CARACAS.- El dictador Nicolás Maduro, a pesar de que está en el foco internacional luego de que la oposición denunciara fraude en las elecciones presidenciales del finales de julio, arreció su discurso contra sus adversarios políticos y pidió leyes «severas» contra «el fascismo», término con el que suele desestimar a los opositores.
«Venezuela tiene que hacer leyes antifascistas severas, duras, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser», lanzó Maduro cuya legitimidad está desvirtuada por las denuncias de fraude de la oposición y la no presentación de las actas de escrutinio que demuestren que ganó las presidenciales tal como lo anunció la autoridad electoral, un organismos cuya indepedencia del poder central también es cuestionada.
«Nosotros estamos haciendo leyes para curarnos en salud», dijo Maduro, cuyo régimen respondió con una cruenta represión a las protestas ciudadanas que reclamaban el respeto de la voluntad popular y rechazan su insistencia en permanecer en el poder a la fuerza. La represión del régimen dejó 27 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos, según datos de ONG.
Maduro acusa a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad, y a su rival en las elecciones del 28 de julio, el presidente electo Edmundo González Urrutia, exiliado en España, de alentar las manifestaciones postelectorales.
El pasado 15 de agosto el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro», la primera de un paquete solicitado por el propio Maduro tras la crisis generada por su reelección.
La oposición reivindica la victoria de González Urrutia, quien arribó el domingo 8 de septiembre a Madrid en calidad de asilado político. Tras la crisis que desató por los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las presidenciales según los cuales Maduro ganó con 51% y de que la oposición cantara fraude y publicara las actas de escrutinio que muestran que el ganador fue González Urrutia con un 70%, el régimen se atrincheró y ordenó reprimir las manifestaciones ciudadanas y detener a líderes opositores.
También, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo cuyos jueces reponden a los intereses de Maduro, que dirimiera la pugna por los resultados. El TSJ finalmente dijo que había sido Maduro el ganador, tras lo cual la Fiscalía pidió a un tribunal con competencia en terrorismo que ordenara la detención de González Urrutia, a quien acusa de haber falsificado y forjado las actas electorales.
El domingo pasado, González Urrutia informó que había salido de Venezuela para exiliarse en España, desde donde prometió que continuará con la lucha por reinvindicar la voluntad popular de los venezolanos.
Respecto a las leyes, está pendiente por aprobarse la «Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares», que incluye la ilegalización de partidos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que «inciten al fascismo». Su discusión ha sido pospuesta en varias oportunidades.
El paquete de leyes también plantea la regulación de las redes sociales consideradas por el régimen una vía para alentar insurrecciones. Desde el 8 de agosto la plataforma X fue restringida en Venezuela.