CARACAS.- Cientos de militares han sido detenidos, perseguidos y torturados en las cárceles de Venezuela por disentir de la cúpula chavista o conspirar en operaciones opositoras contra Nicolás Maduro y, en los últimos años, los procesan en tribunales con competencia en terrorismo en lugar de hacerlo en tribunales militares, como lo establece la ley.
Desde que llegó Maduro al poder, en 2013, el régimen venezolano ha denunciado distintos planes de golpe de Estado y magnicidio hacia el líder oficialista, en los que implica a numerosos militares y opositores, que han sido arrestados por supuestos planes conspirativos orquestados en los últimos años.
La dictadura venezolana recurre a esta modalidad de asedio y persecución para justificar las detenciones arbitrarias y las torturas a quienes considera que han cometido una “rebelión militar”, entre las que ha anunciado presuntas operaciones como Brazalete Blanco, Gedeón, Jericó, Armagedón y Golpe Azul.
Entre los militares arrestados más emblemáticos del chavismo se encuentra el exministro de Defensa y una de las figuras de mayor confianza del fallecido gobernante Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, quien fue detenido entre 2009 y 2015, para luego nuevamente ser encarcelado en 2017, al tratar de desvincularse del régimen, y, finalmente, falleció en prisión en 2021 a causa de un paro cardiorrespiratorio atribuido al COVID-19.
Según las cifras ofrecidas en entrevista exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS por el abogado venezolano Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en Venezuela se encuentran detenidos, actualmente, 160 militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) venezolanas por distintas razones vinculadas a causas políticas.
Roa explicó que algunos de los casos documentados por la organización se encuentran en “etapa de ejecución, otros en etapa de juicio y otros en fase preliminar”. A los que se le atribuyen hechos, en su mayoría, “de haber emitido opinión de manera privada o pública sobre las situaciones políticas del país o participar en algún tipo de reunión en las que se planteen situaciones de carácter político distantes a las posiciones chavistas”.
A su vez, detalló que, muchos de ellos, a diferencia de años anteriores, no están siendo procesados por tribunales militares que es su jurisdicción natural, sino por tribunales penales con competencia de delito de terrorismo.
Medina Roa añadió, además, que por muchos años los militares eran procesados por delitos de instigación a la rebelión, contra el decoro militar y rebelión civil establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Sin embargo, en los últimos años son imputados por delitos como traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración.
Todos estos delitos de los que se acusan principalmente a militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), seguida del Ejército y la Aviación, “tienen una gran particularidad: son delitos más complejos y con las mayores penas previstas en la legislación venezolana”, enfatizó.
El jurista indicó que la mayoría de los arrestos fueron efectuados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Las víctimas, según el abogado especialista en derechos humanos, incluyen militares de diferentes rangos y jerarquías como generales, coroneles, sargentos, tenientes y oficiales de todos los grados. “En esta situación, las autoridades no se han limitado única y exclusivamente en contra de coroneles y tenientes sino también han vinculado a casos políticos a oficiales de las tropas militares”, apuntó.
28 de julio
Por otra parte, Medina Roa resaltó que, aunque después de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a servicio del régimen, declaró la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación, la organización ha documentado un registro mínimo de detenciones militares. Igualmente, es alarmante la cifra de al menos tres o cuatro militares detenidos.
El teniente primero Efraín José Molina Herrera es uno de ellos. Desertó el 30 de julio en el estado Zulia, tras evidenciar el fraude electoral del chavismo, y fue detenido por cuerpos de seguridad del estado, mientras se resguardaba en la Basílica de la Chinita, en Maracaibo.
La ONG Foro penal, que asiste a víctimas de violaciones de los derechos humanos, ha contabilizado hasta la fecha 1781 personas detenidas por motivos políticos, tras las protestas que se desataron en la nación suramericana para exigir la voluntad popular expresada el 28 de julio que, según más del 80% de las actas escrutadas y publicadas la oposición venezolana, eligió como presidente electo de Venezuela al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.
Patrón de tortura
Alonso Medina Roa indicó que un elemento común y preocupante, en cuanto a la situación de estos militares recluidos en los distintos organismos de inteligencia o de seguridad del Estado, son las violaciones de derechos humanos que constituyen las denuncias de torturas “más salvajes que hemos recibido y nos han relatado en los últimos años, de acuerdo al testimonio de los acusados».
Entre los abusos a los que son sometido los militares detenidos por funcionarios de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad venezolanas se incluyen golpes, intentos de asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, colgamientos, privación de comida y acceso al baño o amenazas de muerte, según las denuncias realizadas por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y la ONG Foro Penal.
Sin garantías procesales
Medina Roa expuso que la Coalición, que representa a varios de los efectivos militares arrestados, también ha denunciado las graves irregularidades que sufren los oficiales, entre las que destacó “la falta de garantías procesales hacia los militares detenidos, el desconocimiento de sus derechos y la violación permanente al debido proceso”.
Muchos de ellos, durante su detención en prisiones o en sedes de la DGCIM y el SEBIN, que funcionan como centros de tortura, se mantienen totalmente incomunicados y aislados sin acceso a sus familiares o abogados privados y a una atención médica de calidad.
El jurista denunció también el agravamiento de las condiciones “deplorables” de reclusión en las que se encuentran los militares detenidos, sin ver la luz del sol, en medio de la insalubridad y tratos crueles e inhumanos.
Expresó que esto se debe a que «hay militares que se encuentran en distintas cárceles comunes del país como el Rodeo I y el Rodeo III, ubicados en el estado Miranda», nuevos centros de tortura en Venezuela.