Marcelo Duclos,
Sería muy sencillo para un presidente razonable quitar las cosas que están mal y promulgar medidas positivas. Sin embargo, existen restricciones republicanas, esas que tienen razón de ser, no para cuando un gobierno sano ocupa la Presidencia, sino como limitación a los aventureros autoritarios. Por estas cuestiones, el kirchnerismo no pudo hacer más daño del que hizo, pero, por la misma razón, Javier Milei se encuentra limitado en su accionar.
Aunque la lógica indique que lo ideal en este contexto sería cerrar la denominada “Universidad de las Madres de Plaza de Mayo” y vender el terreno para que se instale un parripollo de mayor utilidad pública para la ciudadanía, lo cierto es que no es tan simple. Antes de irse, el kirchnerismo aprobó su reconocimiento como universidad pública, una medida que pone el camino más largo y complicado. Sin embargo, dentro de sus limitaciones, el gobierno está dispuesto a hacer lo necesario dentro de sus posibilidades.
En primera instancia, vale la pena aclarar que la organización de Madres de Plaza de Mayo no es ninguna entidad vinculada a la defensa de los “derechos humanos”. Esto es algo muy evidente, especialmente cuando se manifiestan abiertamente en favor de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Aunque este grupo comunista pueda expresar cualquier cantidad de disparates, también tienen el derecho, o deberían tenerlo, de poseer una universidad propia. Desde la perspectiva de una sociedad abierta, las organizaciones gubernamentales que aprueban o desaprueban entidades educativas no tienen mucho sentido. Sin embargo, desde un punto de vista liberal, estas personas deberían poder tener su propiedad y enseñar, a quienes estén dispuestos a pagar, sus ideas.
El problema es que nadie les apoya voluntariamente y por eso estas “universidades” dependen de los fondos públicos. Entonces, cuando un gobierno desea poner las cuentas en orden, desde la izquierda y el kirchnerismo denuncian “fascismo”, cuando en realidad esta acusación es una mera falacia. Los verdaderos proyectos autoritarios y fascistas históricamente han perseguido la diversidad de pensamiento y acá esto no ocurre, no hay ataque, sino auditorías para optimizar el uso de los fondos de los contribuyentes y que efectivamente se traduzcan en beneficios para la ciudadanía.
Ahora, en el caso de la “Universidad de las Madres de Plaza de Mayo”, claramente, esto es algo que no estaba consiguiéndose, en especial si en siete años se graduaron solo 16 estudiantes, cuando contaba con un presupuesto de 1071 millones de pesos —equivalente a 1,07 millones de dólares— durante 2023, como se informó en el panel del periodista Jonatan Viale.
Entonces, con semejantes costos y tan escuetos resultados, es perentorio preguntarse sobre la necesidad de seguir financiando un saco roto de esta naturaleza. Allí es cuando surge la interrogante de, ¿por qué no se pagan ellos mismos sus instituciones? Quizá es porque, si lo hicieran, probablemente se demostraría que nadie propone reprimir ni censurar alguna idea que se emane de allí, mientras haya demanda para esa oferta de “conocimiento” que se pretende impartir. Aquí nadie quiere interferir con sus opiniones o currículas, lo único que no queremos es pagar por ellas.
“Ante la campaña del miedo que fomentan algunos, no vamos a cerrar ninguna universidad creada por ley. Estamos analizando los contenidos y la calidad educativa de algunas universidades, pero no las vamos a cerrar”, señaló el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco de la campaña comunicacional del kirchnerismo que asegura que Milei arremete “contra la educación pública”.
Esta “universidad”, por así decirlo, es evidente que es otro antro político. Cabe recordar que su fundadora, Hebe de Bonafini, murió con total impunidad por los desmanejos que hizo con el dinero que el Estado le otorgaba, entre otras cosas, en la construcción de viviendas sociales. ¿Qué tenía que hacer una supuesta referente de los “derechos humanos” construyendo viviendas? Absolutamente nada. Así terminó el proyecto. En un desfalco total que nunca fue juzgado.
Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno ante la imposibilidad de lo deseable, que sería cerrar por completo este “kiosko” político? Auditarlo hasta el último centavo y someterlo a las reglas de cualquier otra institución que recibe fondos del Estado. El kirchnerismo creaba organizaciones públicas para sus amigos y socios ideológicos y hacía que los contribuyentes paguen por sus fondeos. Si pensaban que iban a seguir usufructuando estos lugares, estos fondos y hasta las instalaciones, se equivocaron. Las fuerzas de seguridad en la puerta del edificio están para recordarles que en Argentina se terminó la joda.