimiento” de los responsables de violaciones a los derechos humanos; tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio, según la Declaración de Cartagena
Pide que los Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional (CPI) para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro de la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan.
También destaca que “las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de ‘nombrar y avergonzar’ a los violadores de DDHH de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción”.