Bernardo Henao Jaramillo,
Durante su campaña a la presidencia Gustavo Petro manifestó que no habría reforma tributaria en su gobierno. No obstante, en el año 2022 presentó una gravosa reforma que fue aprobada. Y ahora ha tenido el descaro de presentar una nueva bautizada como Ley de financiamiento. Los principales indicadores nos muestran que durante su gobierno no se ha ejecutado el presupuesto. Es por esto que la nueva reforma no tiene justificación alguna.
Es claro que los contribuyentes de siempre ya no tienen capacidad de pago y que el Estado los está llevando a la ruina. Por otra parte, sabemos que entre más altas sean las tarifas mayor disposición a la evasión habrá.
Tanto las empresas como las personas naturales, al enfrentarse a impuestos más altos, especialmente ganancias ocasionales, patrimonio y retención en la fuente, se desmotivarán por completo. La primera decisión que tomen será no hacer inversiones y sacar el dinero del país en busca de horizontes fiscales más favorables.
Y los efectos que esto ocasione serán inmediatos. El primero, desempleo. Después vendrá la disminución del consumo y con ella la desaceleración económica. Se incrementarán las solicitudes de reestructuración por la ley 1116 de 2006. Y también se presentarán quiebras.
Resulta inconcebible la eliminación del régimen simple. Esto afectaría a pequeñas y medianas empresas que no podrían ya reducir las cargas administrativas y fiscales. De ahí a la informalidad solo hay un paso y se presentarán cierres de este tipo de empresas.
El aumento en las tarifas de impuestos sobre patrimonio y ganancias ocasionales llevaría a estos a rayar lo confiscatorio. Muchos optarían entonces por trasladar sus activos a países con sistemas fiscales más amigables. Se perdería competitividad en los mercados. Los inversores desplazarían sus operaciones y el crecimiento económico, el empleo y las oportunidades comerciales se afectarían.
Se podría presentar una recesión. Y se generaría un efecto dominó (chu chu chu en el lenguaje de Petro) en las inversiones, el consumo, la competitividad. Así llegaríamos al estancamiento y aún a una contracción económica.
Podemos hacer una comparación entre los contribuyentes y el ganado: las vacas del establo son ordeñadas a diario mientras que las del potrero viven felices haciendo de las suyas. Así ocurre con los evasores (vacas del potrero) y los contribuyentes de siempre (vacas del establo).
La curva de Laffer sugiere que hay un punto óptimo de tributación donde las tasas impositivas permiten maximizar la recaudación fiscal. Si las tasas son muy altas, pueden desincentivar el trabajo o la inversión, lo que reduce el recaudo. Sin embargo, si las tasas son muy bajas, el gobierno también pierde ingresos. Por lo tanto, según esta teoría, reducir las tarifas de impuestos podría aumentar la base impositiva, es decir, más personas pagan impuestos generando más ingresos, lo que podría incrementar la recaudación.
La reforma tributaria que espera Colombia es la que persiga la evasión. Los contribuyentes de siempre no dan más. Y el gobierno tiene también la tarea de combatir la galopante corrupción que desmotiva el pago de impuestos a causa del continuo despilfarro de los ingresos tributarios.
En fin, confiemos en que el Congreso hunda esta reforma como ya ocurrió esta semana con el presupuesto.